EscucharUn correo electrónico que el exasesor presidencial, Federico “Choreco” Cruz, le envió al empresario audiovisual, Christian Bulgarelli, constituiría una prueba clave en la acusación de la Fiscalía General contra el presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión.
A ello se unen una transferencia bancaria y la firma de un contrato de compraventa efectuadas el 24 de febrero del 2023.
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El correo electrónico es un mensaje en el que Choreco le habría informado a Bulgarelli del momento en que firmaría un contrato de alquiler con opción de compra de una vivienda en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción de La Unión, Cartago.
La acusación sostiene que, por exigencia de Chaves, el empresario audiovisual depositó $32.000 a la dueña de la vivienda, en favor de Choreco, con fondos de un contrato por $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Según la Fiscalía, el presidente ordenó a Bulgarelli girar una parte del dinero para la casa de Federico Cruz, como condición para ganar el contrato financiado con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El correo electrónico aparece mencionado en el informe elaborado por el magistrado instructor Manuel Mena Artavia, quien recomendó a la Corte Suprema de Justicia solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de inmunidad del presidente Chaves, así como del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives.
Depósito y firma el 24 de febrero del 2023
De acuerdo con el testimonio de Bulgarelli ante la Fiscalía General, él habría depositado los $32.000 como adelanto a favor de Choreco.
Presuntamente, para no dejar rastro de su participación, Choreco habría solicitado a Bulgarelli firmar el contrato con opción de compraventa de la propiedad, pero el productor se negó.
No obstante, Bulgarelli sí habría efectuado la transferencia bancaria a la dueña del inmueble, el 24 de febrero del 2023, a las 9:35 a. m., desde la cuenta de su empresa RMC La Productora S.A., precisamente la firma adjudicataria del contrato del BCIE.
El movimiento bancario tiene la descripción “Senal_Compra_Venta”.
Ese mismo 24 de febrero, a las 9 a.m., Choreco y la dueña de la vivienda comparecieron ante una notaria para firmar el contrato de alquiler por el plazo de seis meses, con opción de compraventa, una vez vencido el plazo.
Como parte de ese proceso, quedó consignado el número de cuenta del Banco Popular al que se debía hacer el pago, el cual coincide con la cuenta a la que Bulgarelli transfirió los $32.000.
El documento detalla que Choreco habría usado los recursos para pactar un contrato de alquiler con opción de compraventa, con la propietaria de la vivienda, de apellido Fernández.
De la totalidad de los fondos, $20.000 se habrían destinado a cubrir la opción de compra, mientras que $7.200 se usaron como abono a la señal de trato por la opción de compra y $4.000 para abono a las mensualidades de alquiler.
“De esta forma los encartados Rodrigo Chaves Robles, Jorge Rodríguez Vives y Federico Cruz Saravanja lograron cumplir satisfactoriamente el plan delictivo, por cuanto alcanzaron el fin último de obtener un beneficio indebido producto de la contratación con el BCIE por una suma de $32.000 (...)”, afirma la Fiscalía en su acusación.
En ese condominio, el 8 de agosto del 2024, la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo en contra de Federico Cruz, quien dirigió la comunicación del mandatario en campaña y quien fue uno de sus principales consejeros de Chaves en la primera parte del gobierno.
La Nación remitió consultas a Choreco sobre los hechos alegados por la Fiscalía General, sin que se haya obtenido respuesta.
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El informe del magistrado Mena también hace referencia a un informe de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), del 22 de diciembre del 2023, que fue aportado por la Fiscalía como prueba y que “corrobora información relativa a la empresa” de Bulgarelli.
Contrato a la medida
El supuesto plan elaborado por Rodrigo Chaves y Jorge Rodríguez, quien se desempeñaba como jefe de despacho del presidente al momento de los hechos, habría incluido el diseño de un contrato a la medida para la empresa de Bulgarelli, con el fin de que así obtuviera la adjudicación.
La Fiscalía alega que se pretendía otorgar a Choreco un beneficio económico, como “reconocimiento a la efectiva colaboración” que el exasesor brindó durante la campaña electoral que resultó en la elección presidencial de Chaves en 2022, y a la asesoría personal que brindaba a Casa Presidencial.
El expediente añade que Chaves presuntamente “obligó e indujo” a Bulgarelli a dar los fondos a Choreco, como una “comisión” derivada del pago del contrato con el BCIE, “bajo la advertencia de perder la oportunidad de obtener el contrato en caso de no hacerlo”.
Igualmente, menciona que el productor se habría visto “obligado a entregarle un beneficio patrimonial indebido” a Choreco, ante la presunta “exigencia de Chaves” y el aparente “inminente riesgo” de no conseguir el contrato.
Bulgarelli se convirtió en testigo de la corona en el caso que se sigue contra el presidente Rodrigo Chaves.
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La Fiscalía negoció un criterio de oportunidad con el productor, a quien se liberó de ser acusado por estos hechos a cambio de brindar información esencial para esclarecer lo sucedido. En su caso, se abrió un testimonio de piezas y se suspende la acción penal en su contra.
Eso sí, la colaboración debe ser “eficiente” para la investigación, de lo contrario, continuaría la persecución penal en su contra.
Colaboró el periodista Roger Bolaños.
