La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) propuso la creación de un impuesto a la salud, que podría incluir cargas sobre comidas rápidas y productos con alto contenido calórico, o elevar el impuesto sobre el valor agregado (IVA) como alternativas para sostener la atención médica del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) en Costa Rica.
Ambas opciones forman parte de la nueva Política Institucional de Sostenibilidad del Seguro de Salud 2025-2033, aprobada el 5 de marzo en la sesión N.° 9588 de la Junta Directiva de la institución autónoma.
Este nuevo instrumento incluye estrategias, programas y proyectos orientados a mejorar la cobertura, los ingresos y la eficiencia de los servicios del SEM durante los próximos ocho años.
Una de las principales líneas de acción de esta política es diversificar las fuentes de ingreso del Seguro de Maternidad y Enfermedad (SEM). Asimismo, la CCSS propone valorar alternativas como la “venta de ciertos servicios” o la aplicación de “impuestos específicos”, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema.
Durante la sesión de Junta Directiva, Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS, explicó que, en la experiencia internacional, los llamados “impuestos a la salud” gravan bienes y servicios como cigarrillos, apuestas, comidas y bebidas con alto contenido calórico, e incluso comidas rápidas, con el fin de generar ingresos para la atención médica de los asegurados.
“Debemos incrementar el nivel de ingresos, ya sea a través de contribuciones de impuestos generales o impuestos específicos u otras fuentes. En la experiencia internacional, una serie de impuestos, que se llaman impuestos de salud, son muy utilizados para generar financiamiento adicional”, señaló Picado.
“Impuesto a la salud es impuesto al tabaco, al cigarro, a las apuestas, a las comidas y bebidas de altos contenidos calóricos, a las comidas rápidas, etc. Todo eso se entiende como impuesto a la salud. Hay una discusión también internacional de qué tan útil o no tan útil puede ser este mecanismo”, agregó.
En el país existe, desde el 2012, la Ley General de Control del Tabaco que creó un tributo a la cajetilla de cigarros. El destino de los recursos es fortalecer la Red Oncológica Nacional, para que sean utilizados en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos del cáncer.
Elevar tasa del IVA
En entrevista con La Nación, Picado explicó que otra de las alternativas bajo análisis considera destinar un porcentaje del IVA al financiamiento del Seguro de Salud. Esto implicaría elevar la tasa del 13% al 15% y asignar ese 2% adicional a la CCSS para la administración del SEM.
Ambas propuestas requerirían, para su eventual aplicación, aprobar reformas legales mediante la Asamblea Legislativa. En ese sentido, Picado confirmó que aún no se han presentado proyectos ante el Congreso ni se han realizado gestiones para impulsar estas iniciativas.
La aprobación de esta política ocurre en un contexto en el que, para el 2026, el Gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional menos recursos para financiar el Seguro de Salud, lo que impactaría de forma directa la atención en clínicas y hospitales de unas 420.000 personas en condición de vulnerabilidad, según la CCSS.
Para este año, el Ministerio de Hacienda asignó ¢1,06 billones a la institución: ¢503.292 millones para el SEM, ¢394.432 millones para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y ¢163.309 millones para el Régimen No Contributivo de pensiones. No obstante, la Gerencia Financiera y la Dirección Actuarial de la Caja estiman que se requerirán ¢1,47 billones.
Las reformas adquieren mayor relevancia pues el SEM constituye el pilar principal del sistema público de salud. Este seguro financia la atención del primer nivel para trabajadores asalariados, independientes cotizantes, pensionados de regímenes estatales, afiliados voluntarios y poblaciones vulnerables cubiertas por el Estado.
En ese sentido, en los últimos cinco años, el número de trabajadores asegurados evidencia una tendencia al alza. Entre enero del 2021 y enero del 2026, el SEM reportó un incremento de 279.256 personas, al pasar de 1.756.913 a 2.036.169 afiliados.
En el Seguro de Salud también se atiende a 570.000 jubilados de los diferentes regímenes de pensiones del país y a los miles de familiares asegurados por los cotizantes del SEM.
“Tiene que ser un paquete de impuestos que tengan un alto impacto en el nivel de ingresos nuestros. que sea significativo el porcentaje, entre el 5% y 10% de los ingresos totales (de la institución), porque, si no, lo que nos quedan son impuestos pero que no tienen realmente impacto en el financiamiento”.
— Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS.
‘Se requieren niveles muy altos de tasas impositivas’
De acuerdo con Gustavo Picado, para garantizar la sostenibilidad de los ingresos del SEM es necesario ampliar las fuentes de financiamiento, pues considera inviable ajustar las tasas de contribución debido a que su nivel actual es alto.
