Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, advirtió este miércoles de que Costa Rica no puede desconocer su compromiso con el respeto de los migrantes por causa de un interés político. Lanzó la advertencia con motivo de que el gobierno de Rodrigo Chaves mantiene recluidas y sin pasaportes a cerca de 200 personas deportadas por la administración estadounidense de Donald Trump.
Cruickshank dijo que los acuerdos de cooperación migratoria suscritos con el gobierno de Donald Trump violentan de manera sistemática las obligaciones asumidas por el país con la comunidad internacional, para la salvaguarda de las personas que se encuentran en el territorio nacional, independientemente de su condición migratoria o nacional.
Recordó que el ingreso irregular de personas al territorio nacional no constituye un delito, sino una infracción a una norma de carácter administrativo.
“No obstante, el país recibió a estas personas deportadas, con el antecedente de ser consideradas delincuentes, por parte de las autoridades del país norteamericano y, en consecuencia, Costa Rica se encuentra aplicando varias medidas que parecieran estar dando continuidad a la detención de estas personas por la comisión de un delito en otro país, que no está calificado como tal en el nuestro”, advirtió.
La funcionaria brindó sus apreciaciones el miércoles durante una comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para referirse a las condiciones brindadas por el Estado costarricense a los 200 migrantes que están retenidos en el cantón de Corredores y que el gobierno tendrá que repatriar a naciones tan lejanas como Afganistán, Ghana, Kazajistán o la República Democrática del Congo.
Los migrantes se encuentran en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), cerca del límite con Panamá. La administración estableció un plazo temporal de permanencia de 30 días mientras se gestionan los retornos voluntarios a sus países.
Para la defensora, la contención de los extracontinentales en el Catem es similar a una medida cautelar de detención administrativa por razones de control migratorio, ya que “constituye una limitación de tránsito propia de la detención por razones de control migratorio, que podría acarrear alguna sanción a las personas migrantes que traten de salir”.
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Señaló que, si bien no hay claridad del proceso que les sería aplicado en caso de abandonar las instalaciones del Catem, no puede existir una sanción, “en virtud de que no ingresaron a Costa Rica evadiendo ningún control migratorio, ni en violación de la normativa vigente, sino que fueron obligados a salir de los Estados Unidos e ingresar a Costa Rica, sin que existiera una voluntariedad en estos traslados”.
Igualmente, expresó preocupación porque, hasta la fecha, el gobierno de Rodrigo Chaves no ha definido una alternativa de protección para las personas migrantes que hayan expresado su temor o imposibilidad de regresar a su país de origen.
Resaltó que es obligación de Costa Rica, de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por el país, verificar para cada caso que las personas no van a ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Para ello, es necesario efectuar un análisis integral de la normativa que sería aplicable a las personas migrantes en sus Estados de origen.
Omer Badilla, director de Migración y Extranjería, confirmó el retiro de los pasaportes a los migrantes. Argumentó que la medida se ejecuta por razones de seguridad para los extranjeros.
“Si los dejamos que salgan a las calles podrían ser víctimas de redes criminales y de crimen organizado de trata y tráfico de personas. Son personas a las que debemos cuidar para que podamos hacer el proceso de retorno voluntario a sus países”, expresó Badilla.
¿Convenio?
El diputado Alexander Barrantes, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), rechazó las críticas expuestas por la defensora y la llamó a presentar las denuncias correspondientes ante la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y las instancias nacionales.
Barrantes alegó que los migrantes habían recibido un trato digno, “conforme al convenio ya comunicado” entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos.
La diputada Montserrat Ruiz, presidenta de la comisión, pidió al legislador de gobierno aportar el convenio como prueba. El congresista respondió: “Es un convenio que se ha hecho público y que me imagino que usted como presidenta de este Congreso (Comisión) debería tener el derecho y la posibilidad de poderlo solicitar”.
Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN) consultó a Cruickshank si tenía conocimiento del documento aludido por Barrantes, pero la defensora indicó que ese es uno de los vacíos de información que tienen sobre lo acordado con Estados Unidos.
Mencionó que la información que está disponible es la resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que se publicó el pasado 18 de febrero en el diario oficial La Gaceta.
Ahí se menciona que, mediante nota enviada el 17 de febrero, por Mauricio Claver-Carone, enviado especial para América Latina del Gobierno de los Estados Unidos, el funcionario comunicó la deportación a Costa Rica de hasta 200 personas de diversas nacionalidades.
Igualmente, se autoriza a la Policía de Migración a emitir un documento que permitirá a los extranjeros permanecer durante su plazo de vigencia, en un centro de atención temporal para migrantes administrados por Migración.
El permiso de permanencia podrá ser autorizado por una única vez y tendrá validez por un plazo de 30 naturales, a efecto de que las personas beneficiadas puedan hacer abandono del territorio nacional. Se permite prorrogar “de manera casuística” el periodo, con el único fin de que desaparezcan los motivos que le impiden a la persona continuar con su viaje.
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