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La Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó remitir al Ministerio Público el informe de investigación sobre el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) por parte del Consejo de Gobierno por supuestas anomalías en la toma de control del órgano colegiado.
El informe pide a la Fiscalía investigar al exvicepresidente Stephan Brunner Neibig por los aparentes delitos de abuso de autoridad, usurpación de autoridad y prevaricato por su decisión de destituir a la directiva del BN.
Además, el documento recomienda que se investigue a Francisco Gamboa, próximo vicepresidente de la República; y a Yara Jiménez, diputada electa del Partido Pueblo Soberano e inminente presidenta legislativa, por el aparente delito de tráfico de influencias en el nombramiento de la directiva del BN.
El informe legislativo se aprobó con el apoyo de cinco de los seis legisladores presentes este jueves 9 de abril, al señalar eventual injerencia y actuaciones del Poder Ejecutivo contra la autonomía del Banco Nacional
El documento tuvo el respaldo de Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Dinorah Barquero (PLN), Kattia Cambronero (independiente), Vanesa Castro (PUSC) y Katherine Moreira (PLN). Se opuso Manuel Morales (Progreso Social Democrático).
Adicionalmente, los diputados de la Comisión pidieron iniciar una pesquisa contra el Consejo de Gobierno por el nombramiento sin requisitos de idoneidad de los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional.
El informe también solicitó que se investiguen todas las actuaciones de Max Alvarado Ramírez, quien fungió como presidente del Banco Nacional, por los supuestos delitos de perjurio y falso testimonio cuando compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, por afirmar que nunca fue cuestionado por su gestión como gerente de Bancrédito.
Además de asegurar que no había intención de destituir a Rosaysella Ulloa como gerente del BN.
El 29 de mayo del año pasado, Brunner removió del cargo a los directivos Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón por una presunta irregularidad en el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa Villalobos.
Por su parte, el Consejo de Gobierno designó en la Junta a Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Javier Zúñiga Moya (vicepresidente), María del Milagro Solórzano León (secretaria), y los directores Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.
Sin embargo, el 10 de octubre del 2025, la Sala IV restituyó a los directivos destituidos cuando anuló todos los acuerdos tomados por Brunner para quitarlos.
Fundamento de decisión
El informe legislativo argumenta que el proceso administrativo disciplinario dirigido por Brunner “vulneró los derechos constitucionales de los directivos, al violentar el debido proceso y significó un claro abuso y usurpación de autoridad, prevaricato y una ruptura del orden constitucional dispuesto por nuestra Constitución Política”.
Incluso se resaltó que la Sala Constitucional anuló la investigación administrativa porque fue contraria a derecho.
“Todos y cada uno de los miembros nombrados por el Consejo de Gobierno (...) para ocupar los puestos de directivos del Banco Nacional de Costa Rica no reunían los requisitos de idoneidad, pues los señores Noylin Cruz Suárez, María del Milagro Solórzano León, Anabelle Chaves Soto y Rolando Saborío Jiménez no reunían los requisitos de experiencia y en los señores Maximiliano Alvarado Ramírez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto concurrían causales de no independencia”, según el informe legislativo.
Además, se reprochó a Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, por recomendar a los directivos electos por el Ejecutivo, pese a que la mayoría no cumplía requisitos de idoneidad.
