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El expresidente de la República, José María Figueres Olsen, defendió el hundimiento de presuntas lanchas del narco, tras el bombardeo realizado por Estados Unidos contra una embarcación en el océano Pacífico, el cual derivó en la entrega de dos cadáveres y un herido con severas quemaduras a las autoridades de Costa Rica.
El 25 de marzo del 2017, en medio de la campaña para ser nominado como candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Figueres propuso disparar y hundir las lanchas sospechosas de narcotráfico.
En ese momento, los rivales de Figueres, Antonio Álvarez, Rolando González y Sigifredo Aiza no tardaron en condenar la alternativa que lanzó el exmandatario en el debate de Teletica.
Nueve años después, el expresidente volvió a defender esa iniciativa: “¡Sí al hundimiento de lanchas del narco! (...). Hace años lo advertí: el combate al narcotráfico no puede ser solo interno. Requiere una acción coordinada entre países, incluyendo medidas firmes para frenar —y sí, hundir— las lanchas que transportan droga hacia nuestras costas", escribió en sus redes sociales.
Figueres justificó la práctica al señalar que cada cargamento que llega no es solo droga, sino ”violencia, muerte y destrucción social”.
Advirtió de que, si no se enfrenta esta amenaza con decisión, dentro y fuera de nuestras fronteras, entonces “se deberá aceptar que el narco siga apoderándose de nuestro país”.
En relación con el reciente bombardeo, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) precisó que el Servicio Nacional de Guardacostas recibió los cadáveres y al herido a 126 millas náuticas de Golfito, distancia que equivale a 233,3 kilómetros. Luego, fueron desembarcados en el muelle de Golfito.
El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) se atribuyó la autoría del ataque.
Sin mencionar al secretario de su partido, Figueres escribió: “Algunos se rasgan las vestiduras. Otros acuden a la Sala Constitucional. Pero, ¿no se dan cuenta que el narco nos declaró la guerra? ¿No se percatan que el narco pisotea nuestra soberanía?“.
El secretario del PLN, Miguel Guillén, llevó ante la Sala Constitucional el incidente. Presentó un nuevo escrito en el que calificó como una “acción militar” el bombardero estadounidense.
Días atrás, Guillén había presentado una acción de inconstitucionalidad contra los acuerdos del Poder Ejecutivo con Estados Unidos, en particular por la declaración de seguridad de “paz a través de la fuerza” firmada el 5 de marzo y por el respaldo a una “coalición militar” contra los carteles del narcotráfico —en palabras de Donald Trump—, surgida de un encuentro efectuado el 7 de marzo, en el que también participó el presidente Rodrigo Chaves.
Tras estos hechos, el liberacionista señaló que esas acciones de Estados Unidos “refuerzan” la idea de que Costa Rica podría haberse adherido a una coalición militar. Pidió a la Sala valorar estos nuevos hechos en conjunto con las declaraciones firmadas por el Gobierno de Costa Rica con EE. UU. en materia de seguridad.
Dudas legales
Washington ha pasado de operaciones de interdicción y captura a acciones militares letales en altamar, bajo la premisa de estar en un “conflicto armado” contra el narcotráfico.
Según cifras oficiales citadas por agencias internacionales, estas operaciones habían dejado más de 140 muertos en cerca de 40 ataques en el Caribe y el Pacífico a mediados de febrero.
Según reportes de prensa internacional, Estados Unidos no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas estuvieran efectivamente vinculadas al narcotráfico, lo que ha abierto un debate sobre la legalidad de estas acciones.
De ahí que solo se traten como “supuestas narcolanchas”. En noviembre, e Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, solicitó a Estados Unidos investigar la legalidad de sus ataques: “Pido al gobierno estadounidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales?”.
“El derecho internacional no permite que los gobiernos asesinen a presuntos traficantes de drogas”, había dicho desde setiembre un grupo de expertos en un comunicado publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Organizaciones de derechos humanos y especialistas han advertido que atacar embarcaciones sin identificación plena de sus ocupantes ni intento previo de captura vulnera principios básicos del debido proceso.
En diciembre, la familia de un pescador colombiano que murió en uno de los ataques denunció a Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y negó que transportara droga en su lancha.
