“Lamentablemente, todas las señales que envía la futura fracción oficialista Pueblo Soberano son señales de querer concentrar el poder, de limitar el control político y el debate pluralista en la Asamblea Legislativa, de no contar para nada con las fracciones de oposición, y eso se refleja en su propuesta de Directorio”, declaró a La Nación.
El PPSO anunció este jueves que utilizará sus 31 escaños para elegir la totalidad de los seis puestos del Directorio legislativo, sin negociar con otras bancadas. Esto significa que la Presidencia del Congreso estará en manos de Yara Jiménez; la vicepresidencia recaerá en Esmeralda Britton; la primera secretaría será ocupada por el pastor evangélico Gerald Bogantes y la segunda por Reynaldo Arias. En las prosecretarías, la pastora Kattia Mora asumirá la primera, mientras que Nayuribe Guadamuz ocupará la segunda.
El diputado electo del Frente Amplio afirmó que el Congreso es un órgano plural que debe reflejar la diversidad de la sociedad costarricense y sostuvo que la historia demuestra que los oficialismos que intentan excluir a la oposición terminan fracasando.
Pese a sus críticas, Villalta señaló que la bancada de gobierno todavía cuenta con margen suficiente para modificar su posición y aseguró que su agrupación se mantiene abierta a negociar tanto la integración del Directorio como una agenda común centrada en normas éticas, control del uso de recursos públicos y prevención de la corrupción, así como los temas de realidad nacional que más preocupan a la sociedad.
“Para nosotros siempre la prioridad es la definición de una agenda, más allá de puestos en el Directorio”, indicó. Añadió que, de no prosperar los acercamientos, el Frente Amplio postulará a sus propios integrantes en la elección del próximo 1.° de mayo, como han hecho en otras ocasiones, ante la falta de acuerdo para respaldar alguna otra candidatura.
Gordienko: Negociar desde la fuerza
Desde otras fracciones, las reacciones fueron más cautelosas, aunque también evidenciaron preocupación por lo que consideran una indisposición del oficialismo para negociar. La diputada Abril Gordienko, de la bancada unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consideró que la decisión del oficialismo es “legítima” dentro del marco constitucional.
“Lo veo como una señal de que desean aprovecharlo para proyectar a figuras como doña Yara y también generar a lo interno cohesión partidaria. Buscan tener control administrativo de la institución y control de la agenda legislativa y de alguna forma negociar desde la fuerza de la mayoría, sin desgastarse en negociaciones que quizás no juzgan necesarias, pues ven a la oposición como un socio menor al que no le deben ceder posiciones directivas”, manifestó a este medio.
No obstante, expresó su expectativa de que se mantengan abiertos espacios al diálogo para alcanzar acuerdos en temas sustantivos.
Por su parte, Álvaro Ramírez, futuro jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), evitó pronunciarse directamente sobre la decisión del PPSO y señaló que su bancada aún valora su posición de cara a cómo votarán para en la elección del Directorio.
Ramírez reiteró que el interés del PLN no está en los puestos, sino en impulsar soluciones a los problemas del país mediante un diálogo “abierto, constructivo y respetuoso” entre todas las fracciones.
Ramírez celebra exclusión de José Miguel Villalobos de comisión
El verdiblanco sí externó satisfacción porque el diputado electo del PPSO, el abogado penalista José Miguel Villalobos, no estará en la Comisión de Nombramientos ni en la de Seguridad y Narcotráfico, pese a que este había expresado interés en formar parte de ellas. El nombre del litigante no aparece en la lista de futuros integrantes de estos órganos que el mismo partido oficialista compartió a los medios de comunicación.
“Me parece excelente que el señor Villalobos haya sido excluido de la Comisión de Nombramientos y de Narcotráfico. Ambas comisiones son muy importantes para luchar contra el crimen organizado, y por eso me parece tan importante que no haya personas con conflictos de interés en esas comisiones”, indicó.
Según Ramírez, que el abogado no esté en los órganos legislativos mencionados reflejaría que la presidenta electa, Laura Fernández, “se impone y es su criterio el que prevaleció, y no el del presidente saliente (Rodrigo Chaves), lo cual también celebramos como algo positivo, que puede abrir posibilidades de un diálogo constructivo con la fracción de Pueblo Soberano y el gobierno”.
Entre los actuales clientes de Villalobos se encuentran el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, el presunto cabecilla de la banda sospechosa de lavar $17 millones dentro del Caso Fénix, así como otros seis sospechosos de ese mismo caso.
Se consultó también a la diputada Claudia Dobles, única representante de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
