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Tres organizaciones de derechos humanos acusaron este jueves al gobierno de Rodrigo Chaves de haber sido cómplice en una cadena de violaciones a los derechos humanos de 200 migrantes deportados por Estados Unidos, a quienes Costa Rica aceptó recibir temporalmente con el fin de repatriarlos a sus países de origen.
Afirmaron que nunca se debió aceptar un acuerdo migratorio que pusiera en riesgo los derechos de las personas migrantes y demandaron al Estado costarricense abstenerse de participar nuevamente en convenios de este tipo.
“La situación que estas personas enfrentaron por más de 60 días, en condiciones de detención, sin posibilidad de comunicarse con sus familiares, sin recibir información accesible en sus idiomas, en incertidumbre jurídica, jamás debió ocurrir“, señala un informe publicado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El documento es suscrito por Cejil, el American Friends Service Committee (AFSC) y el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM). En las 19 páginas, responsabilizan al gobierno de Rodrigo Chaves por haber detenido de “forma arbitraria e ilegal”, a este grupo de migrantes, negarles información adecuada y no garantizar el principio de no devolución.
Entre las recomendaciones planteadas, se incluye hacer públicos los alcances del acuerdo verbal al que se llegó con Estados Unidos, los compromisos asumidos con ese gobierno, y los pagos que se han recibido de dicho país.
Al respecto, Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería (DGME), expresó su rechazo rotundo y categórico, de los señalamientos hechos en el informe, sobre la violación de derechos humanos.
El jerarca aseguró que se les respetaron todos los derechos a los migrantes, que se les brindó acompañamiento y que nunca estuvieron detenidos. “De modo tal que las aseveraciones que hace este informe, desde nuestra perspectiva, carecen de toda lógica y sustento, máxime que se derivan de una sola visita que hacen estas organizaciones”.
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Recolección de testimonios
Las organizaciones argumentaron que, tras una visita efectuada el 10 de abril al Centro de Atención Temporal para personas Migrantes (Catem), en Paso Canoas, frontera con Panamá, se lograron constatar una serie de irregularidades en el trato brindado a los migrantes, tanto por Estados Unidos como por Costa Rica.
El informe señala que muchas de las personas que permanecen en el Catem tienen necesidades de protección internacional. Al respecto, menciona el caso de una migrante que salió de Irán por temor a ser acusado de apostasía y sentenciada a muerte.
“En la entrevista, explicó que: ‘Mientras estuve en el centro de detención, los funcionarios me presionaron para que firmara un documento aceptando regresar a Irán; sin embargo, me negué porque sé que, si regreso, probablemente perderé la vida‘”, detalla el documento.
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Otra persona habría indicado que él y su familia salieron de Afganistán porque estaban siendo perseguidos por el régimen talibán. Además, comentó que, debido al grupo étnico y religioso al que pertenece, volver a su país representa un riesgo.
Según las organizaciones, las autoridades costarricenses no realizaron un análisis individualizado por cada persona o grupo familiar, sobre sus condiciones particulares, al tiempo que la información que le era brindada a la población era poco clara y contradictoria.
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“Por ejemplo, a las personas interesadas en trasladarse a un tercer país se les pidió indicar una lista de países donde quisieran pedir refugio. Todo lo anterior generó expectativas sin que existiese la posibilidad de garantizar estas opciones.
“Posteriormente se les informó que las gestiones habían sido infructuosas ocasionando más angustia, incertidumbre y frustración”, manifestaron las organizaciones.
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¿Retorno voluntario?
El informe concluye que no es posible afirmar que los migrantes están o estuvieron en condiciones de regresar voluntariamente a sus países de origen, pese que el plan del gobierno se promovió bajo esa perspectiva.
Tampoco se ha demostrado que las personas ya retornadas tuvieran acceso a un debido proceso que evaluara adecuadamente sus necesidades de protección internacional.
Igualmente, criticaron que la resolución administrativa publicada el 21 de abril, para facilitar el acceso de las personas a la normalización migratoria, es insuficiente porque solo brinda un plazo de tres meses prorrogables, para que los migrantes busquen reasentarse en un tercer país.
Además, las organizaciones expresaron preocupación de que Costa Rica deje de ejercer sus buenos oficios ante otros Estados para reubicarles y quede en manos de las personas realizar los procesos correspondientes.
Por lo anterior, recomendaron extender el plazo a 12 meses prorrogables y garantizar el apoyo humanitario que sea necesario durante este periodo, lo que incluye como mínimo el hospedaje, alimentación, implementos de higiene y apoyo psicológico.
En esa misma línea, pidieron otorgar un permiso de trabajo temporal a las personas que opten por acogerse al proceso de regularización migratoria, acompañado de un apoyo interinstitucional efectivo que facilite su integración en la sociedad costarricense y les permita acceder a medios de vida dignos.
Tratos crueles
El informe también refiere a testimonios de personas que estuvieron detenidas durante al menos 20 días en Estados Unidos, en condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes, como haber permanecido en cuartos cerrados sin acceso a luz natural.
“Algunas indicaron que en el proceso de detención las autoridades tiraron sus pertenencias ‘a la basura’ y les esposaron; además, señalan que fueron expulsadas y separadas de sus familias (algunas quedaron en Estados Unidos), a pesar de haber solicitado asilo e indican que no recibieron ninguna información respecto al país al que serían expulsados”, explica el documento.
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Tampoco se les habrían entregado sus respectivas órdenes de deportación hasta días después de haber arribado a Costa Rica
Las organizaciones cuestionaron que, aunque las autoridades costarricenses alegan que el Catem no es un centro de detención, en la práctica, las personas allí alojadas no tuvieron la libertad de movimiento durante 60 días.
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El informe asegura que algunas personas no tienen teléfono celular y, debido a que el Catem no cuenta con acceso a internet, muchos de los migrantes estuvieron incomunicados con el mundo exterior, causando daño psicológico ante la imposibilidad de contactar con sus familiares y red de apoyo.
Si bien las personas consultadas valoraron de manera positiva las condiciones físicas en el Catem y el trato recibido por parte del personal del lugar, dijeron que no habían recibido atención integral por parte de otras instituciones del Estado costarricense, incluyendo la ausencia de atención psicológica especializada durante las semanas o meses previos a la visita.
La barrera del idioma
Personas entrevistadas en el Catem, señalaron que no recibieron información en sus propios idiomas ni contaron con intérpretes, lo que, a criterio de las organizaciones, impidió que los migrantes comprender adecuadamente sus derechos y las opciones legales disponibles.
Las organizaciones señalaron que al momento de la visita, 94 personas se mantenían en el Catem, de ellas, solo siete pudieron comunicarse en inglés y ninguna de ellas dominaba el idioma español.
Los diálogos con los migrantes, ante la ausencia de traductores, se hicieron en el idioma inglés y a través de la aplicación Google Translate.
