La resolución n.° 3788-E10-2026 estableció además el monto máximo al que podrá aspirar cada partido político, de acuerdo con la votación obtenida en las elecciones nacionales.
El partido que podrá optar al mayor monto es Pueblo Soberano, con ¢20.138 millones. Le siguen Liberación Nacional (PLN), con ¢12.230 millones; Frente Amplio, con ¢3.452 millones; Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con ¢1.929 millones; y la Unidad Social Cristiana (PUSC), con ¢1.542 millones.
En total, el TSE distribuyó ¢39.292 millones entre las cinco agrupaciones que alcanzaron los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Constitución Política para acceder a la contribución estatal.
El monto de la deuda política fue reducido por una ley aprobada en el cuatrienio anterior. Mientras anteriormente equivalía al 0,19% del producto interno bruto (PIB), para estas elecciones la contribución estatal se fijó en un 0,11%.
La distribución quedó de la siguiente manera:
Para realizar el cálculo, el organismo electoral determinó que cada voto válido tuvo un valor de ¢8.414,54. Esa cifra se obtuvo al dividir el monto total de la contribución estatal entre los sufragios válidos obtenidos por los partidos con derecho al financiamiento público.
No obstante, los montos anunciados corresponden al máximo al que podrá optar cada agrupación. Para recibir los recursos, los partidos deberán presentar ante el TSE sus liquidaciones de gastos de campaña a más tardar el próximo 24 de junio.
Posteriormente, el Tribunal revisará la documentación presentada y emitirá una resolución definitiva para establecer el monto final que corresponde reembolsar a cada partido.
Las agrupaciones deberán justificar sus gastos entre el 1.° de octubre de 2025 y el 18 de marzo de 2026 mediante facturas, contratos y demás documentación original. Además, las liquidaciones deberán incluir una certificación emitida por un contador público autorizado registrado ante la Dirección General del Registro Electoral.
PPSO abarca más de la mitad
Pueblo Soberano obtuvo un total de 2.393.225 votos entre las elecciones presidenciales y legislativas, con lo que adquirió derecho al 51,27% del total de la deuda política.
Sin embargo, Laura Fernández anunció, durante su acreditación como presidenta electa número 50 de la República de Costa Rica, en el TSE, que la agrupación utilizará alrededor de ¢8.638 millones, equivalente a un 42,9% del financiamiento estatal al que tenía acceso, y dejó de usar cerca de un 57% del monto total.
“Hoy me complace informarle al país que del monto total al cual teníamos derecho de la deuda política, no usamos ¢11.500 millones. Me comprometí desde el inicio de la campaña a renunciar al 25% al menos y lo que dejaremos de utilizar es mucho más que ese 25%”, señaló en aquel momento.
Además, esa fue una de sus promesas de campaña. Según dijo, esa decisión fue aconsejada por la diputada oficialista Pilar Cisneros.
La mandataria ha señalado que los recursos no utilizados para financiar las campañas electorales podrían servir para impulsar referéndums, en caso de que el paquete de reformas judiciales promovido por el Gobierno no avance en la Asamblea Legislativa.
“Ustedes se acordarán de que yo ahorré a los costarricenses casi más de ¢11.000 millones en la campaña electoral. Yo creo que con esa plata me alcanza para financiar un par de referéndums”, afirmó luego la reunión sostenida entre el Poder Ejecutivo y jerarcas judiciales.
Celebrar una consulta de este tipo cuesta aproximadamente ¢3.000 millones, de acuerdo con estimaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
