Cada vez que un nuevo gobierno asume el poder, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le dona un $1 millón para uso discrecional. Sin embargo, las formas en que algunas administraciones gastaron los recursos han generado cuestionamientos políticos y hasta judiciales.
Las administraciones de Óscar Arias, Luis Guillermo Solís y Rodrigo Chaves optaron por mecanismos opacos, mediante los cuales los fondos fueron ejecutados por un ente externo sin pasar por los controles de transparencia del sector público.
En el segundo gobierno de Arias (2006-2010), se invirtieron $1,6 millones provenientes del BCIE al margen de los controles estatales.
El dinero pagó 84 asesorías en temas legales y de imagen con contratistas que eran escogidos por la Casa Presidencial, en Zapote, al tiempo que se financiaron otros servicios como el de un músico y hasta un mensajero.
En aquel momento, el entonces ministro de la Presidencia y hoy presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, decidió que esos recursos fueran administrados por la oficina local del BCIE.
Al final, luego de una serie de debates y audiencias en el seno de la Asamblea Legislativa, tanto la Fiscalía como la Contraloría General de la República (CGR) concluyeron que no hubo perjuicio para la Hacienda Pública porque el dinero no ingresó a las arcas del Estado, en vista de que los bienes y servicios fueron brindados por el banco centroamericano.
Ese mecanismo de contratación desató críticas de diputados de la oposición, pero volvió a usarse en el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), cuando se ejecutaron $397.000 que no se habían usado de las consultorías contratadas durante la administración de Arias.
La Presidencia aprovechó esos recursos para conceptualizar un modelo de gestión de agua para Guanacaste, así como pagar personal de los consejos sectoriales y consultorías en comunicación institucional.
El dinero fue pasado al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidades que a su vez contrataron los profesionales requeridos.
En el caso del IICA, el convenio fue firmado por Rodrigo Arias 26 días antes del cambio de gobierno y, por ende, fue heredado a Chinchilla.
Por CompraRed
Posteriormente, cuando ingresó la donación del $1 millón para el gobierno de Laura Chinchilla, el manejo fue diferente. El dinero se depositó en el Presupuesto de la Presidencia, con lo cual las contrataciones sí estuvieron sujetas a las normas de control público.
Por ejemplo, a principios de abril del 2013, se utilizó la plataforma de compras públicas CompraRed –entonces no existía el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop)–, para sacar una licitación de ¢160 millones para financiar tres proyectos que procuraban mejorar la imagen del gobierno.
El dinero se usó, por ejemplo, en asesorías para la redacción de los discursos presidenciales, coordinación de eventos masivos y un estudio de imagen del Gobierno.
Réplica, pero con UNOPS
Luis Guillermo Solís (2014-2014) echó marcha atrás a la política de su antecesora de incluir el $1 millón en el Presupuesto Nacional y optó por un órgano externo, al igual que Arias.
Los recursos fueron depositados en la cuenta bancaria de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), en su calidad de “organismo ejecutor” externo.
Solís usó ese mecanismo a pesar de que su partido, Acción Ciudadana (PAC), fue uno de los que más criticó la forma en que el gobierno de Óscar Arias manejó la cooperación no reembolsable. El entonces ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, debió comparecer en el Plenario legislativo, tras una publicación de La Nación.
En esa ocasión, el convenio firmado por el BCIE se denominó “Fortalecimiento de las capacidades de monitoreo, evaluación, gestión y divulgación de la Presidencia para garantizar el mayor impacto posible de las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía costarricense”.
Unops, como órgano encargado de ejecutar el proyecto, era el responsable de seleccionar y contratar a los consultores que se requerían. Y del $1 millón, $375.000 se asignaron para publicidad, imagen y estudios de opinión.
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Estudio de factibilidad mediante Sicop
Su sucesor, Carlos Alvarado (2014-2018), optó por incluir los recursos en el presupuesto del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para financiar “los estudios de factibilidad técnica, financiera y ambiental del Proyecto del Tren Rápido de Pasajeros”.
Luego de depositarse los recursos en las arcas del Estado, el 1.° de noviembre del 2018, se inició el concurso para la contratación directa, mediante la plataforma del Sicop.
Ese proceso de contratación se tramitó bajo el expediente 2018-CD-000001-0012900001. Ahí se consignó que los estudios iban a costar $1,3 millones y que el financiamiento provendría de dos vías. $1 millón vendría de la cooperación no reembolsable del BCIE y los $300.000 restantes del presupuesto del Incofer, de la subpartida de servicios en Ciencias Económicas y Sociales.
Además, constan la aprobación de la Contraloría y las cinco ofertas recibidas. El contrato al final se le adjudicó a la sociedad anónima Idom Consulting, Engineering, Architecture, el 11 de marzo del 2019, cuatro meses después de que se inició el proceso de contratación.
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Cuestionada contratación
Ahora, 16 años después, el gobierno de Rodrigo Chaves optó por el mismo mecanismo que Óscar Arias: darle la administración de los recursos al BCIE.
De ese $1 millón, se firmó un contrato por $300.000 con la empresa de Christian Bulgarelli Rojas, quien, de acuerdo con la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, participó en la elaboración de los términos de referencia de este concurso en Casa Presidencial junto con Federico Cruz, asesor de imagen del mandatario.
Se trata de una “consultoría estratégica” para dar servicios de comunicación a la Presidencia de la República.
La Nación revisó el borrador que Bulgarelli y Cruz ayudaron a redactar –y que fue facilitado por Navarro–, y comprobó que las bases del contrato, en esencia, son idénticas a las que el BCIE sacó a concurso.
Al no estar sujeto a los controles de fiscalización estatal, a la fecha se desconoce tanto el contrato como los detalles del concurso, lo que impide conocer cuáles otras compañías participaron en el proceso y si se seleccionó a la mejor opción.
La actual administración, por otra parte, decidió utilizar los $700.000 restantes en otros tres componentes.
$150.000 los destinó al “análisis y elaboración de una propuesta para remediar la problemática de las pensiones de lujo”; $300.000 para el “fortalecimiento del sistema de ciberseguridad” y $200.000 en “mejoras en las condiciones de salubridad de Casa Presidencial”.
Los $50.000 restantes se los dejó el BCIE para la “supervisión y auditoría”.