Escuchar“Minimizar el asunto de esa lucha entre grupos criminales porque ‘se matan entre ellos’, no es correcto”. Así lo considera el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.
El jerarca explicó que, cuando hay una lucha entre bandas, el objetivo es eliminar la competencia. Sin embargo, una vez la pugna se acaba, el bando ganador elimina a cualquiera que le estorbe, sin importar si se trata de un policía, un juez o un político.
Le ofrecemos un extracto de la entrevista con Zúñiga, así como la conversación completa en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.
— Hace unas semanas, el presidente Rodrigo Chaves dijo que la situación de inseguridad no era tan grave como la querían hacer ver. El diputado Daniel Vargas dijo que “el ciudadano común no está sufriendo el ataque directo de la guerra entre bandas“. ¿Son correctas estas afirmaciones?
— Primero que nada, no se puede minimizar la situación que estamos viviendo, nunca hemos vivido, en tiempos de paz, algo parecido a esto. Esto de que mueran tantos costarricenses, independientemente que si hay o no luchas entre grupos criminales.
“El problema de no darle la importancia a esta lucha de bandas es que el grupo criminal viene a eliminar a la competencia, eliminar lo que le estorba, que es el otro grupo. Pero cuando esa organización (gana la pugna) y se asienta, ya no hay competencia.
“Cuando sea un político, un ministro de Seguridad, un director de la policía, o un policía lo que les estorba, entonces van a empezar a eliminar a esos policías, a esos ministros, esos diputados, esos jueces, como ha sucedido en otros países, en Colombia, en Guatemala.
“Minimizar el asunto de esa lucha entre grupos criminales, porque es una situación de que ‘se matan entre ellos’, no es correcto. Tenemos algo que nunca ha sucedido en Costa Rica, que antes no se veía: víctimas colaterales.
“¿Por qué se da la víctima colateral? El OIJ se ha encargado de poner en prisión a la mayoría de gatilleros que han tenido algún tipo de prolijidad a la hora de ejecutar los asesinatos. Esos están en prisión.
“Entonces, ¿qué tienen que hacer los grupos criminales? Empiezan a reclutar jóvenes sin experiencia, que no saben utilizar una AR-15, o una AK-47, y es por eso que van a un evento a matar una persona, pero en vez de matar a una, matan a tres o cuatro, que son víctimas colaterales.
LEA MÁS: Ministro de Seguridad: Lo que Trump dijo es que San José es más seguro que Washington
““La situación de víctimas colaterales no se puede resumir únicamente a las ciento y resto de personas que han muerto en 2 años. No. Hay un grupo de tres o cinco veces esa cantidad, que son personas que han resultado heridas en un evento en el que intentaron matar a otro sujeto.
“Tenemos el ejemplo de una niña de 11 años que estaba en una cancha de fútbol, recibió un disparo, y ella nunca va a poder ser madre. Hay personas que perdieron un ojo, perdieron el funcionamiento de un órgano, que tienen que usar una bolsa para hacer sus evacuaciones. Entonces, son víctimas colaterales que se les destruyó la vida, quedaron en una silla de ruedas, pero nadie las contabiliza. Solo contabilizan a las que murieron.
— Si se utiliza la tasa de homicidios como referencia, la época con mejores números fue el gobierno de doña Laura Chinchilla. ¿A qué se debieron esos números bajos?
— Eso está en el Reporte Situación del OIJ de 2019, página 69, y te lo voy a leer. En el 2019 dijimos lo que iba a suceder y sucedió. También lo mencionamos en el reporte de 2024, sobre cómo llegamos a 900 homicidios.
“Dice: ‘La importancia del combate de la criminalidad en época de crisis fiscal. La crisis fiscal que atraviesa el país conlleva un problema de fondo que no se debe dejar de advertir. Generalmente, en tiempos de constricción económica, se opta por limitar o cortar los proyectos y programas sociales, así como de prevención e investigación criminal’.
“Además, dice que ‘la Estrategia Internacional de Control de Drogas, publicada el 2 de marzo del 2017 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, establece que el deterioro fiscal provoca que disminuya el presupuesto destinado a la seguridad del país, amenaza el trabajo realizado en la lucha contra el narcotráfico’.
“Inclusive aquí nosotros dijimos que el costo de no hacer inversión en materia de seguridad es grande, pues las pérdidas económicas pueden surgir de la afectación de la imagen internacional del país, y también iba a afectar la inversión extranjera. Todo lo dijimos aquí, en el reporte del 2019.
“¿Qué fue lo que pasó? En el año 2019 se genera algo que se llama regla fiscal, y esa regla establece un tope presupuestario. Las policías nos financiamos de lo que decomisamos al narco, pero aunque estemos generando recursos propios al OIJ, tenemos un tope presupuestario. Si EE.UU. nos dona $1 millón, tenemos que dejar de gastar ese $1 millón de nuestro presupuesto, cosa ilógica, para gastar el millón que nos están donando.
“Anteriormente, como somos muy juiciosos con el pago de horas extra, viáticos, y otros, los sobrantes que quedaban los agarrábamos y los transformábamos en activos, compramos equipos, municiones... Pero con la regla fiscal no se pudo hacer más.
“Esta visión fiscalista imposibilitó que el OIJ y la Fuerza Pública pudieran atacar el problema de fondo. Evidentemente, este gobierno ha tenido una visión fiscalista en tema de seguridad. La inversión que se hace es muy básica.
LEA MÁS: OIJ denuncia recorte de ¢2.000 millones por parte de Hacienda
“A cada rato se refiere el ejemplo de El Salvador, se habla de lo que hicieron (...). Bukele queda en 2019 y hace un plan de siete pasos. El primer paso es control territorial, sacar a la policía y al ejército a la calle. El OIJ copió ese modelo en Limón, con la operación Caribe, fuimos a Limón, dominamos la zona y en 22 días no hubo un solo homicidio. Lo hicimos en los barrios del sur, en San José, e igual, en 22 días no hubo un solo homicidio.
“Este año tuvimos que hacer otra vez la operación Caribe 2.0, fuimos a Guápiles, donde nos mataron a un compañero, y a Batán, donde le dispararon a la regional del OIJ, y no hubo ni un solo homicidio en ese periodo. La presencia policial evita los homicidios de inmediato, pero eso es caro, requiere horas extra, viáticos, hospedaje... Es plata (...)“.
“Bukele aumentó becas, invirtió en la policía, compró equipo, compró drones, dio más posibilidades, ya después empezaron todas las medidas de excepción, pero antes de eso, logró pasar de una media de 300 homicidios mensuales a 169 en junio de 2019. Sí se pudo, pero invirtió $525 millones, aquí al OIJ le están denegando $8 millones para plazas”.
“A cada rato se refiere el ejemplo de El Salvador. (...) Bukele invirtió $525 millones, aquí al OIJ le están denegando $8 millones”
— Randall Zúñiga, director del OIJ