El gerente señaló que la experiencia internacional y la nueva política de sostenibilidad plantean la creación de tributos que, además de recaudar, desincentiven el consumo de bienes o prácticas perjudiciales para la salud, como ocurre con el tabaco y los vapeadores.
No obstante, advirtió de que, para generar recursos suficientes, se requieren “niveles muy altos de tasas impositivas”.
“Uno no va a lograr tener un monto significativo de ingresos para la institución si las tasas no son muy altas. Lo que implica para tabaco es, probablemente, duplicar o triplicar las tasas actuales”, afirmó.
El jerarca reconoció la complejidad de esa medida y sostuvo que debe impulsarse mediante una reforma liderada por el Ministerio de Hacienda, como parte de un paquete de impuestos que, al menos, represente un 10% de los ingresos institucionales, es decir, entre ¢250.000 millones y ¢300.000 millones.
“No es útil para crear impuestos (y que ocurra lo que) nos ha pasado con el tabaco. Originalmente, nos estaba aportando entre ¢20.000 y ¢18.000 millones anuales, y hoy nos llegan ¢3.500 millones al año. Con los vapeadores el caso es todavía más extremo, porque al final del año está programado que recibamos ¢200 millones”, señaló.
Añadió que, en otros países, ha dado mejores resultados la aplicación de tributos con bases amplias, como el IVA, mediante el aumento de la tasa del 13% al 15%. La asignación de esos dos puntos porcentuales adicionales se destina al financiamiento de los servicios de salud.
Asimismo, indicó que se valoró financiar el beneficio familiar —que permite la atención gratuita de dependientes— mediante una prima adicional a cargo del asegurado, como ocurre en otros países. No obstante, señaló que la medida tiene baja viabilidad en el país y aún carece de mayor desarrollo.
El dilema: impuestos o mayor aporte estatal
Picado comentó que la CCSS podría garantizar la sostenibilidad del Seguro de Salud si el Estado cumple con sus obligaciones anuales y, además, aporta un 1% adicional del producto interno bruto (PIB) para financiar el SEM.
“De lo que hoy nos está aportando (el Estado), se requiere más o menos entre el 0,8% y el 1% más del PIB. Yo pensaría que con ese nivel de financiamiento la Caja puede seguir, en servicios de salud, creciendo de manera importante en los siguientes años”, detalló.
El jerarca indicó que ese 1% adicional equivale a unos ¢400.000 millones, lo que permitiría sostener los servicios actuales y fortalecer otros, en respuesta al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas.
“Aquí vamos a tener que decidir como país si lo que hacemos es un paquete de impuestos para darle financiamiento directo a la Caja, o si logramos un acuerdo para que las obligaciones del Estado se cumplan. Algunas de las dos tienen que ser”, afirmó Picado.
El gerente financiero añadió que, como prioridad, el Estado debe cubrir sus obligaciones en tiempo y forma, conforme a la ley.
De no alcanzarse un acuerdo, la alternativa inmediata sería valorar nuevas fuentes de ingreso, como impuestos. Consultado sobre un plazo para estas negociaciones, evitó precisar fechas y afirmó que ambas vías se analizarán de manera paralela, con énfasis en el diálogo con el Estado.
La Nación consultó al Ministerio de Hacienda sobre la viabilidad de crear un paquete de impuestos a la salud para financiar el SEM, así como sobre la posibilidad de destinar un 1% adicional del PIB a este seguro. Al cierre de edición, las consultas permanecían en trámite.
Informalidad debilita modelo actual de cotizaciones
Mauricio Vargas Fuentes, exviceministro de Salud, explicó a La Nación que los sistemas sanitarios más avanzados combinan diversas fuentes de financiamiento.
Indicó que Costa Rica adoptó un esquema similar al alemán, basado en cotizaciones y sustentado en la filosofía de una población con pleno empleo que logre sostener las finanzas con sus aportes.
No obstante, advirtió de que esa realidad enfrenta limitaciones actualmente por el aumento de la informalidad, lo que reduce los ingresos y deja parte de la población fuera de la cobertura contributiva.
Agregó que la tendencia internacional, como en Reino Unido, Canadá y países nórdicos, apunta a modelos mixtos, que integran aportes por cotizaciones y recursos provenientes de impuestos generales, como lo que propone la nueva política de sostenibilidad del SEM.
Sin embargo, señaló que su eventual aplicación en el país también implicaría una mayor exigencia por servicios de calidad en relación con los tributos que se paguen.
“En una realidad como la nuestra, donde el pleno empleo es prácticamente imposible, hay que buscar, si realmente queremos dar protección universal, modelos de financiamiento alternativos, que tienen necesariamente que estar fundamentados en impuestos generales”, afirmó Vargas.