Durante los últimos cuatro años, la relación entre el gobierno y el Ministerio Público ha estado marcada por una confrontación constante. Marchas contra el fiscal general Carlo Díaz, acusaciones de que las instituciones fueron “capturadas”, proyectos de ley para modificar el mecanismo de nombramiento del jerarca de la Fiscalía y declaraciones sobre la intención de “tomar control” del Poder Judicial han colocado a la Fiscalía General en el centro del debate político nacional.
Ese escenario coincide con la actualización del perfil profesional que deberá cumplir la persona que ocupe la Fiscalía General, un trámite interno de la Corte Suprema de Justicia que anticipa el futuro nombramiento del jerarca del Ministerio Público, aunque no forma parte del proceso de elección ni implica la apertura del concurso.
El nombramiento del próximo fiscal general deberá resolverse antes del 31 de octubre, cuando vence el periodo de Carlo Díaz.
¿Quién elige al fiscal?
Aunque a diferencia de otros altos cargos del Estado, el fiscal general no es designado por el presidente de la República ni por la Asamblea Legislativa, el contexto político inevitablemente rodea el proceso.
La Constitución Política y la Ley Orgánica del Ministerio Público asignan la competencia del nombramiento a la Corte Suprema de Justicia.
El actual fiscal concluye su período el 31 de octubre. Corresponderá al jerarca decidir si presenta su postulación para optar por la reelección. En caso de que no sea reelegido o no opte por someterse a la reelección, se nombrará una persona interina mientras se realiza un concurso para la designación del titular del cargo.
En ese eventual concurso, se analizarían los atestados de las personas aspirantes y, finalmente, se elige al jerarca mediante votación de la Corte Plena. La Comisión de Nombramientos analizaría las postulaciones, realizaría entrevistas y elevaría una recomendación a la Corte Plena, órgano que tomaría la decisión definitiva con el voto favorable de al menos 12 de sus 22 magistrados propietarios.
El pasado 22 de junio, la Corte conoció el perfil profesional que deberá cumplir el próximo fiscal.
Este modelo costarricense difiere del utilizado en otros sistemas democráticos. Por ejemplo, en Estados Unidos el fiscal general forma parte del gabinete presidencial. Es nombrado directamente por el presidente y requiere la confirmación del Senado.
En Chile, el procedimiento comienza con una nómina elaborada por la Corte Suprema, de la cual el presidente de la República selecciona un candidato que posteriormente debe ser ratificado por el Congreso.
En España, el fiscal general del Estado es nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, luego de escuchar el criterio del Consejo General del Poder Judicial.
Para el abogado constitucionalista Luis Felipe Rodríguez, nuestra arquitectura institucional constituye una de las principales garantías del modelo costarricense.
No obstante, reconoció que, como ocurre en cualquier proceso de nombramiento de alto nivel, existen influencias provenientes de distintos sectores.
“Siempre existirán intentos de influencia política en cualquier proceso de nombramiento importante. Otra cosa distinta es afirmar que exista un mecanismo jurídico que permita al Poder Ejecutivo controlar esa elección, porque ese mecanismo no existe”, indicó.
En otras palabras, el diseño institucional costarricense impide que el Poder Ejecutivo participe directamente en la designación del fiscal general. Sin embargo, esa barrera jurídica no elimina la dimensión política del proceso.
Por el contrario, la confrontación entre ambos poderes ha colocado este nombramiento bajo un nivel de escrutinio público poco habitual para una elección que tradicionalmente ocurría casi exclusivamente dentro del Poder Judicial.
El puesto que investiga al poder
En Costa Rica, el fiscal general es el jerarca del Ministerio Público y dirige la política de persecución penal del país.
Desde esa oficina se impulsan investigaciones relacionadas con corrupción, crimen organizado, financiamiento político, delitos económicos y procesos penales seguidos contra miembros de los supremos poderes y otros altos funcionarios.
Es precisamente esa capacidad de investigar a las principales figuras del Estado la que explica por qué la elección del fiscal general suele trascender el ámbito estrictamente jurídico y convertirse también en un asunto de interés político.
Durante la gestión del actual fiscal general, Carlo Díaz, el Ministerio Público ha tramitado investigaciones de alto impacto que involucran a figuras de los más altos niveles del Estado.
Entre ellas destacan la causa por el presunto financiamiento paralelo de la campaña presidencial del 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), agrupación que llevó al entonces candidato Rodrigo Chaves a la presidencia. Posteriormente, se intensificó la confrontación pública entre el gobierno y el Poder Judicial.
La tensión aumentó en enero del 2025, cuando aparecieron vallas publicitarias que pedían la renuncia de los jerarcas de la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, y la Fiscalía General.
Dos meses después, en marzo del 2025, Rodrigo Chaves encabezó una marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, acompañado por ministros de su gobierno. Durante esa manifestación afirmó que las instituciones habían sido “capturadas”.
“Esas instituciones están heridas de gravedad, las han capturado las ratas. Gente como Carlo Díaz y sus cómplices, sus proxenetas del Poder Judicial”, dijo en aquella ocasión.
La Fiscalía también presentó la acusación en el caso BCIE-Cariñitos contra Chaves y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, por el presunto delito de concusión. En setiembre del 2025, el expediente llegó a la Asamblea Legislativa para solicitar el levantamiento de la inmunidad del mandatario; sin embargo, no alcanzó los 38 votos necesarios.
