El jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, impulsará cambios profundos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tratando de aprovechar los 31 votos que tiene el oficialismo en el plenario del Congreso.
Así lo afirmó en entrevista con La Nación, donde Acosta planteó la necesidad de hacer una revisión profunda en la gobernanza de la institución encargada de velar por la salud y las pensiones de los costarricenses.
También abogó por una evaluación sobre la verdadera necesidad de tanta infraestructura hospitalaria, las cargas sociales que pagan los costarricenses para financiar los seguros de salud y las pensiones, y sobre si el Estado debe pagar por todo eso.
Consultados sobre la intenciones del oficialismo de acometer reformas en la CCSS, los jefes de las fracciones de oposición reaccionaron con cautela a la espera de conocer el detalle de las reformas que el PPSO pondría sobre la mesa.
Aportes a pensiones del IVM
Una de las principales quejas del diputado de gobierno es que, 80 años después de creado el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), no se han encontrado soluciones para un sistema pensado para una población con una expectativa de vida al nacer mucho más baja que la de hoy.
Acosta planteó su visión sobre este tema luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtiera, a inicios de junio, sobre el agotamiento de las reservas del seguro de enfermedad y maternidad, a partir del 2029, y del IVM a partir del 2037.
Dicho panorama obligaría al Estado a cubrir el millonario el faltante, tal como lo establece la Constitución Política.
“La Caja se va a mantener, pero ¿cuál Caja y con qué plata?“, se preguntó el diputado.
Su respuesta es que de dónde va a sacar dinero el Estado para cubrir tales obligaciones, cuando tiene un persistente déficit financiero. Por ello, declaró que la reforma al Estado no es opcional sino obligatoria.
“Tenemos que empezar a pensar en cuál es el nuevo contrato social que el Estado es capaz de financiar y decirle a la gente que es necesario trabajar sobre eso”, manifestó.
Aseguró que es su obligación acometer la reforma, con los 31 votos que tiene bajo la tienda oficialista. En ese sentido, sostuvo que la primera de esas reformas tiene que centrarse en hacer algo para financiar la CCSS.
El vocero de Pueblo Soberano cuestionó que el Estado contribuya para pensiones de ¢250.000, pero también para quienes tienen un salario de ¢10 millones, lo cual no considera razonable.
“Hay que cambiar el papel del Estado y eso significa que vamos a tener que evolucionar hacia una pensión mínima, complementada con el ROP (Régimen Obligatorio de Pensión) y las personas van a tener que ahorrar para una pensión mayor”, señaló.
Revisión de la infraestructura hospitalaria
En el caso del seguro de salud y maternidad, Nogui Acosta aseguró que se debe tomar en cuenta el impacto demográfico del envejecimiento porque “ya llegamos al límite natural de Costa Rica, ya no crecemos”. La pregunta que hace el jefe de Pueblo Soberano es si el país tiene la infraestructura que requiere, si ya no es necesaria más, debido a las tendencias demográficas.
“Hoy somos 5.400.000 personas. A la vuelta de la esquina, en el 2100, vamos a ser 3.400.000. ¿Qué infraestructura estamos construyendo, si los hospitales tienen más de 100 años? Hay que tener visión de cómo se están haciendo las cosas", aseveró el congresista.
Adicionalmente, Acosta cuestionó que hay listas de espera y una serie de cosas que no se están haciendo, cuando la CCSS tiene una infraestructura que no se está usando.
“Hay que hacerle una reforma importante a la Caja, con o sin la oposición, independientemente de que digan que hay una autonomía constitucional de la CCSS, por la simple razón de que en 2027 vamos a tener que poner plata", indicó.
Acosta recordó que él fue declarado no grato en Puntarenas, por haber afirmado que era una barbaridad hacer el hospital más grande de Centroamérica en esa ciudad.
“Tienen razón en que merecen infraestructura adecuada. La pregunta es si era la adecuada para el país. También hicimos un hospital en Turrialba sobredimensionado”, sostuvo.
‘Hay que cambiar la gobernanza’
En sintonía con los frecuentes comentarios hechos por la presidenta de la República, Laura Fernández, sobre la gobernanza de la CCSS, es decir, la composición de su Junta Directiva, Nogui Acosta también cuestionó las funciones de los nueve miembros de ese órgano colegiado.
Actualmente, integran la junta tres representantes del gobierno, tres del sector laboral y tres del sector empresarial.
Tanto en la conferencia del miércoles 10 de junio como en la del miércoles 17, la mandataria lanzó fuertes ataques contra los representantes de los trabajadores en la directiva de la CCSS, en particular los sindicalistas, cooperativistas y solidaristas, a quienes acusó de “llegar a defender su argolla”.
Fernández aseguró que los miembros de la Junta Directiva de la Caja deberían ser CEO (Chief Executivo Officer, por sus siglas en inglés), para tomar decisiones sobre las pensiones y la salud de las personas.
En entrevista con La Nación, Nogui Acosta cuestionó que los representantes patronales no sean responsables de las visiones estratégicas y terminen aprobando compras de televisores, que los tres voceros laborales tengan la potestad de definir la política salarial, mientras los tres del gobierno tienen obligación de darle respuestas a las personas.
“Necesitamos directores independientes, con visión”, expresó Acosta.
En medio de las críticas del gobierno contra la directiva de la CCSS, la exdiputada del Frente Amplio Rocío Alfaro fue nombrada como representante sindical en dicho órgano.
Alfaro aseguró que, entre sus principales preocupaciones, están el financiamiento de la institución y el ordenamiento de los procesos internos de la CCSS.
Pago del Estado; cargas sociales
Nogui Acosta aseguró que la CCSS tiene dinero, porque todos los meses rebajan una parte del salario que va directo a la institución, más lo que aporta el Estado. Pero sostuvo que lo que el Estado no puede afrontar es el aumento de las cuotas.
“Todo el tiempo, la Caja empezó a subir las cuotas y el Estado no tenía capacidad. Entonces, vamos a ver cuánto es la plata que efectivamente requiere la CCSS, porque se universalizó el seguro de niños, y nadie sabe cómo se hace ese cálculo. Se mandó una factura y nadie preguntó cómo iba a pagar el Estado”, cuestionó.
A juicio del jefe oficialista, propuestas como la del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para reducir de tajo las cargas sociales abre la discusión de con qué se sustituye una fuente importante de financiamiento para programas sociales del Estado.
“Hay una base mínima contributiva por encima del salario mínimo. Eso genera un desincentivo, y está todo el aparato social del país financiado con cargas sociales a la planilla.
“Es un círculo vicioso: usted sube cuotas, se vuelve informal la gente, hay menos ingresos, vuelven a subir las cuotas”, expuso. Agregó que la discusión no es si el Estado paga o no, sino cuánto necesita la CCSS para sus costos.
