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La inacción del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) ante otros videos políticos, en los que aparecen niños, apunta a que el proceso abierto contra el candidato liberacionista Álvaro Ramos responde a fines electorales y es insólito.
El 16 de diciembre, el PANI le abrió una investigación preliminar al aspirante presidencial de Liberación Nacional (PLN) porque su hija pronunció un discurso contra el mandatario Rodrigo Chaves, el cual fue captado en un video que circuló en redes sociales.
No obstante, el Patronato no hizo lo mismo cuando la hija menor de edad del actual candidato a diputado por Cartago del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Robert Barrantes Camacho —conocido como Robert Junior— apareció en un video defendiendo a Chaves, en el 2022.
Tampoco lo hizo cuando el aspirante presidencial del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, publicó un clip con dos menores para publicitar su proyecto de que la Biblia se estudie en los centros educativos.
Como lo han hecho numerosos candidatos y políticos a lo largo de la historia, Alvarado también ha publicado fotografías con su familia en el perfil oficial de su campaña. De hecho, el aspirante de Nueva República se pronunció en contra de lo hecho con el PANI contra el aspirante del PLN.
“A mis hijos los educo yo. No tiene derecho una institución a limitar o impedir que los niños puedan manifestar sus criterios y hasta sus posiciones políticas”, declaró Alvarado en la Asamblea Legislativa.
Abogado: lo del PANI es ‘propio de regímenes autoritarios’
El abogado penalista Rodolfo Brenes Vargas criticó con dureza la actuación del PANI contra Álvaro Ramos y rechazó el argumento del Patronato de que está tomando una medida legítima de protección, en defensa de la imagen de la hija.
“No hay que llamarse a engaño. Eso es una mentira. Eso es un acto de instrumentalización del poder político (...), el PANI como un instrumento de persecución para un candidato político por ser un opositor.
“Eso es algo gravísimo, que debemos denunciar de manera enérgica, porque no es propio de una democracia, sino de regímenes autoritarios y dictatoriales como los que podemos ver en Nicaragua, en Venezuela o en otras latitudes, pero no en Costa Rica”, señaló el abogado.
Convención de Derechos del Niño protege libertad de expresión
El penalista recordó que la libertad de expresión también ampara a las personas menores de edad.
“La Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 13, expresamente señala que los niños tienen derecho a la libertad de expresión y lo regula en los mismos términos que para los adultos. Entonces, hay que tener claro que aquí de lo que estamos hablando es del ejercicio de un derecho fundamental por parte de una persona menor de edad”, dijo Brenes
En su criterio, “se está violentando la libertad de expresión de una menor” mediante un acto administrativo, por lo que el caso debe llevarse a la Sala Constitucional.
‘Habría que abrir un proceso a todos los padres que publican videos de sus hijos’
Brenes consideró que justificar lo hecho por el PANI tendría consecuencias absurdas: “Con este argumento, habría que abrirle un procedimiento administrativo a todos los papás de este país que publican videos de sus niños en redes sociales”.
El PANI indicó que, el 16 de diciembre, ingresaron varias denuncias sobre el caso de la hija de Robert Junior y refirió el caso a la oficina local de Cartago para iniciar una investigación preliminar.
El propio Patronato aseguró que el video fue publicado en el 2022. Es decir, la investigación preliminar se inicia tres años después.
Al respecto, Rodolfo Brenes consideró que se trata de una maniobra para aparentar imparcialidad. “Esto es una jugada muy burda y muy torpe con la que el PANI quiere presentarse como imparcial”, afirmó.
Llamada de jerarca del PANI a Chaves
La presidenta del Patronato, Kennly Garza Sánchez, argumentó que la decisión de intervenir en el caso de la hija de Ramos se debe a que busca determinar si violentó algún derecho de la menor.
Agregó que actuó por ocho denuncias y de oficio. Sin embargo, la presidenta del PANI admitió que le comunicó a Rodrigo Chaves sobre las denuncias. El mandatario, a su vez, dijo públicamente que no cree en la espontaneidad del discurso de la menor.
“Vea, don Rodrigo, acaban de poner varias denuncias contra un candidato a la presidencia de la República”, según relató el mandatario.
Chaves indicó que, de no haber recibido esa llamada, se habría molestado: “Yo vi cuando doña Kennly me llamó, que es un tema políticamente sensible. Si no me hubiera llamado, yo me molesto”, dijo el mandatario el pasado 17 de diciembre.
El mandatario señaló que observó el video y que las expresiones de la menor de edad fueron “muy críticas”. Sostuvo que la niña “se aprendió el discurso” y dijo “no tragarse” que las palabras de apoyo hacia su padre, candidato del PLN, fueran improvisadas.
En el video que circuló en redes sociales, la hija de Ramos dijo: “Quiero decir que Costa Rica está en peligro, Costa Rica está en el pico de la montaña... a caer. Costa Rica es un país, ahora, que está entre el bien y mal, con un presidente que es un dictador“.
En un reciente pronunciamiento, del 17 de diciembre, el PANI alegó que su labor “no es selectiva”.
Aunque el PANI intervino tras las palabras de la hija de Álvaro Ramos, la institución sostiene que “no inhibe la participación de las personas menores de edad en la vida política ni vulnera su libertad de expresión”.
El Patronato reiteró que su prioridad es el “interés superior del niño” y recordó que sus actuaciones están sujetas al control del Poder Judicial.
Candidatos indignados
La investigación iniciada por el PANI en el caso de la hija de Ramos no pasó desapercibida en media campaña electoral.
Figuras políticas, como Ariel Robles, Claudia Dobles y la expresidenta Laura Chinchilla, cuestionaron que el PANI use su institución con fines políticos mientras persisten problemáticas graves que afectan a la niñez.
Otros candidatos también cuestionaron el actuar del PANI: Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana; Claudio Alpízar de Esperanza Nacional; y Walter Hernández, del partido Justicia Social Costarricense.
