Fernández indicó que solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, que ese Supremo Poder analice “a conciencia” las iniciativas que el gobierno presentará en junio.
El paquete incluirá cambios a las normas de ejecución de la pena, al Código Procesal Penal y al Código Penal, además de propuestas orientadas, según Laura Fernández, a mejorar la eficiencia, eficacia y fiscalización del Poder Judicial.
“Mi equipo de trabajo y yo somos del criterio de que la cirugía que necesita el Poder Judicial es profunda”, afirmó Fernández tras la reunión con jerarcas judiciales.
Ejecutivo apuesta primero por vía legislativa
La mandataria aseguró que primero buscará impulsar las reformas mediante el Congreso; sin embargo, dejó abierta la posibilidad de recurrir a mecanismos de consulta popular.
“Voy a aprovechar a la Asamblea Legislativa para empujar estas reformas y eventualmente, más adelante, en caso de ser requerido y de que no avancen en la Asamblea, podríamos estar convocando a referéndums nacionales”, manifestó.
Fernández incluso hizo referencia al gasto de campaña electoral para señalar que el Ejecutivo tendría capacidad financiera para impulsar ese tipo de procesos.
“Ustedes se acordarán de que yo ahorré a los costarricenses casi más de ¢11.000 millones en la campaña electoral. Yo creo que con esa plata me alcanza para financiar un par de referéndums”, afirmó.
Celebrar una consulta de este tipo cuesta aproximadamente ¢3.000 millones, de acuerdo con estimaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
No obstante, insistió en que su apuesta principal continúa siendo la vía legislativa.
La presidenta adelantó que este martes recibirá en Casa Presidencial a las fracciones de oposición para conversar sobre seguridad y las reformas que impulsa el Ejecutivo.
Por su parte, el 30 de mayo convocará a los 31 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) a una encerrona de trabajo, “para ver los datos reales sobre cómo está la seguridad pública”.
¿Cómo podría Fernández impulsar un referéndum?
La legislación costarricense contempla tres vías para convocar un referéndum. La primera es mediante la Asamblea Legislativa, mecanismo que requiere el respaldo de dos terceras partes del Congreso, es decir, 38 diputados.
No obstante, actualmente el PPSO cuenta con 31 diputados, por lo que el Gobierno no alcanzaría por sí solo los votos necesarios para activar esa modalidad.
La segunda opción es una iniciativa conjunta entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. En este caso se requiere mayoría absoluta del Congreso, equivalente a 29 votos, cifra que el oficialismo sí alcanza.
La tercera vía es mediante iniciativa ciudadana. Para ello se necesita recolectar firmas equivalentes al 5% del padrón electoral, unas 178.000 aproximadamente.
En cualquiera de los escenarios, el proceso debe pasar por revisión y supervisión del TSE, institución encargada de organizar y presupuestar eventuales consultas populares.
