En el expediente de la acusación de la Fiscalía General en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, por supuestamente beneficiar, de manera indebida, a su otrora asesor de imagen Federico ‘Choreco’ Cruz Saravanja, se detalla de cuál cuenta bancaria salieron los $32.000 que se habrían usado para que Choreco alquilara, con opción de compra, una casa en un condominio.
En ese documento se indica que ese dinero salió de la cuenta bancaria de la empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli: RMC La Productora S. A., conocida también como Nocaut, en el BAC Credomatic, el 24 de febrero del 2023.
Cuatro días antes, en esa misma cuenta, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) había depositado $149.765, como parte del polémico contrato de $405.800, que financió a la firma de Bulgarelli, para que brindara servicios de comunicación a la Casa Presidencial durante el primer año de la administración de Chaves.
Bulgarelli depositó los $32.000 en la cuenta de una mujer de apellidos Fernández Vílchez en el Banco Popular a las 9:35 a. m. Ella es la dueña de la vivienda en cuestión, la cual se ubica en el condominio Barlovento, en el distrito de Concepción, de La Unión de Cartago.
Eso ocurrió 35 minutos después de que ella y Choreco firmaran el contrato de arrendamiento con opción de compra, según la acusación del Ministerio Público.
Inicialmente, Choreco pretendía que esa retribución económica no se registrara a su nombre, para “no dejar rastro de que recibió el beneficio indebido” y pretendía que Bulgarelli firmara el contrato de alquiler, algo que no aceptó el productor audiovisual, de acuerdo con su relato a la Fiscalía.
La arrendadora por su parte, confirmó que el trato fue negociado directamente con Federico Cruz, y negó haber conocido a Bulgarelli.
“El acusado Chaves Robles, como parte de esos “cariñitos” (solicitados), obligó e indujo al empresario Christian Bulgarelli Rojas a dar indebidamente un beneficio patrimonial en favor de Cruz Saravanja, a cambio de la adjudicación del contrato a su empresa, el cual consistía en una retribución económica a título de “comisión”, derivado del pago de la contratación, bajo la advertencia de perder la oportunidad de obtener el contrato en caso de no hacerlo (sic).
“Ante la exigencia del acusado Chaves Robles y el inminente riesgo de no conseguir el “contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, por el cual había trabajado por varios meses, el señor Bulgarelli Rojas se vio obligado a entregarle un beneficio patrimonial indebido al encartado Cruz Saravanja”, se consignó en la acusación, la cual se tramita bajo el expediente N.° 25-000019-033-PE.
Pruebas en poder de la Fiscalía
Para sostener su tesis, el Ministerio Público cuenta, entre otras cosas, con el estado de la cuenta bancaria de la firma de Bulgarelli en el Bac Credomatic, donde consta el pago del BCIE y el posterior depósito para el alquiler de la vivienda.
Además, tiene los testimonios de la arrendadora, de su esposo, de la notaria que protocolizó el contrato de alquiler y el de Christian Bulgarelli, quien confirmó el motivo del desembolso y las supuestas presiones de parte de Chaves.
Gracias a ese testimonio, la Fiscalía le concedió un criterio de oportunidad al productor audiovisual, quien se liberó de ser acusado por estos hechos a cambio de brindar información esencial para esclarecer lo sucedido. En su caso, se abrió un testimonio de piezas y se suspendió la acción penal en su contra.
Los audios de la Presidencia son otra de las pruebas aportadas por el Ministerio Público para sostener la acusación. Especialmente uno donde se escucha a Rodrigo Chaves pedir el contrato porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “un par de chineos, de cariñitos”.
Por último, también existe un correo electrónico de la arrendadora, con detalles de acuerdo de arrendamiento, que Choreco le reenvió a Bulgarelli.
En este caso, junto a Rodrigo Chaves figura como imputado el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien para el momento de la contratación era el jefe del despacho presidencial. A ambos se les atribuye la presunta comisión de un delito de concusión, el cual es penado con hasta ocho años de cárcel.
Así describió la Fiscalía General el papel de ambos en este caso: “El acusado Chaves Robles, abusando del ejercicio del más alto cargo en la función pública, en virtud de su condición de presidente de la República, actuando de común acuerdo con el acusado Rodríguez Vives y el coimputado Federico Cruz Saravanja, c. c. Choreco (a quien se les sigue causa por aparte), llevaron a cabo un plan para asegurar que, de manera indebida, resultara un beneficio económico para el coencartado Cruz Saravanja, derivado del denominado “contrato marco de prestación de servicios de consultoría”, que otorgaría el BCIE.
“Esto como reconocimiento a la efectiva colaboración prestada por Cruz Saravanja a la campaña electoral, donde resultó electo el coencartado Chaves Robles, la asesoría personal que le brindaba en la Casa Presidencial y la relación íntima de amistad entre ambos (Chaves y Cruz).
“(...) Por su parte, el acusado Rodríguez Vives, con pleno conocimiento del plan delictivo, le correspondió ejecutar y asegurar todas las acciones necesarias para asegurar “una contratación dirigida y a la medida”.