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Si antes de subirse al avión hubieran alzado la mirada a la derecha, habrían visto la Cordillera de Talamanca despertando. Pero como miraron a la izquierda, su último recuerdo de Costa Rica fue una fila de trípodes cuyas cámaras registraron su paso mientras desfilaban esposados.
La pista del Aeropuerto Juan Santamaría fue el escenario, y la marcha de 33 migrantes deportados, la puesta en escena. Colombianos, ecuatorianos, jamaiquinos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, chinos e indios caminaron con sus manos al frente, uno tras otro, frente a decenas de policías que los requisaron de arriba a abajo.
A su alrededor abundaban agentes costarricenses y algunos representantes estadounidenses. En la primera fila destacaban Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, y Melinda Hildebrand, embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, cuyo gobierno financió la operación. Más de $10.000 se gastaron en esta primera e inédita deportación masiva.
Los jerarcas no se detuvieron en las historias de los migrantes, vestidos con jeans, buzos y sweaters de telas ligeras, para no divulgar datos personales. Pero sí resaltaron que todos descontaron tiempo en prisión, por hasta 12 años, al haber cometido delitos vinculados al terrorismo. ¿La razón de la deportación? Permanecían en condición migratoria irregular.
Quedó en segundo plano que la mayoría caminaba cabizbaja, quizá trasnochada, porque el mensaje institucional era otro: Costa Rica y Estados Unidos triunfaron en un nuevo episodio de cooperación en materia de deportaciones, tras el cuestionado episodio de los migrantes enviados al Catem, en la zona sur.
Y sobre las esposas, Zamora afirmó que se trata de un tema de seguridad. “Recordemos que por la seguridad aeronáutica, si ellos se mueven, se sublevan dentro del vuelo, eso pone en riesgo. Eso es un estándar internacional”.
Siguen viajes prolongados
El primer grupo de migrantes deportados de forma masiva desde Costa Rica partió un viernes 13.
Horas antes de que despuntara el día salieron de la Unidad de Refugio, en Lagunilla de Heredia, rumbo al aeropuerto Juan Santamaría. Un autobús que les ofrecía escasa visibilidad, por sus ventanas enrejadas, los trasladó en medio del frío de la madrugada.
Una vez en la terminal, aguardaron unos 25 minutos antes de abordar el avión, número HCCWJ y de bandera ecuatoriana, que los llevaría a Panamá. Mientras tanto, el personal de la aeronave acomodaba sus pertenencias distribuidas en mochilas y maletas.
Cuando ya se acomodaban en la aeronave, Zamora explicaba que, una vez que los panameños descendieran, el vuelo continuaría hacia Colombia y Ecuador, donde dejaría a los nacionales de cada país. Desde allí, los migrantes restantes tomarían vuelos separados hacia sus países de origen.
Hasta ahora, Costa Rica ejecutaba las deportaciones de forma individual. En la mayoría de los casos, el extranjero viajaba acompañado por un agente policial en vuelo comercial. Esta vez, debido al financiamiento estadounidense, el país apostó por una operación colectiva.
Los acuerdos de este tipo entre Estados Unidos y Costa Rica no son novedosos. Ya lo vimos la semana pasada, cuando el país sin ejército firmó el principio de “paz a través de la fuerza”. Y según las autoridades, la relación seguirá estrecha para colaborar en deportaciones y extradiciones futuras.
El ministro de Seguridad, que debía alzar la voz por el viento que sacudía su saco, aseguró que esta deportación masiva forma parte de un acuerdo que tomaron con Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., cuando visitó a Costa Rica ocho meses atrás.
Al tratarse de una cooperación abierta, “no puede determinar en el tiempo” cuándo se darán los próximos operativos. Por lo pronto, solo está confirmado que Estados Unidos financiará más deportaciones masivas, aunque ciudadanos norteamericanos no estén vinculados.
Poco antes de las ocho de la mañana, cuando el avión despegó, las cámaras ya se habían retirado. Los 33 migrantes, en cambio, comenzaban un trayecto que, gracias a las escalas, podría tardar más de un día en terminar. Mucho sigue en el aire.
