La Sala Constitucional tramita dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos del gobierno de Rodrigo Chaves con Estados Unidos. Uno de ellos ya fue acogido para estudio, mientras que los otros dos están en admisibilidad.
Las gestiones cuestionan la declaración conjunta que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, firmó el pasado 5 de marzo con Estados Unidos y 15 países más del continente americano, con el objetivo de suscribir el principio de “paz a través de la fuerza” para el hemisferio occidental.
Solo dos días después, el mandatario Chaves acudió a la conferencia denominada “Escudo de las Américas”, en territorio norteamericano y presidida por su homólogo Donald Trump, para conversar sobre esa iniciativa, la cual consistiría en el uso de fuerza militar estadounidense en países de Latinoamérica que autoricen ese tipo de incursión, aunque el texto difundido por la Casa Blanca no establece los signatarios.
La gestión que ya se encuentra bajo estudio, es un recuro de amparo, el cual se tramita bajo el N.° expediente 26-008255-0007-CO. Los magistrados dieron tres días hábiles a la Casa Presidencial para que se refiera a los hechos recurridos.
La Nación solicitó a Zapote remitir el texto firmado o apoyado por el mandatario del 7 de marzo, así como el alcance formal de su participación. Sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
Detalle de las gestiones
- Recurso de amparo (expediente N.° 26-008255-0007-CO)
El amparo fue interpuesto por seis recurrentes contra el Ministerio de Seguridad Pública y la Presidencia de la República. Cuestionaron la suscripción de la “Declaración Conjunta de Seguridad” realizada el 5 de marzo del 2026 en Doral, Florida. Esta es la gestión que ya fue acogida para estudio.
“Los recurrentes sostienen que la declaración que suscribió el ministro de Seguridad Pública vincularía a Costa Rica con una concepción de seguridad hemisférica de carácter militar (...). Alegan que esa suscripción generó efectos jurídicos y políticos al relacionar al país con un esquema de seguridad regional que considera incompatible con el ordenamiento jurídico costarricense", explicó la Sala ante una consulta de este diario.
También adujeron que se firmó el documento sin consulta ni autorización de la Asamblea Legislativa y sin que hubiese sido analizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su criterio, ese acto podría contravenir diversos principios constitucionales, además de la abolición del ejército y la neutralidad perpetua, activa y no armada del Estado costarricense.
Los recurrentes solicitaron que se anule el acto impugnado y se disponga del retiro formal del Estado de la declaración.
- Recurso de amparo (expediente N.° 26-008226-0007-CO)
Se trata de un recurso de amparo contra el presidente de la República y el Estado. Se cuestiona la firma de la “Joint Security Declaration” suscrita el 5 de marzo del 2026. Se encuentra en estudio de admisibilidad.
Según el recurrente, se violenta el artículo 7 de la Constitución Política (relacionado con tratados internacionales). Además de la Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada de 1983, y el derecho a la paz.
Se alegó que posterior al documento firmado por Zamora, el 7 de marzo, Donald Trump, afirmó públicamente que la iniciativa implicaría la creación de una coalición militar.
Solicitó a los magistrados anular la firma en la declaración y que se ordene al gobierno comunicar a Estados Unidos y a los demás países firmantes el retiro de Costa Rica de esa alianza.
- Acción de inconstitucionalidad (expediente N.° 26-008212-0007-CO)
Se encuentra en estudio de admisibilidad. Se trata de una acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario general del Partido Liberación (PLN), Miguel Guillén.
Cuestiona el acuerdo firmado en Doral, Florida y la alianza pactada el 7 de marzo entre Trump y otros países latinoamericanos, incluido Costa Rica, relativo a una supuesta vinculación militar.
Guillén sostuvo que esos actos deben analizarse de forma conjunta porque constituirían una secuencia de decisiones del Poder Ejecutivo orientadas a incorporar a Costa Rica a un esquema de seguridad hemisférica con implicaciones militares.
Según el liberacionista, se vulneran principios constitucionales como la abolición del Ejército y normas del derecho internacional; así como la sentencia 2004-09992 de la Sala IV, en la que declaró inconstitucional el apoyo del país a la coalición internacional que respaldó la invasión a Irak.
Guillén solicitó que se declaren inconstitucionales y nulos los actos del Poder Ejecutivo mediante los cuales Costa Rica fue vinculada a la “Joint Security Declaration” del 5 de marzo del 2026 y a la coalición hemisférica anunciada dos días después.
Además, pidió que el Poder Ejecutivo realice las gestiones diplomáticas necesarias para retirar cualquier manifestación internacional que presente a Costa Rica como integrante de dicha coalición.