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La presidenta Laura Fernández dejó fuera de su convocatoria para las sesiones extraodinarias las iniciativas de ley que buscan permitir el retiro total o acelerado de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Desde el 1.° de mayo, el Poder Ejecutivo controla la agenda del Congreso.
Los tres proyectos —dictaminados en la pasada Asamblea Legislativa, uno en la Comisión de Jurídicos y dos en la de Asuntos Sociales— fueron excluidos tanto de la última convocatoria realizada por el expresidente Rodrigo Chaves antes de dejar el poder. Igual suerte corrieron en la primera convocatoria hecha por Fernández.
La eventual aprobación o archivo de estas iniciativas queda en manos del oficialismo, cuyos 31 votos resultan determinantes para su futuro. Las propuestas fueron impulsadas por las anteriores fracciones de Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y por la exdiputada chavista Ada Acuña.
Este origen político eleva las probabilidades de que los expedientes consigan respaldo legislativo. Tanto el PLN como el FA mantienen representación en el Congreso, mientras que el oficialista Pueblo Soberano (PPSO) podría retomar la iniciativa promovida por la exlegisladora de gobierno.
Los proyectos
A esto se suma que en el caso de los verdiblancos, el expediente N.° 25.003 fue promovido por Óscar Izquierdo, quien, tras concluir su periodo de cuatro años, permanece vinculado a la fracción como director político de la fracción.
La iniciativa de Acuña, tramitada bajo el expediente 24.984, propone reformar el artículo 22 de la Ley de Protección al Trabajador para que diga que cuando la tasa de reemplazo otorgada por la pensión del IVM o los regímenes sustitutos (Poder Judicial y Magisterio Nacional) sea superior al 52,5% del salario de referencia, el jubilado puede retirar todo el ROP y sus rendimientos en un plazo máximo de seis meses, contabilizados a partir de la solicitud.
Por su parte, el proyecto 24.972, de la frenteamplista Rocío Alfaro, impulsa una modificación al transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador para que se lea que los afiliados al ROP que se pensionen del 1.° de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2029 puedan retirar los fondos acumulados en sus cuentas individuales mediante rentas temporales durante un plazo de 24 meses, hasta agotar el fondo.
Tanto Chaves como Fernández han sido poco claros respecto a sus respectivas posiciones en cuanto a la aprobación de los proyectos relacionados con el retiro del ROP. Cuando La Nación consultó al entonces presidente si firmaría una ley para la entrega total de los recursos del fondo de pensiones, dijo que “la posibilidad de que a mí me llegue la devolución total del ROP es igual a la posibilidad de una tormenta de nieve en Carrillo, Guanacaste, un 15 de abril”.
Por su parte, antes de que asumiera el gobierno, Fernández aseguró estar "absolutamente de acuerdo en la devolución del ROP“, pero matizó su posición, luego que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central emitieron criterios negativos sobre la posibilidad de que los jubilados hagan un retiro total de esos dineros.
En aquel momento, indicó que la entrega de ese dinero “tiene que ser sustentada en estudios técnicos, en criterios. Usted, por entregar el ROP, de un solo tiro, no puede generar un problema económico en el corto plazo”.
¿Qué sí se convocó?
La convocatoria de proyectos del Poder Ejecutivo, que reúne iniciativas priorizadas por Chaves y Fernández, se concentra principalmente en créditos internacionales —como el del tren eléctrico de pasajeros— y en acuerdos internacionales, incluidos instrumentos de carácter comercial como el tratado de libre comercio con Israel.
También está el primer presupuesto extraordinario, así como las propuestas legales de reforma promovidas desde el oficialismo. Estas incluyen la ley de creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el establecimiento de un tope a todas las pensiones del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y aquellas con cargo al Presupuesto Nacional, para equipararlas al límite que se paga por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Igualmente, figura entre las prioridades el expediente para autorizar endeudamiento a través de títulos valores en el mercado internacional, más conocidos como eurobonos, por un monto de $13.500 millones por nueve años, a razón de $1.500 por año.
Otro proyecto incluido en la agenda legislativa, pero que fue posteriormente retirado, fue la propuesta del gobierno para modificar el cálculo del monto que las concesionarias deben pagar por el impuesto anual de radiodifusión. El texto propone fijar un canon anual de 7,73% de los ingresos brutos a las concesionarias de frecuencias de televisión, y un 3,13% de los ingresos brutos a las concesionarias de radio.
