Solo cinco partidos políticos podrán recibir dinero del Estado para cubrir los gastos de campaña de las elecciones nacionales del 2026. Así ocurrirá porque el dinero de la deuda política depende de un umbral fijado en la Constitución Política sobre la cantidad de votos.
En esta ocasión, únicamente accederán al financiamiento estatal los partidos Pueblo Soberano (PPSO), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Según la Constitución, pueden acceder a la deuda política las agrupaciones que alcancen al menos un 4% de los sufragios válidamente emitidos a escala nacional o en la respectiva provincia, o bien, los partidos que obtuvieran al menos un diputado.
Tras los comicios nacionales del 2026, no cumplen con esos criterios partidos como Avanza, Nueva República (PNR), Unidos Podemos (UP) y Liberal Progresista (PLP), que se quedan sin el recurso estatal.
En cambio, Pueblo Soberano podría recibir un máximo de ¢20.119 millones, una cifra equivalente al presupuesto anual de un ministerio pequeño, como el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
Le siguen el PLN, con ¢12.251 millones; el Frente Amplio, con ¢3.424 millones; el PUSC, con ¢1.580 millones; y la Coalición Agenda Ciudadana, con ¢1.917 millones.
No reciben el dinero en automático: hay dos factores que inciden
Pese a los resultados obtenidos en los comicios, esto no significa que los cinco partidos con derecho a deuda política recibirán dichas cantidades de dinero de forma automática, pues existen dos factores a tomar en cuenta.
1. Dinero para reserva
El primer factor es que parte del dinero se destina a la reserva de gastos de organización y capacitación que cada partido define en su estatuto. Por ejemplo, Pueblo Soberano estableció un 20%, de manera que ¢4.023 millones se van para ese fondo.
El PLN definió un 17%, que esta vez equivaldrá a ¢2.082 millones.
En el caso del FA, la reserva es de un 25% (¢856 millones); y en el PUSC, de un 13% (¢205 millones).
La Coalición, por su parte, estableció que la deuda política se distribuirá de la siguiente manera: un 80% para el Partido Acción Ciudadana (PAC) y un 20% para Agenda Democrática Nacional (20%). El PAC previó un 20% para su reserva.
2. Liquidación de gastos
El segundo factor es la liquidación y verificación de gastos. Los partidos deben justificar ante el TSE los gastos en que incurrieron en la campaña electoral y este órgano debe verificar que se trate de gastos reales, legales y razonables.
A su vez, la legislación electoral establece que si un partido gastó menos de lo que puede cobrar, la diferencia queda a favor del Estado. De esa manera, las agrupaciones solo podrían sumar a su reserva la diferencia entre lo que liquidaron y los gastos verificados por el TSE.
Siguiendo el ejemplo del PPSO, de los ¢20.119 millones, una primera parte de ¢4.023 millones quedaría para la reserva. Luego, si esta agrupación cobrara solo ¢2.500 millones en gastos, por ejemplo, al Estado le quedarían casi ¢13.600 millones de ahorro.
Mayuli Ortega, presidenta del PPSO, indicó que aún no tienen el dato exacto de lo que se pediría reembolsar, pues se sigue trabajando en ello.
En las tiendas del PLN, la tesorera, Annie Saborío, indicó que también trabajan en cancelar contratos, liquidación de combustibles y alimentación. “Es un proceso complejo que requiere mucho orden para pasarlo al TSE”, declaró.
¿Saldrían bien estos partidos con sus cuentas?
El PPSO sale holgado con sus cuentas. La agrupación había colocado bonos por al menos ¢1.134 millones, los cuales quedarían totalmente cubiertos con el aporte estatal.
Liberación se financió con un crédito por ¢3.400 millones del Banco BCT, el cual también quedaría cubierto.
El Frente Amplio había accedido a un préstamo del BCT con un tope de ¢900 millones, de los cuales había recibido un primer desembolso de ¢400 millones, de acuerdo con datos publicados por La Nación en enero. Su aporte estatal sería suficiente para afrontar la obligación bancaria.
En el caso del PUSC, el mismo banco le había aprobado una línea de crédito con un tope de ¢2.000 millones y finalmente le giró ¢1.200 millones.
Además de los préstamos bancarios, el PLN y la Coalición además habían accedido al financiamiento anticipado de la deuda estatal del TSE por ¢235 millones cada uno, los cuales quedarían cubiertos en cada caso.
Asimismo, la CAC había colocado bonos por al menos ¢205 millones.
Una situación diferente afrontará Nueva República, que obtuvo un financiamiento adelantado de ¢200 millones, pero ahora no recibirá deuda política. El TSE podrá ejecutar la garantía puesta por el partido mediante el Banco Promerica.
¿Cuánto dinero se reparte y cómo se asigna?
Para esta elección, los diputados aprobaron una reducción en el monto que se destina a la campaña. Bajaron la cifra de un 0,19% a un 0,11% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a los comicios.
Debido a lo anterior, la partida total quedó en ¢39.292 millones. Si no se hubiese hecho el recorte, el monto habría sido de más de ¢93.000 millones.
Para calcular cuánto dinero le corresponde a cada partido, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) primero debe dividir el dinero de la contribución estatal entre el total de votos válidos de los partidos políticos que alcanzaron el derecho a recibir aporte estatal, tanto los sufragios para presidente como para diputados.
Con esa fórmula, se obtiene el monto por cada voto, que en esta ocasión sería de ¢8.873. Luego, se multiplica esta cifra por la cantidad de votos obtenida por cada agrupación.
Así, por ejemplo, a Pueblo Soberano le corresponden ¢20.119 millones porque obtuvo 2.267.404 votos.
Hace cuatro años, para los comicios del 2022, se había asignado un monto mucho más bajo, pues el aporte estatal se había reducido a un 0,085% del PIB, que en aquel momento equivalían a ¢19.791 millones.