El gobierno de Laura Chinchilla decidió echar mano a los $397.000 restantes de las consultorías del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) contratadas durante la administración de Óscar Arias.
Mientras el exministro Rodrigo Arias aún enfrenta cuestionamientos por el manejo de dos convenios por $2 millones, la Presidencia aprovechó lo que quedó para intentar conceptualizar un modelo de gestión de agua para Guanacaste, pagar personal de los consejos sectoriales y consultorías en comunicación institucional.
Para ello, el Ministerio de la Presidencia se vale de convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidades que a su vez contratan los profesionales requeridos.
Entre esos consultores figuran Javier Flores, ministro de Agricultura con Arias, y Roberto Gallardo, su compañero de gabinete como ministro de Planificación, quien la semana pasada asumió el cargo de ministro de Comunicación de Laura Chinchilla.
También están Florisabel Rodríguez, cercana asesora de Chinchilla en materia de comunicación, y ocho profesionales que dan soporte a tres de los cuatro grupos en que se divide el Consejo de Gobierno: ambiente, social y competitividad. En Seguridad no aparecen consultorías contratadas.
Además, se contrató a seis empresas en bienes o servicios para las operaciones de las redes sociales de la mandataria, informó la Presidencia en una respuesta dada a este medio por escrito.
Convenios con organismos. El ministro de la Presidencia, Marco Vargas, reconoció que el dinero pasó del BCIE al IICA ($160.000) y al PNUD ($237.000), por lo cual ahora tampoco se están aplicando controles propios del dinero público.
“Se cumplen las reglas de estos organismos, que son muy estrictos y ordenados y tienen gran experiencia en estos programas”, dijo Vargas, quien insistió en que atienden todas las recomendaciones de la Contraloría General de la República (CGR) tras analizar las consultorías en el 2008.
La CGR analizó esas consultoría durante el 2009 y señaló la ausencia de controles y el desorden en la gestión, pero concluyó que el dinero no era público pues así lo había decidido el ministro Rodrigo Arias desde el año 2007.
En ese momento se detuvieron las asesorías y el tema es ahora objeto de una investigación en el Ministerio Público, para indagar si hubo delitos contra la Hacienda Pública de parte de Arias, al decidir mantener el dinero en cuentas del BCIE, lejos del control público.
Ahora el dinero sigue en cuentas no públicas. Están en manos del PNUD y el IICA, respectivamente, según Vargas, aunque para este trabajo no se logró precisar cuánto se ha gastado en los programas.
Según el reporte de contratos firmados, del convenio del IICA solo se han utilizado ¢3 millones ($6.000) en consultorías y del PNUD unos ¢50 millones ($100.000).
Plan de agua, seco. Roberto Gallardo aseguró que del dinero del IICA se gastó muy poco, por trabas tramitológicas. “No se pudo hacer nada”, dijo Gallardo, quien en enero se reunió con alcaldes guanacastecos para organizar un grupo de trabajo sobre el tema del agua en la provincia. Flores era coordinador del programa.
“El nivel de ejecución será muy limitado pues las contrataciones, trámites de modificación, refrendos y otros aspectos de gestión han impedido una ejecución satisfactoria”, escribió Vargas.
El convenio con el IICA lo firmó Rodrigo Arias 26 días antes del cambio de gobierno, cuando el ingeniero Flores y el politólogo Gallardo aún eran ministros. Este, sin embargo, aseguró que ambos tienen experiencia en temas hídricos y en relaciones comunales en Guanacaste, respectivamente.
