La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) instó a la presidenta Laura Fernández a convocar el proyecto de ley presentado por la anterior bancada verdiblanca, que propone ampliar el retiro anticipado de los fondos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
El jefe de la bancada liberacionista, Álvaro Ramírez, afirmó que la solicitud fue planteada tanto a la mandataria como a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, con el fin de que la iniciativa sea incluida en la convocatoria de proyectos durante las sesiones extraordinarias, y discutida en el plenario.
Asimismo, los verdiblancos recordaron a la gobernante que, durante la campaña electoral, se manifestó a favor de la devolución de los recursos del ROP.
“Queremos que ese proyecto se discuta, queremos que ese proyecto se vote y que doña Laura, que se lo ofreció a los costarricenses en campaña, cumpla su palabra y podamos hacer de este proyecto una realidad”, declaró Ramírez, el pasado 12 de mayo, en un video publicado en las redes sociales de la fracción.
Desde el 1.º de mayo y hasta el 31 de julio, el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda de expedientes que conoce el Congreso. Sin embargo, Fernández excluyó de su primera convocatoria como mandataria los tres proyectos en la corriente legislativa que buscan permitir el retiro total o acelerado de los recursos del ROP.
Ramírez alegó que, ante la falta de aumentos en salarios y pensiones, las personas requieren un alivio económico, y que la entrega del ROP “es una manera muy directa de brindar ese alivio que merecen los costarricenses”.
¿Qué proponen los proyectos?
El expediente N.° 25.003 fue presentado por el exdiputado y exjefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, quien, tras concluir su periodo de cuatro años, permanece vinculado a la bancada verdiblanca como su director político.
Propone reformar el transitorio XIX de Ley de Protección al Trabajador, el cual establece en la actualidad, que las personas que obtuvieron el derecho a pensión antes del 1.° de enero de 2021 pueden recibir una mensualidad durante 30 meses, hasta agotar el saldo acumulado en el ROP, o bien optar por un retiro acelerado en cuatro tractos.
El texto de Izquierdo extiende su aplicación a quienes se jubilen entre el 1.° de enero de 2021 y el 18 de febrero de 2030.
Además, quienes se pensionen bajo este transitorio podrán acogerse a dos modalidades adicionales de retiro que no estaban previstas en el texto original:
- Retirar los recursos mediante rentas temporales por un plazo equivalente al número de cuotas aportadas, conocida como renta “a plazo cotizado”.
- Cuando el monto que genere el ROP sea inferior al 20% de la pensión mínima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, se tomará ese porcentaje como referencia base. En ese caso, la persona recibirá mensualmente esa suma (20% de la pensión mínima del IVM) hasta agotar el saldo acumulado en su cuenta, sin que incida la cantidad de aportes realizados. Actualmente, la pensión mínima es de ¢160.000.
En la corriente legislativa también se encuentran otros dos expedientes presentados por otras dos exdiputadas del periodo 2022-2026. Uno de la oficialista Ada Acuña y el otro de Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA).
La impulsada por Acuña, tramitada bajo el expediente 24.984, propone reformar el artículo 22 de la Ley de Protección al Trabajador para que diga que cuando la tasa de reemplazo otorgada por la pensión del IVM o los regímenes sustitutos (Poder Judicial y Magisterio Nacional) sea superior al 52,5% del salario de referencia, el jubilado puede retirar todo el ROP y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses, contabilizados a partir de la solicitud.
Por su parte, el proyecto 24.972, de Alfaro, se enfoca en modificar el transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador para que se lea que los afiliados al ROP que se pensionen del 1.° de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2029 puedan retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales mediante rentas temporales durante un plazo de 24 meses, hasta agotar el fondo.
Los entes técnicos se han pronunciado en contra de las propuestas para permitir el retiro total o acelerado del ROP, por el eventual impacto fiscal y macroeconómico que provocaría la liberación de esos fondos. En esta línea se pronunciaron el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y también el Fondo Monetario Internacional (FMI).