El Partido Acción Ciudadana (PAC) enfrenta un escenario financiero ajustado de cara a los comicios de 2026, en los que participa bajo la bandera de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con Claudia Dobles como candidata presidencial.
La agrupación debe reunir recursos para cubrir la campaña electoral y, al mismo tiempo, afrontar el último pago de una sentencia por estafa en perjuicio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Si bien la Coalición —conformada en alianza con el partido Agenda Democrática Nacional (ADN)— es la agrupación inscrita formalmente en la contienda electoral, su columna vertebral es el PAC, que aporta buena parte de la estructura organizativa y de su militancia al servicio de la candidatura de Claudia Dobles.
En medio de este escenario electoral, el PAC enfrenta una obligación ineludible: tiene plazo hasta el 16 de junio de 2026 para efectuar el último pago de ¢137 millones —así como cualquier otro monto que haya quedado pendiente— y así cumplir con la sentencia dictada el 5 de diciembre de 2016 por el Tribunal Penal de San José.
La agrupación fue declarada culpable de cometer una estafa por casi ¢353 millones en contra del TSE, al cobrar indebidamente la deuda política correspondiente a las elecciones nacionales de 2010. El monto total de la condena ascendió a ¢627 millones, luego de que se sumaran ¢230 millones por intereses y ¢44 millones por costas del proceso penal.
El PAC suscribió un acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) para saldar la deuda en cuotas. Según indicó el abogado del Estado, ante una consulta de La Nación, la agrupación “ha cumplido puntualmente con el plan de pagos homologado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José”.
Donaciones, un aporte clave
La agrupación sostiene que los pagos se han cubierto con donaciones de personas cercanas al partido. No obstante, la campaña de Claudia Dobles también depende en buena medida de aportes de ese mismo entorno, según reconocen Ana Gabriel Zúñiga, jefa de campaña, y Fabián Solano, presidente del PAC.
“Naturalmente, hemos iniciado la apertura de conversaciones con los bancos, se está valorando la figura de adelanto de deuda, pero al día de hoy, nuestra campaña ha sido financiada con donaciones en especie, donaciones monetarias y también con la compra de bonos”, señaló Zúñiga.
Esta versión fue reiterada por Solano: “El financiamiento de la Coalición y la campaña, hasta el momento, ha sido financiamiento que hemos levantado nosotros con venta de bonos y con donaciones, también. No tenemos aún un financiamiento de alguna entidad financiera”.
La Coalición cuenta con autorización del TSE para emitir certificados de cesión —o bonos de deuda política— por hasta ¢4.180 millones. Al 12 de diciembre pasado, registraba una colocación de ¢436,3 millones, según datos suministrados por el comando de campaña.
Solano explicó que se mantiene una conversación fluida con las personas que han donado, y que, en la actualidad, le están apostando a la campaña electoral. “Esas personas saben, sabemos, me incluyo yo, que en el momento en el que pasemos las elecciones inmediatamente nuestros esfuerzos financieros destinados a la campaña, tienen que virar nuevamente para recaudar los ¢140 millones que hacen falta“, agregó.
Señaló que, en caso de lograr representación legislativa, las diputaciones electas deberán destinar parte de sus salarios para hacer frente a ese pago. Dijo que los candidatos de la Coalición “están bien conscientes de este tema”. En ese escenario, el porcentaje de aporte pasaría del 5% al 15% del salario mensual.
“Todo el mundo está bien sabido de que la recolección de recursos no termina con la campaña, que inmediatamente el partido tiene, me parece, tres meses y un pico para levantar lo que necesitemos en donaciones”, destacó.
Administración de recursos
La jefa de campaña de Dobles explicó que, por normativa y por la operativa legal vigente, las obligaciones financieras del PAC y el manejo de las finanzas de la Coalición se trabajan de manera separada, aunque ambas estructuras comparten la misma tesorería.
“Lo que hemos hecho como primer acto, por ejemplo, es que llevamos contabilidades o cuentas distintas”, agregó Ana Gabriel Zúñiga. Alegó que se ha priorizado la colocación de bonos, como principal mecanismo de financiamiento, para resguardar el tema de las donaciones, para cumplir con las obligaciones partidarias.
“Todas las personas que han sido donantes y que han financiado esta campaña, o que han apoyado el tema del pago de las responsabilidades del PAC, tienen total transparencia de hacia dónde van los recursos que están donando, que están colocando”, manifestó.
Zúñiga declaró que impulsan una “campaña austera”, orientada al uso eficiente de los recursos, en la que se han priorizado tres líneas de acción.
En primer lugar, la pauta en medios, que —según indicó— ha sido posible gracias a los recursos obtenidos mediante el mecanismo de los bonos.
El segundo eje es el trabajo territorial y, como tercer componente, el acercamiento con grupos, movimientos y sectores, con el fin de “llevarles la propuesta”.
Asimismo, mencionó que la campaña electoral de 2026 vuelve a poner sobre la mesa un tema no resuelto que, a su juicio, no puede postergarse más: la necesidad de repensar el modelo de financiamiento de los partidos políticos.
“Eso es lo primero con lo que nos hemos encontrado, porque es un mecanismo que creo que necesita ser actualizado”, subrayó.
Indicó que, en el caso de la Coalición, ninguno de los dos partidos aliados contaba con un respaldo financiero robusto, como sí lo tienen otras agrupaciones políticas en competencia, “lo que nos ha llevado a ser muy innovadoras”.
¿Por qué los partidos deben buscar recursos si existe financiamiento público?
Costa Rica cuenta con un sistema de financiamiento electoral mixto, que combina recursos públicos y privados. Por un lado, el Estado destina una parte del presupuesto nacional para cubrir los gastos de las agrupaciones políticas; por otro, los partidos pueden recibir aportes privados —como donaciones o créditos— dentro de los límites y controles que establece la normativa electoral.
No obstante, el financiamiento público opera bajo un esquema de reembolso: el Estado reconoce los gastos de campaña una vez concluidas las elecciones, únicamente a los partidos que superen el umbral del 4% de los votos válidamente emitidos o que logren elegir al menos un diputado. Esto obliga a las agrupaciones a buscar los recursos que consideren necesarios para afrontar la contienda electoral.
En el caso de la Coalición Agenda Ciudadana, el pacto suscrito entre el PAC y Agenda Democrática Nacional establece que, si se obtiene el derecho a la contribución estatal, los recursos que finalmente apruebe el TSE, tras la liquidación de gastos presentada, se distribuirían en un 80% para Acción Ciudadana y en un 20% para Agenda Democrática Nacional.