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La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley para trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar al fiscal general, una atribución que actualmente ejerce la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa también permitiría a los diputados remover al jerarca del Ministerio Público y evaluar anualmente su gestión mediante un informe que debería presentar ante el Plenario Legislativo.
El expediente 25.634, Ley de Fortalecimiento de la Transparencia y el Control Democrático del Ministerio Público, propone una reforma integral a la Ley Orgánica del Ministerio Público. Según su exposición de motivos, el objetivo es fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad democrática de la Fiscalía.
La propuesta reforma los artículos 23, 24, 25 y 48, relacionados con el nombramiento del fiscal general, las causales de destitución, la rendición de cuentas y el régimen de incompatibilidades.
Además, incorpora nuevos artículos para regular el procedimiento de remoción, el contenido del informe anual de labores, la evaluación legislativa y un período de dos años de restricción para ocupar cargos políticos tras dejar la Fiscalía General.
No obstante, estos cambios no son sencillos de ejecutar, pues deben superar un requisito constitucional. El artículo 167 de la Carta Magna establece que todo proyecto que afecte la organización o el funcionamiento del Poder Judicial debe ser consultado a la Corte Suprema de Justicia.
Si los magistrados rechazan la iniciativa y la Asamblea Legislativa decide apartarse de ese criterio, el proyecto solo podrá aprobarse en segundo debate con el voto favorable de 38 diputados, equivalente a las dos terceras partes del Congreso.
Inicia el proceso de nombramiento del fiscal general
La iniciativa llega mientras la Corte Suprema de Justicia inició el proceso para elegir al próximo fiscal general. El pasado 22 de junio, la Dirección de Gestión Humana de la Corte presentó una propuesta del perfil del puesto, cuyo resultado deberá definirse antes del 31 de octubre, fecha en que concluye el período de Carlo Díaz.
Además, el proyecto se presenta en un contexto marcado por cuatro años de cuestionamientos del Gobierno hacia el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Tanto la presidenta, Laura Fernández, como el expresidente y hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, han criticado en reiteradas ocasiones la actuación de la Fiscalía General y del Poder Judicial.
Los señalamientos han ocurrido especialmente por investigaciones penales relacionadas con miembros del Gobierno y por decisiones judiciales que han considerado contrarias a su gestión.
De hecho, en marzo de 2025, Chaves encabezó una marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, acompañado por ministros de su gobierno. Durante esa manifestación afirmó que las instituciones habían sido “capturadas”.
Más recientemente, en abril de este año, Chaves aseguró que buscaría “tomar control” del Poder Judicial, luego de afirmar que el oficialismo ya había logrado ese objetivo en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El comentario fue realizado en medio de las disputas legislativas por la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Pese a ello, la exposición de motivos del proyecto de ley sostiene que la reforma “no pretende politizar la justicia”, sino trasladar el nombramiento del fiscal general al órgano de representación popular y establecer mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
“Costa Rica necesita una Fiscalía que, además de ser independiente, sea transparente, rinda cuentas y responda al interés público. Con esta iniciativa buscamos fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público mediante una elección abierta, reglas claras y mecanismos efectivos de supervisión, para que una institución con tanto poder actúe siempre al servicio del pueblo de Costa Rica y no de intereses particulares”, afirmó Esquivel.
