Defender al Ministerio Público y al Poder Judicial es una tarea compleja. No existen modelos de justicia que permitan hacer comparaciones sobre su desempeño. Cada sistema judicial responde a realidades históricas, sociales y normativas distintas; incluso, dentro de un mismo país, no existen dos tribunales o dos casos idénticos.
La administración de justicia no puede evaluarse con la lógica de una línea de producción, porque detrás de cada expediente hay seres humanos, derechos fundamentales y conflictos cuya resolución exige un estudio particular, respeto a los derechos de las personas y del debido proceso.
Con frecuencia, se critica la duración de los procesos judiciales sin considerar que estos dependen de múltiples factores. La complejidad de los asuntos, la cantidad de personas involucradas, la necesidad de realizar pericias especializadas y, en muchos casos, las propias solicitudes y recursos planteados por las partes, influyen directamente en los tiempos de resolución.
A ello se suma una particularidad que rara vez se menciona: la legislación impide a los funcionarios judiciales exponer con detalle los pormenores de las causas de su conocimiento, lo que limita la posibilidad de explicar a la ciudadanía las razones de fondo de sus decisiones.
También resulta necesario recordar que quienes integramos el Poder Judicial no respondemos a una casta política ni a intereses partidarios. Nuestra legitimidad proviene de la Constitución, de la ley y del compromiso de actuar con independencia frente a cualquier forma de presión. Precisamente, por ello, la independencia judicial constituye uno de los pilares esenciales del Estado de derecho y de la democracia.
Por supuesto, sabemos que debemos mejorar. Existen desafíos que debemos enfrentar con autocrítica y responsabilidad. Sin embargo, toda discusión seria debe partir de los hechos reales y no de datos manipulados que buscan desprestigiar. Las estadísticas demuestran que la cantidad de casos que ingresan al sistema judicial ha aumentado significativamente durante los últimos años, mientras que el crecimiento del personal y de los recursos ha sido insuficiente. Se exige más a instituciones que reciben, proporcionalmente, menos presupuesto.
A pesar de ello, la mayoría de los funcionarios judiciales continúa desempeñando su labor con profesionalismo y compromiso. Desconocer el trabajo realizado diariamente por el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público puede tener su origen en la mezquindad, pero también en algo más preocupante: la construcción sistemática de esa narrativa destinada a desacreditar a las instituciones, al punto de minimizar el reconocimiento internacional a la labor del Poder Judicial por parte de organismos especializados.
Cuando se instala la idea de que todo está mal, quienes promueven realizar “cambios profundos” podrían esconder una intención estratégica: minar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial.
La crítica es legítima y necesaria en democracia. Lo que debe preocuparnos es cuando esta deja de buscar la mejora y se transforma en una estrategia para debilitar los frenos y contrapesos, deslegitimando la persecución penal contra la corrupción bajo el falaz argumento de una “persecución política” o incluso de un “golpe de Estado judicial”.
Hemos visto cómo la atención se concentra en cuestionar al Poder Judicial mientras se ocultan los problemas de fondo que subyacen tras la inseguridad y la violencia: la desigualdad social, la exclusión, la falta de oportunidades y la ausencia de políticas públicas sostenibles. Ningún sistema de justicia, por eficiente que sea, podrá resolver por sí solo esos problemas cuya génesis es social y económica. Y, mucho menos, sin recursos adecuados.
Como fiscal general, me preocupa que la inacción frente a estos desafíos genere un escenario de caos que después pueda ser difícil de controlar; también que, bajo discursos que prometen eficiencia y transformación, se promuevan modelos cercanos al autoritarismo, donde la concentración del poder debilita los controles democráticos y se oculta la corrupción.
La historia demuestra que cuando se concentra el poder político y se limita la libertad de prensa, suele presentarse una imagen idealizada de la realidad, mientras se invisibilizan la desigualdad, los abusos y las voces críticas. Es ahí donde también aparece la impunidad para algunos y la persecución para otros. Por eso debemos ser especialmente cautelosos cuando se plantea la necesidad de “reformar” las instituciones encargadas de investigar delitos.
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, fiscales o policías judiciales. Es una garantía para todos los ciudadanos. Es la certeza de que ninguna persona estará por encima de la ley y de que los derechos fundamentales podrán ser defendidos frente a cualquier abuso.
Por ello, nuestra responsabilidad como funcionarios judiciales es continuar trabajando con excelencia, aun en medio del aumento de las cargas laborales y la disminución de recursos.
Debemos hacerlo siempre dentro del marco del Estado de derecho, con respeto absoluto a la democracia y abiertos a una discusión constructiva, no confrontativa. Porque mal haríamos en responder de la misma manera desde nuestro lado, haciendo señalamientos de desaciertos o “pifias” de otros poderes o instituciones, cuando el país demanda trabajo, resultados y soluciones concretas.
Desde el Ministerio Público, estamos comprometidos en defender la vigencia de la Constitución, del Estado de derecho y de los valores democráticos que han distinguido históricamente a Costa Rica. Solo así podremos proteger a nuestro país del populismo y las tentaciones autoritarias que han erosionado las instituciones y pretenden secuestrar el poder y ocultar la corrupción.
Garantizamos que no vamos a entregar nuestra independencia y que seguiremos persiguiendo la delincuencia común, la criminalidad organizada y la corrupción. Es una consigna que mantendremos, no por quienes hoy ocupamos estos cargos, sino por las generaciones futuras y por la Costa Rica democrática que ha sido ejemplo para el mundo y que estamos llamados a preservar.
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Carlo Israel Díaz Sánchez es fiscal general de la República.
