Ministros de Defensa y de Seguridad de 17 países americanos se unieron, el 5 de este mes, al secretario de Guerra (hasta hace poco de Defensa) de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una declaración que se compromete con establecer una “coalición” destinada a combatir los carteles de narcotráfico. Un día después, 12 de sus presidentes y primeros ministros rodearon a Donald Trump cuando este firmó una proclama presidencial que subraya los compromisos y estrategias de su gobierno hacia tal fin. Costa Rica estuvo representada, respectivamente, por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y el presidente Rodrigo Chaves.
Como principio operativo general, la cooperación entre Estados Unidos y otros países hemisféricos para combatir el consumo y tráfico de drogas es bienvenida. La hemos apoyado dentro del marco de nuestro Estado de derecho. Sin embargo, la declaración ministerial, la proclama presidencial y el entorno en que ambas ocurrieron, bajo el concepto de “Escudo de las Américas”, levantan dudas e inquietudes sobre el camino escogido.
Los párrafos introductorios del texto suscrito por los ministros son tranquilizadores. Mencionan un “compromiso compartido con la paz, la soberanía y la seguridad” hemisféricas. Se enmarcan en los “acuerdos bilaterales” ya existentes y las leyes de cada país, y reconocen la necesidad de cooperación. Es la que, en nuestro caso, hemos desarrollado con Estados Unidos, desde el ámbito policial, con buenos –aunque parciales– resultados.
Sin embargo, los compromisos que emanan de estos correctos fundamentos tienen una naturaleza distinta y nada satisfactoria para un país civilista como el nuestro. El énfasis se pone en una guerra abierta contra el “narcoterrorismo”, representado por los carteles, no en una lucha contra el flagelo generalizado y multidimensional del tráfico y consumo de drogas. La paz se impulsará “a través de la fortaleza”, sin mencionar otras vías, y las acciones se extenderán a “otras amenazas compartidas” en materia de seguridad, que no especifica y, por ello, quedarían al criterio estadounidense.
El discurso que pronunció Hegseth durante la conferencia ministerial, celebrada en la sede del Comando Sur, en Doral, Florida, fue más perturbador, con tono imperiosamente marcial y, a menudo, admonitorio. Incluso, trascendió el ámbito de la seguridad, para aleccionar sobre opciones diplomáticas y económicas del resorte soberano de cada país.
Como secretario de Guerra, insistió en que el aseguramiento de los intereses de Estados Unidos en este hemisferio es su “máxima prioridad en seguridad”. Para impulsarlos, “irá a la ofensiva solo, de ser necesario”, aunque preferiría “hacerlo en conjunto con ustedes”.
En una muestra de revisionismo geográfico, se refirió al “mapa estratégico de la Gran América del Norte”, un área que calificó como vital para su país, y que ubicó desde Groenlandia hasta el golfo de México (que llamó “de América”) y Ecuador. Y aseguró tajantemente que ninguno de los Estados comprendidos en ese amplio arco pertenece al “sur global”, sino a “este gran vecindario donde todos vivimos”.
Además, repitió una serie de estereotipos contra los migrantes y celebró el trabajo de Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca y fuente intelectual de las peores políticas represivas en su contra desplegadas por la actual administración.
La proclamación de Trump fue algo más comedida que la arenga de Hegseth. Mencionó la “Coalición contra los carteles” como demostración de que la región está lista para “operacionalizar el poder duro” y enfrentar las amenazas “a nuestra seguridad y civilización”. A la vez, se inclinó por acciones antiterroristas “consecuentes con las leyes establecidas”, mediante el uso de “todos los recursos necesarios y las autoridades legalmente disponibles”. La clara opción castrense surgió cuando se comprometió a “entrenar y movilizar las fuerzas armadas” de las naciones integrantes.
En el discurso a sus colegas, de 46 minutos, el presidente fue más allá. “El corazón de nuestro acuerdo –dijo– es un compromiso de usar la fuerza letal militar para destruir a los siniestros carteles y las redes terroristas de una vez por todas”.
Si sumamos los aspectos señalados, queda en evidencia que ambas actividades, sobre todo la declaración de los ministros anunciando la “coalición”, partieron de una lógica exclusivamente militar. Además, al centrarla en los grandes carteles, deja por fuera los muchos otros actores, factores y contextos que nutren y conforman las heterogéneas organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, y que, por esa vía, trastornan la vida de los países afectados.
Sus redes financieras, sus blanqueadores de capitales, proveedores de armamentos cada vez más letales, asesores legales, expertos en logísticas, bandas distribuidoras y sicarios estuvieron ausentes de las consideraciones de “guerra”. Tampoco se hizo referencia al fenómeno de la demanda, y menos a los condicionantes económicos, sociales y culturales del fenómeno. Y la corrupción gubernamental, como variable, brilló por su ausencia.
Añadamos que no se mencionaron los mecanismos de coordinación entre países, y que la ausencia de México, Colombia y Brasil restará eficacia al impreciso acuerdo.
Pese a tantas y tan ásperas aristas, nuestro gobierno decidió sumarse a las iniciativas y ser parte de la “coalición”. Quizá gran dependencia nacional de Estados Unidos, sumada a un historial de alianza, no permitía otra conducta. Lo entendemos, pero no por eso lo justificamos. Entre aliados, las diferencias de criterio se pueden y deben manejar con respeto mutuo.
Lo menos que podemos esperar, a partir de ahora, es que bajo ningún concepto los compromisos asumidos, en su eventual ejecución, violenten nuestra Constitución, nuestras leyes y la naturaleza civilista del país. Es una línea que nunca debemos violar.
