Sin embargo, la situación dio un giro más crítico el pasado lunes, cuando el fiscal general, Carlo Díaz, presentó una acusación y solicitud de apertura a juicio contra el presidente Chaves por el presunto delito de concusión, por considerar que el contrato financiado con recursos del BCIE fue hecho a la medida para que una empresa de Bulgarelli ganara la contratación internacional. El Ministerio Público también argumenta que $32.000 de fondos públicos se utilizaron para beneficiar al otrora asesor de imagen del mandatario, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, para que enganchara una casa.
Por los mismos hechos, Díaz solicitó llevar a juicio al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien ejercía como jefe de despacho de Chaves en el momento de la contratación.
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La Nación consultó al BCIE si a raíz de la acusación presentada por la Fiscalía General contra Chaves se haría una revisión o modificación de los controles internos que se aplican, a lo interno del banco, en las contrataciones hechas por el gobierno de Costa Rica con los fondos donados.
El organismo multilateral respondió que como parte de su proceso de mejora continua, durante el año 2024 se realizaron ajustes al modelo de cooperaciones técnicas no reembolsables. Entre los cambios efectuados, destacó la eliminación del programa de cooperación técnica no reembolsable del Fontec para países fundadores y no fundadores.
En su lugar, se creó el Programa de Desarrollo Económico Sostenible (Prodes), cuyo propósito es “maximizar el impacto social y ambiental” en áreas como la erradicación de la pobreza, la generación de empleo, el impulso de la equidad de género, la respuesta a eventos extremos y al cambio climático, así como atender la migración y promover la innovación.
Consultado sobre si se fortaleció el tema de rendición de cuentas de los países receptores de los recursos, el Banco indicó a este diario que el Prodes tiene “lineamientos claros de reportería” sobre las acciones ejecutadas e incorpora la obligatoriedad de una auditoría externa de cada iniciativa financiada.
“Además, deben cumplirse las normativas que el BCIE exige a todas sus operaciones (incluidos los créditos) sobre adquisiciones, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, aseveró.
Detalló que el monto máximo anual por iniciativa que se puede financiar es de $1.725.000.
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Nueva solicitud de recursos
El gobierno de Chaves solicitó, el pasado 23 de diciembre, el desembolso de los recursos del Prodes, correspondientes al año 2025. Originalmente, se pretendía destinar los fondos al fortalecimiento de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, así como al apoyo al deporte y la recreación.
No obstante, el 1.° de abril la Casa Presidencial pidió redireccionar los fondos a “mejorar la capacidad resolutiva del Hospital Nacional de Niños (HNN) en la atención de pacientes con parálisis cerebral (PC), trastornos de la postura y la marcha, fortaleciendo las herramientas quirúrgicas y de rehabilitación de los especialistas en Ortopedia y Rehabilitación para el manejo multidisciplinario de los pacientes”.
“Esta solicitud de modificación se encuentra en análisis y debe de ser aprobada por el Directorio del BCIE”, precisó el banco.
El monto total solicitado por Costa Rica y que está bajo estudio del ente internacional asciende a $725.000.
Lo que se financiaría
Las acciones que se pretenden financiar con los recursos solicitados por la administración Chaves son las siguientes:
-Realizar cirugía multinivel y rehabilitación a niños y niñas en condición de vulnerabilidad que actualmente están siendo atendidos en el HNN con diagnóstico de parálisis cerebral, trastornos de la postura y la marcha, para que se beneficien de técnicas quirúrgicas y de rehabilitación avanzadas e innovadoras.
-Adquirir equipos médicos para los servicios de Ortopedia, Fisiatría, Rehabilitación y otros, para el mejoramiento y ampliación de la capacidad diagnóstica y terapéutica en la atención de pacientes con trastornos de la postura y la marcha, entre otras patologías.
-Brindar al personal de salud del HNN, oportunidades de actualización en técnicas diagnósticas y terapéuticas para la atención de pacientes con trastornos de la postura y la marcha.
-Actualizar el equipamiento disponible en el servicio de rehabilitación y otros para ofrecer un servicio integral a todos los pacientes que lo requieran, con énfasis en aquellos que reciban cirugía multinivel.
-Incrementar a mediano plazo (2 o 3 años), la capacidad diagnóstica y terapéutica del HNN para atención de la población pediátrica con trastornos de la postura y la marcha, entre otras patologías.
Cuestionamientos recurrentes
Las administraciones de Óscar Arias, Luis Guillermo Solís y Rodrigo Chaves comparten el hecho de que las tres enfrentaron fuertes cuestionamientos por la gestión de los recursos del BCIE.
Durante el segundo gobierno de Óscar Arias (2006-2010), se invirtieron $1,6 millones del organismo sin pasar por los controles estatales, financiando 84 asesorías y otros servicios, como los de un músico y un mensajero.
A pesar de las críticas, el dinero fue administrado por la oficina local del BCIE y no se encontró perjuicio para la Hacienda Pública, ya que no ingresó a las arcas del Estado.
Este mecanismo fue nuevamente empleado en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), cuando se ejecutaron $397.000 que no se habían usado de las consultorías contratadas durante la administración de Arias.
Posteriormente, cuando ingresó la donación del $1 millón para la administración Chinchilla, el manejo fue diferente. El dinero se depositó en el Presupuesto de la Presidencia, con lo cual las contrataciones sí estuvieron sujetas a las normas de control público.
Luis Guillermo Solís (2014-2018) cambió la política de su antecesora, optando por canalizar los recursos a través de un organismo externo: la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).
A pesar de las críticas previas de su partido hacia el manejo de estos fondos en gobiernos anteriores, Solís utilizó el mismo mecanismo de contratación externa para fortalecer las capacidades de la Presidencia.
Posteriormente, Carlos Alvarado (2018-2022) incorporó los recursos al presupuesto del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), destinándolos a estudios de factibilidad para el Tren Rápido de Pasajeros.
Finalmente, el gobierno de Rodrigo Chaves optó por seguir el mismo camino que Arias, delegando la administración del $1 millón de cooperación no reembolsable al BCIE.
