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En toda democracia, el Ministerio Público constituye uno de los pilares esenciales para la defensa del Estado de derecho. En el ejercicio de su mandato de investigar y perseguir el delito, debe actuar con absoluta independencia y objetividad, sin ceder ante presiones del poder o influencia política.
Por ello, cualquier intento de trasladar la designación de fiscal general a un órgano de naturaleza política debe ser firmemente rechazado, pues su legitimidad descansa en la garantía de que quienes investigan lo hagan libres de subordinaciones políticas.
La reciente manifestación de una diputada electa de que promovería un proyecto de ley para trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar al fiscal general plantea serias preocupaciones que no pueden ser ignoradas.
Esta posición no obedece a circunstancias personales ni coyunturales, sino a la necesidad de resguardar, con visión de futuro, la independencia del Ministerio Público frente a eventuales designaciones. No se trata de un simple cambio en el órgano que lo nombra; es una transformación que, de concretarse, comprometería la objetividad e idoneidad que deben regir la elección de quien dirige la persecución penal.
La Asamblea Legislativa es un órgano político; sus decisiones responden a dinámicas de representación e intereses partidarios. Pretender que en ese contexto se realice el nombramiento de quien debe investigar penalmente, incluso a actores políticos, puede generar serios cuestionamientos. El riesgo es evidente: que el fiscal general termine condicionado por intereses políticos de quienes lo designaron.
Un fiscal no puede estar al servicio de una casta política, no puede prestarse para eventuales persecuciones selectivas y mucho menos cerrar los ojos ante conductas delictivas de quienes lo eligieron o de ciertos grupos o personas afines a ellos. Por el contrario, debe ser valiente, independiente y objetivo para perseguir penalmente al delincuente, al corrupto y al narcotraficante, sin importar su posición o poder. Su compromiso es con la legalidad, no con intereses particulares.
Por eso el fiscal no puede ser amigo del presidente, de los diputados ni de los magistrados. Con ellos debe coordinar en lo relativo a sus funciones y competencias, pero también tiene que investigarlos con firmeza cuando así corresponda. Esta no es una frase retórica, sino un principio fundamental de la función fiscal. La cercanía política o personal no puede interferir con el deber de investigar cuando la ley así lo exige. La independencia no es una opción: es la condición indispensable para que la persecución penal sea objetiva e imparcial.
Un modelo de designación politizado no fortalece la transparencia, como se pretende hacer ver. Por el contrario, la debilita por tratarse de un nombramiento político. Lejos de generar confianza, abre la puerta a cuestionamientos sobre la imparcialidad e independencia del fiscal general y sobre la legitimidad de sus actuaciones. Estas podrían ser interpretadas bajo el prisma de compromisos políticos, lo que erosiona su credibilidad.
Si realmente se desea fortalecer al Ministerio Público, el camino no es su debilitamiento, sino su consolidación. En lugar de someter su designación a dinámicas políticas, se debería avanzar hacia el reconocimiento de su independencia mediante un rango constitucional. Solo así se garantizará que la fiscalía pueda cumplir su rol sin presiones indebidas.
Cuando se politiza la persecución penal, se corre el riesgo de iniciar causas penales con fines políticos o de garantizar impunidad a quienes detentan el poder. Ninguna de esas opciones es aceptable en una democracia que aspire a la justicia.
La independencia del fiscal general es una garantía de que la ley se aplicará con igualdad, sin favoritismos ni persecuciones arbitrarias. Debilitar esa independencia es debilitar la justicia misma.
Por ello, este tipo de iniciativas deben ser rechazadas con responsabilidad y visión de Estado. La justicia penal no puede, ni debe, quedar sujeta a intereses políticos coyunturales. Su fortaleza radica, precisamente, en su independencia y en la confianza que genera en la ciudadanía.
La independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, hoy más que nunca, debe ser defendida sin concesiones: es una condición indispensable para preservar nuestro Estado de derecho y la democracia.
Carlo Israel Díaz Sánchez es fiscal general de la República.
