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La Sala Constitucional advirtió al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, que debe referirse y aportar pruebas en un plazo de tres días sobre el procedimiento administrativo que ya debió haber finalizado por las intervenciones realizadas en el Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), las cuales ocasionaron “daños irreversibles” en elementos históricos del inmueble patrimonial, incluidas sus puertas y piedras de los muros perimetrales.
El 18 de febrero de este año, el órgano constitucional ordenó al ministro concluir el proceso administrativo para determinar las responsabilidades disciplinarias del caso en un plazo de dos meses, al declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo que cuestionó y denunció las intervenciones.
También se giró la orden a José Fernando Madrigal Fallas, director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC) y Guillermo Madriz Salas, entonces director del Teatro Nacional,
La nueva decisión de la Sala IV responde a una solicitud de seguimiento planteada por el ciudadano Emiliano Céspedes, recurrente del recurso de amparo, al considerar que “ha transcurrido un plazo que excede notoriamente” los dos meses “sin que conste en el expediente informe, comunicación o gestión alguna de las autoridades recurridas que acredite el cumplimiento de dicha orden”.
El 2 de agosto, Patricia Carreras, la actual directora del Teatro, indicó a La Nación que el proceso sobre la investigación “estaba abierto”. Al repreguntarle sobre el plazo que ya había transcurrido, respondió: “Yo no estoy al tanto de eso, pero además, aunque estuviera al tanto, por estar abierto el proceso, yo no me puedo referir a él”.
“Por otro lado, no es una cosa en la que estoy absolutamente inmersa porque yo llegué después y entonces he tenido que ir jalando las cosas, leyendo los informes... buscando un espacio temporal para hacer mi propia conclusión”, añadió Carreras.
Previamente, el 8 de julio, La Nación consultó por escrito al MCJ sobre el avance de la investigación.
La respuesta del 23 de julio indicó que “en resguardo del debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la confidencialidad legalmente aplicable, el Ministerio no se encuentra facultado para confirmar ni descartar la adopción de actuaciones administrativas respecto de personas funcionarias determinadas”.
Además, añadió que la “la documentación referida posee carácter confidencial mientras subsistan las circunstancias legales que justifican su reserva” y que el informe de la investigación preliminar “contiene hallazgos, valoraciones y recomendaciones que sirven de fundamento para la eventual adopción de actuaciones administrativas posteriores”.
Investigaciones por daños al Teatro Nacional
Las intervenciones que causaron daños en el TNCR ocurrieron entre octubre y noviembre de 2025. Un informe de Patrimonio Cultural determinó que las puertas se les aplicó masilla plástica automotriz y un lijado inadecuado, por lo que ahora tienen deformaciones en la moldura y fallas en el cierre.
En cuanto a la intervención en las piedras de los muros perimetrales del Teatro Nacional, que datan de 1897, el arquitecto Diego Meléndez -exdirector de Patrimonio y recurrente del recurso de amparo- denunció que las sisas (espacio que separa las piedras) fueron cortadas y ampliadas con una esmeriladora, para luego ser rellenadas con concreto.
Sobre el deterioro de las piedras, constatado en los informes de la DPC, se indica que en el permiso que dio origen a las obras en el teatro “no se explica nada del procedimiento o protocolo de intervención”.
Un mes más tarde, el 20 de diciembre de 2025, el ministro de Cultura informó que ordenó una investigación preliminar para, si es procedente, esclarecer los responsabilidades discplinarias que corresponden. En febrero de este año, la Sala IV le dio dos meses para concluir ese proceso administrativo.
En la nueva advertencia, que figura dentro del expediente 25-038490-0007-CO, la Sala plantea que “de acreditarse la desobedencia, se podrá ordenar al superior jerárquico la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario remiso a cumplir con lo resuelto por esta Sala y, además, que se ordene testimonar piezas (...) por la eventual comisión del delito de desobediencia”.
En marzo de este año, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa abrió una investigación por los daños provocados en el Teatro Nacional a partir de los informes técnicos emitidos por Patrimonio, que dio a conocer La Nación, y la resolución que emitió la Sala Constitucional para detener las obras y determinar a los responsables de los daños.
Además, la Fiscalía Adjunta Ambiental abrió de oficio una causa penal por los daños ocasionados al intervenir las puertas y otras estructuras del Teatro Nacional de Costa Rica. En el expediente se investiga el presunto delito de daño al patrimonio histórico-arquitectónico y se desarrolla contra ignorado.
