La llegada del primer periodo de sesiones ordinarias a la Asamblea Legislativa plantea un gran dilema a las fracciones políticas, que entre agosto y octubre deben resolver el acertijo de lograr acuerdos entre un oficialismo confiado en su superioridad numérica en el plenario y una oposición que aspira a tener una marcada presencia dentro de la agenda legislativa.
Aunque la aprobación de algunos proyectos de ley relevantes en el primer trimestre de este periodo legislativo podría considerarse una buena señal, en el sentido de que es posible darse la mano y superar las diferencias, hay mucho de impredecible en la ruta que podría seguir el Partido Pueblo Soberano (PPSO), bancada poco apegada a las costumbres parlamentarias.
La primera de las costumbres rotas por el oficialismo fue la de respetar, desde la presidencia legislativa que ejerce la diputada Yara Jiménez, la asignación de diputados a las comisiones del Congreso de acuerdo con la solicitud de las diferentes bancadas, en sintonía con la experiencia profesional y el conocimiento de los legisladores.
Ese inédito conflicto generó que las fracciones de oposición llevaran sus reclamos contra Jiménez hasta la Sala Constitucional, lo que también es poco usual en la Asamblea.
Aplausos efusivos, poquísimas intervenciones en la discusión de proyectos de ley y quejas constantes por las disertaciones de los legisladores de la oposición son parte de las actitudes del PPSO en sus primeros tres meses de labores parlamentarias.
Además, una integración que les permite a los oficialistas ganar la amplia mayoría de las votaciones y quedarse con casi la totalidad de las presidencias de las comisiones parlamentarias siembra la duda sobre el margen que existe para la negociación política.
Consensos en medio de controversias
Tal como lo establece la ley, los tres primeros meses de un año legislativo, de mayo a julio, es el Poder Ejecutivo el que decide cuáles expedientes pueden discutir los congresistas, en lo que se conoce como primer periodo de sesiones extraordinarias.
En ese trimestre, los diputados aprobaron 16 proyectos de ley en segundo debate, en medio de controversias como el archivo oficialista de la acusación de presunto abuso sexual por parte del exdiputado Fabricio Alvarado, el bloqueo a la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, la mencionada integración de comisiones legislativas, las mociones sobre Crucitas y los recortes a programas sociales hechos por el oficialismo.
De los proyectos aprobados, los más relevantes fueron tres créditos internacionales, uno de ellos para financiar el tren eléctrico, y la reforma a la ley de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) que permitirá la construcción de la marina en Limón.
De hecho, esa reforma de Japdeva requirió una negociación entre todas las fracciones, que se logró mediante diálogo entre oficialismo y oposición, lo que no ha sido todavía posible para temas como la autorización de la minería en Crucitas o el plan sobre armonización eléctrica.
El politólogo Daniel Calvo destaca que solo tres de los expedientes votados realmente dividieron al plenario y se votaron apenas con la mayoría oficialista: el Primer Presupuesto Extraordinario de 2026 y las ratificaciones de los nombramientos hechos por el Consejo de Gobierno para el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom).
“Estos resultados invitan a matizar la narrativa sobre una supuesta oposición sistemáticamente obstruccionista. Si bien Crucitas o armonización eléctrica han enfrentado una fuerte resistencia, los datos muestran que, en la mayoría de las iniciativas impulsadas durante este periodo extraordinario, existieron amplios consensos legislativos”, señaló Calvo.
Por otra parte, en el primer periodo de sesiones ordinarias, de agosto a octubre, es un imperativo mayor que se logren acuerdos entre las fracciones para que los proyectos se conviertan en leyes o puedan avanzar en las diferentes comisiones parlamentarias.
Nogui Acosta: Es posible generar acuerdos
Aunque reconoce las innegables diferencias entre oficialismo y el bloque de fracciones de la oposición, principalmente en temas de control político, el jefe de Pueblo Soberano, Nogui Acosta, aseguró que no solo es posible sentarse a conversar y acordar las agendas, sino también que es prácticamente obligatorio, tal como está construido el Reglamento del Congreso.
“La Asamblea, por definición, y por la forma en que se estructura el orden del día, te obliga a sentarte a conversar sobre qué se va a discutir en uno y otro momento y eso va a reflejar los intereses y la oportunidad de las diferentes fracciones”, dijo el exministro de Hacienda.
De hecho, Acosta hace referencia al artículo 36 del Reglamento legislativo, donde se establece que es responsabilidad de los voceros de las fracciones elaborar la agenda de primeros debates para el plenario en proporción al número de diputados que tiene cada bancada política.
“Para estos efectos, se utilizará el sistema de redondeo a la unidad entera más próxima. En todo caso, toda fracción tendrá el derecho de que se le incluya, al menos, un proyecto de su interés”, dice la norma, lo que implica que incluso las fracciones unipersonales pueden incluir un expediente en la agenda.
Nogui Acosta aseguró que hay un espacio importante para construir la lista de proyectos y ordenar el debate con base en el artículo 36, que precisamente les aseguraría a los oficialistas la mayoría de los proyectos.
“No hemos conversado de eso, porque apenas estamos entrando en ordinarias. Todavía no estamos claros de todos los proyectos que se puedan poner a despacho, por lo que preferimos un par de semanas antes de ver cómo quedaría la agenda”, comentó el vocero del gobierno.
Optimismo de la oposición
Aunque José María Villalta, jefe del FA, considera que las extraordinarias fueron poco productivas, por cierta falta de negociación de parte del Ejecutivo, destacó la conversación entre fracciones que permitió mejorar varios proyectos de ley.
“En ordinarias espero que sea distinto, se pongan las agendas de todas las fracciones y entiendan que hay que construir acuerdos, dialogar y negociar. No se puede pretender hacer mesa gallega en la Asamblea”, comentó Villalta.
Mientras tanto, el liberacionista Álvaro Ramírez anunció que el PLN va a insistir en una agenda centrada en los problemas reales de la gente, como seguridad, listas de espera médicas, soluciones al agro y educación.
“Mi expectativa es que logremos avanzar en leyes que preocupan a la población, que requieren decisiones urgentes”, dijo Abril Gordienko, del PUSC.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), planteó que todavía se podría avanzar mucho más si hubiera mayor capacidad de negociación del oficialismo, por lo que espera que en las sesiones ordinarias se pueda dar prioridad a temas de educación, competitividad, generación de empleo y seguridad pública.