No me gusta lo que veo y no creo que a alguien le guste, pero tampoco lo podemos obviar: el más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Costa Rica trae pésimas noticias y no ganamos nada con ocultarlas. El tiempo apremia.
Si los cálculos del FMI son correctos, en solo dos años el gobierno tendrá que estar buscando ¢400.000 millones para cubrir el faltante financiero que tendrá el sistema de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el 2029 por el aumento de los costos de tecnologías médicas, el crecimiento de los gastos laborales y el envejecimiento poblacional.
Esa sería la primera vez en que se aplicaría lo previsto en el artículo 177 de la Constitución Política, el cual establece que, ante el faltante de recursos en la seguridad social, el Poder Ejecutivo deberá asumir el déficit anual vía Presupuesto Nacional. Es como que a una familia endeudada le digan que también tendrá que pagar gastos de un pariente que entró en crisis.
A partir del 2029, según el FMI, el aporte se irá incrementando de forma exponencial, pero además, en el 2037, el gobierno también tendrá que empezar a cubrir el déficit en el sistema de pensiones de la CCSS, aunque la propia Caja estima que eso ocurrirá mucho antes.
Las necesidades para cubrir ambas brechas alcanzarían ¢2,8 billones en el 2050, de acuerdo con el Fondo; ese es un monto que hoy es materialmente imposible de pagar para el Estado, pues equivale a más del 20% del Presupuesto Nacional.
Incluso los ¢400.000 millones que se requerirían para el 2029 están pegados del techo, a menos que se financien con emisión de deuda pública.
La CCSS había propuesto crear un impuesto a las comidas rápidas y productos con alto contenido calórico para financiar el déficit del seguro de salud, o bien, elevar el impuesto sobre el valor agregado (IVA).
En el caso de pensiones, al igual que la CCSS, el FMI aboga por reducir beneficios para no elevar las cargas de trabajadores y patronos. Esto podría implicar reducir montos de jubilaciones o exigir más cuotas para retirarse.
A ello se suma que la recaudación de impuestos está bajando y se prevé que el país alcance su nivel más bajo de los últimos 20 años en el 2031, además de que la deuda pública de nuevo supera el 60% del PIB y un alza en el tipo de cambio tendría fuertes repercusiones, debido al endeudamiento externo.
¿Y ahora qué hacemos? El FMI recomendó tomar medidas como subir el IVA a la canasta básica del 1% al 13%, además de aumentar el impuesto a los salarios y gravar el bono escolar, entre otras medidas. Diputados de oposición rechazaron de plano las sugerencias, mientras el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, dijo que le presentaría un plan fiscal a la presidenta Laura Fernández.
Si hay un tema impopular, es el de los impuestos, y ni qué decir de un eventual impago de pensiones. Por su parte, el deterioro paulatino de los servicios públicos causa un daño profundo en la gente, aunque de una forma un tanto más inadvertida, permitiendo patear la bola.
Hay que respirar y analizar los números en frío y con madurez:
- Se pueden cortar gastos, pero a quién.
- Se pueden vender cosas, pero cuáles.
- Se pueden subir impuestos o eliminar exoneraciones, pero a quiénes.
- Se puede apostar por reducir la evasión, pero más bien ha estado subiendo mediante el Sinpe Móvil, según dijo un viceministro.
En fin, se requiere de política serena y realista, no de venganzas, para resolver el problema. Para eso se necesita diálogo y participación.
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Esteban Oviedo es jefe de Redacción de La Nación.