Asimismo, el Ministerio Público investiga por presunto prevaricato la destitución en mayo del 2025 de la Junta Directiva del Banco Nacional, causa que involucra al ahora ministro Chaves, al primer vicepresidente, Francisco Gamboa; a la presidenta legislativa y diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Yara Jiménez; y al diputado oficialista, Stephan Brunner.
Para la politóloga Kattia Benavides, las investigaciones han hecho que la relación sea tensa y que la figura del fiscal general deje de percibirse únicamente como un cargo técnico y adquiera también una dimensión política.
Chaves anunció que ‘tomará el control’
En abril de este año, Chaves aseguró que buscaría “tomar control” del Poder Judicial, luego de afirmar que el oficialismo ya había logrado ese objetivo en el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
La confrontación continuó con la llegada de Laura Fernández a la Presidencia.
En mayo, la mandataria calificó al fiscal general como una “vergüenza nacional”, luego de que este afirmara que ella mostró una actitud distinta durante una reunión con jerarcas judiciales respecto a la que mantuvo en la conferencia de prensa posterior.
Además, el debate sobre quién debe elegir al fiscal general ya no se limita al ámbito jurídico, sino que también forma parte de la agenda política del oficialismo.
Recientemente, la exmagistrada y diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley para trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar al jerarca del Ministerio Público, competencia que actualmente corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa propone además que el Congreso pueda evaluar anualmente la gestión del jerarca del Ministerio Público mediante informes públicos y, bajo determinadas causales, iniciar un procedimiento para su eventual remoción.
La propuesta recibió el respaldo del ministro Chaves, quien cuestionó el mecanismo vigente de elección del fiscal general e indicó que es un tema político.
“En ningún país existe un Poder Judicial tan amorfo y tan salido de proporción como el de Costa Rica. En Estados Unidos el fiscal lo nombra el presidente”, indicó.
“Yo no estoy diciendo que el presidente de Costa Rica deba nombrarlo, pero ciertamente el jueguito que se tienen en la Corte Plena, que le dan al peor fiscal de la historia un 99 y un 100, es un monumento al cinismo de una burocracia enquistada”, agregó el pasado miércoles, luego de la Conferencia de Prensa en Casa Presidencial.
No obstante, al tratarse de una reforma que modifica la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, el proyecto deberá ser consultado a la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados se oponen a la iniciativa y la Asamblea Legislativa decide mantener el texto, solo podrá aprobarse en segundo debate con el voto favorable de al menos 38 diputados.
Elección en ‘segundo grado’
La politóloga explicó que aunque el Gobierno y el Congreso no participan directamente en el nombramiento del fiscal general, eso no significa que el proceso permanezca completamente aislado de sus influencias.
“Siempre surge la discusión sobre si la persona que dirija la Fiscalía es suficientemente autónoma frente a los otros centros de poder, no solo políticos, sino también económicos e institucionales”, señaló.
Para Benavides, la influencia no necesariamente se manifiesta mediante una intervención formal del Poder Ejecutivo, sino a través de distintos factores que terminan rodeando la elección, como la integración de la Corte Suprema de Justicia, el debate público y el interés que despierta la persona que asumirá el Ministerio Público.
La elección del próximo fiscal general coincidirá con la decisión que deberá tomar la Asamblea Legislativa sobre dos puestos de magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de Julio Varela Araya, de la Sala Segunda, cuyo periodo vence el 16 de setiembre, y Sandra Zúñiga, de la Sala Tercera, quien se acogió a su jubilación el pasado 1.° de junio.
Según el artículo 158 de la Constitución Política, los magistrados se consideran reelegidos automáticamente por periodos de ocho años, salvo que al menos 38 diputados voten en contra de su continuidad. Solo en ese caso la Asamblea debe elegir un sustituto.
En ese contexto, pese a que los diputados no participan en la designación del fiscal general, sí tienen incidencia en la integración del órgano que posteriormente realizará esa elección.
Para Benavides, se trata de una especie de “elección de segundo grado”.
“La elección de los y las magistradas por parte de la Asamblea Legislativa sí tiene un impacto directo o indirecto en el proceso del nombramiento del fiscal general y no podemos obviarlo”, explicó.
La politóloga aclaró que ello no significa que exista un control político automático sobre la Corte Suprema de Justicia, sino que cada nombramiento modifica gradualmente la composición del órgano que, meses después, deberá decidir quién encabezará el Ministerio Público.
“Cuando el Congreso elige nuevos magistrados y magistradas está influyendo en la futura correlación de fuerzas dentro de la Corte Suprema de Justicia, no necesariamente porque respondan a partidos políticos, sino porque cada uno llega con una visión jurídica, una trayectoria profesional y una concepción particular sobre temas como la independencia judicial, la política criminal y la lucha contra la corrupción”, indicó.
Así, aunque el Gobierno carece de herramientas jurídicas para decidir quién será el próximo fiscal general, la confrontación con el Poder Judicial ha incrementado el escrutinio sobre la Corte Suprema de Justicia, ha politizado el debate en torno al cargo y ha convertido el proceso en una de las decisiones institucionales más observadas del país.