La Fiscalía General de la República investiga al vicepresidente Francisco Gamboa, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y al diputado del Partido Pueblo Soberano, Stephan Brunner, por el aparente delito de prevaricato relacionado con la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), ocurrida el 28 de mayo de 2025.
En la causa también figura como investigado el expresidente de la República, Rodrigo Chaves. Sin embargo, la pesquisa contra el ahora ministro de la Presidencia y de Hacienda ya había trascendido desde octubre de 2025.
“La Fiscalía General confirmó que tramita la causa 25-000067-0033-PE, en la cual se investiga a cuatro personas de apellido Chaves, Brunner, Gamboa y Jiménez, quienes fueron denunciadas por el aparente delito de prevaricato”, indicó el Ministerio Público a La Nación el pasado 14 de mayo.
El delito de prevaricato, según el Código Penal, ocurre cuando un funcionario público dicta una resolución contraria a la ley o la fundamenta en hechos falsos.
En tanto, el abuso de autoridad se materializa cuando un funcionario, extralimitándose en sus potestades, ordena o comete cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien. Este delito es castigado con una pena de tres meses a dos años de cárcel, de acuerdo con el artículo 338.
El despacho explicó que la pesquisa se relaciona con la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional. No obstante, aclaró que el expediente inició a partir de una denuncia anónima y no por una gestión impulsada por la Gerencia del Departamento de Comisiones Legislativas.
Informe legislativo recomienda investigar a tres funcionarios
La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa anterior remitió al Ministerio Público el informe de investigación sobre el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional realizada por el Consejo de Gobierno en 2025, debido a supuestas anomalías en la toma de control del órgano colegiado.
El pasado 30 de abril, la Gerencia del Departamento de Comisiones Legislativas envió al fiscal general, Carlo Díaz, una copia del informe junto con el expediente completo elaborado por esa comisión legislativa.
El documento recomienda al Ministerio Público investigar a Stephan Brunner, exvicepresidente de Costa Rica y ahora diputado del Partido Pueblo Soberano, por los aparentes delitos de abuso y usurpación de autoridad y prevaricato, por ordenar la separación de los miembros de la Junta Directiva del banco estatal el 28 de mayo de 2025.
“Lo actuado por el señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, en su condición de vicepresidente de la República y órgano decisor del procedimiento administrativo disciplinario 001-2025-OD fue absolutamente nulo y contrario a derecho y así fue declarado por la Sala Constitucional mediante el Voto 2025-033364 del 10 de octubre del 2025”, indica el expediente 25.052.
Además, el informe recomienda investigar a Francisco Gamboa, ahora vicepresidente de la República, y a Yara Jiménez, actual presidenta de la Asamblea Legislativa, por el aparente delito de tráfico de influencias en el nombramiento de la directiva del BN.
“A través del señor Francisco Gamboa, la señora Yara Jiménez recomendó al Consejo de Gobierno el nombramiento de miembros para la Junta Directiva del Banco Nacional; la mayoría sin cumplir requisitos de idoneidad para el cargo”, añade el documento.
Más recomendaciones de investigación
El informe legislativo también recomienda investigar a Maximiliano Alvarado Ramírez, quien presidió la Junta Directiva del BN nombrada por el Consejo de Gobierno, por los aparentes delitos de perjurio y falso testimonio.
“Maximiliano Alvarado Ramírez (...) mintió bajo fe de juramento ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, al asegurar que nunca había sido cuestionado por su gestión como gerente en el Banco Crédito Agrícola de Cartago y que no existía la intención de despedir a la Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica, la señora Rosaysella Ulloa Villalobos”, agrega el documento.
Asimismo, el informe recomienda al Ministerio Público investigar al Consejo de Gobierno por el nombramiento de miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional “sin requisitos de idoneidad”.
“Autonombrarse” como directivos de las subsidiarias
El informe legislativo también expone que los directores designados por el Consejo, aparentemente, incurrieron en los delitos de prevaricato y nombramientos ilegales al “autonombrarse” como directivos de las subsidiarias del banco sin contar con los requisitos de idoneidad correspondientes.
En sus conclusiones, el documento señala que, mediante un criterio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), se comprobó que “todos y cada uno” de los miembros nombrados por el Consejo de Gobierno el 28 de mayo de 2025 para integrar la Junta Directiva del Banco Nacional no reunían los requisitos de idoneidad.
Según el informe, Noylin Cruz Suárez, María del Milagro Solórzano León —actual ministra de Economía, Industria y Comercio—, Anabelle Chaves Soto y Rolando Saborío Jiménez no cumplían con los requisitos de experiencia.
Añade que en los casos de Maximiliano Alvarado, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto concurrían causales de no independencia, “con lo cual se vulneró el marco legal aplicable para dichos nombramientos”.
“En virtud de la falta de idoneidad de los directores nombrados por el Consejo de Gobierno, éstos a su vez constituidos en asamblea de accionistas de las subsidiarias del Banco Nacional de Costa Rica, también aparentemente cometieron los delitos de prevaricato y nombramientos ilegales al autonombrarse como directivos en las subsidiarias del banco sin los requisitos de idoneidad correspondientes”, apuntó el expediente legislativo.
Los movimientos en la Junta Directiva del BN
El 28 de mayo del año pasado, fueron removidos del cargo Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón, por una presunta irregularidad en el nombramiento de la gerenta general del BN, Rosaysella Ulloa Villalobos.
Tras la destitución de esa Junta Directiva, ese mismo 28 de mayo, el Consejo de Gobierno nombró a los reemplazos temporales. Tiempo después, específicamente el 20 de agosto, designó en propiedad a seis de los siete directivos temporales para integrar el órgano máximo de dirección.
En ese momento, la Junta nombrada de forma definitiva quedó constituida por Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Javier Zúñiga Moya (vicepresidente), María del Milagro Solórzano León (secretaria), y los directores Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.
Sin embargo, en octubre de 2025, la Sala IV restituyó a los directivos destituidos cuando anuló todos los acuerdos tomados por Brunner para quitarlos.