El secretario del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de las vinculaciones realizadas por el Poder Ejecutivo, en la declaración de seguridad y la creación de una “nueva coalición militar” para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina, firmada este sábado por varios países de la región en un encuentro con el presidente Donald Trump en el que también participó Rodrigo Chaves.
En el acción, Guillén asegura que una declaración de este tipo va en contra del artículo 12 de la Constitución Política, que proscribe el ejército, “así como con los principios pacifistas y civilistas que han definido históricamente al Estado costarricense”.
“La lucha contra el crimen organizado es necesaria, pero no puede justificar que el país sea incorporado, por decisión unilateral del Ejecutivo, a esquemas de cooperación militar incompatibles con nuestro orden constitucional”, añade el texto.
Los actos impugnados incluyen la “Declaración Conjunta de Seguridad”, firmada por el jerarca de Seguridad Pública, Mario Zamora el pasado 5 de marzo, en la que se establece que los firmantes declaran su intención de ampliar ampliar las relaciones de seguridad y defensa en el hemisferio occidental, cooperar en seguridad fronteriza, narcoterrorismo e infraestructura crítica y promover la doctrina de “paz a través de la fuerza”.
También se busca que se declare inconstitucional, la participación del presidente costarricense en la cumbre realizada este sábado, donde el mandatario de Estados Unidos anunció la creación de la coalición hemisférica para combatir los carteles del narcotráfico.
Hasta ahora, Casa Presidencial no ha confirmado si Chaves firmó la adhesión al acuerdo, a pesar de que este medio solicitó la aclaración desde horas de la mañana.
En el recurso de Guillén se añade que pronunciamientos “oficiales” estadounidense señalaron que el combate contra los carteles requiere “poder militar, y que la iniciativa hemisférica busca movilizar recursos militares en la región”.
“Se trata de actos políticos que pretenden incorporar a Costa Rica a un esquema de seguridad hemisférica con implicaciones militares”, agrega la acción presentada ante la Sala.
Según el secretario del PLN, la eventual integración de Costa Rica a una coalición militar hemisférica contraviene directamente el espíritu y la finalidad de la disposición constitucional sobre la abolición del ejército.
Además advierte sobre la posible violación de los artículos 121, 146 y 147 de la Constitución Política, que establece que la Asamblea Legislativa posee competencias exclusivas en aprobación de tratados internacionales, autorización para ingreso de tropas extranjeras y organización del ejército en caso excepcional.
Esa misma acción señala la posible violación de artículos que determinan el principio de legalidad y división de poderes.
“Ningún funcionario público puede ejercer atribuciones que no estén expresamente conferidas por la ley. La firma de instrumentos que comprometen la política de defensa del Estado sin autorización constitucional constituye un exceso manifiesto de poder”, agrega el escrito.
En la solicitud, el Secretario de PLN pide que se declaren inconstitucionales y nulos los actos del Poder Ejecutivos señalados, además que se declare que Costa Rica no puede integrarse a coaliciones militares internacionales sin autorización constitucional expresa y ordenarle al Ejecutivo que realice las gestiones diplomáticas necesarias para aclarar o retirar cualquier manifestación que presente al país como parte de esa coalición.