
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, confirmó a La Nación que Costa Rica no puede regresar migrantes a países en conflicto donde pueden correr peligro.
“Sin duda alguna no puede, porque Costa Rica ha ratificado tanto la Convención para la Prevención de la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y demás, sino que también la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre estas normas se prohíbe la posibilidad de que Costa Rica pueda generar algún proceso de retorno a personas en países con esas condiciones”, explicó Cruickshank.
Los 135 migrantes deportados por el Gobierno de Estados Unidos que aterrizaron en Costa Rica el pasado 20 de febrero provienen de Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, Irán, Jordania, Kazajistán, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.
Afganistán, por ejemplo, está dentro de la lista de países que en el 2024, fueron considerados por el Banco Mundial como en “situación frágil y afectadas por conflictos”.
“El Estado costarricense va a tener que determinar de qué forma va a gestionar la situación migratoria de estas personas”, agregó la defensora.
Cruickshank afirmó que la Defensoría está a la espera de que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) finalice las entrevistas a los migrantes para determinar cuántas familias estarían en esa condición. Por el momento, afirman las autoridades del Ejecutivo, ninguno de los migrantes ha manifestado resistencia para regresar a su país.
“En Migración, no hay claridad de parte de los funcionarios, tampoco respecto a cuáles serían los procedimientos”, señaló la defensora.
En la actualidad, el Gobierno de Costa Rica restringe la libertad de tránsito a los 135 migrantes. Estas personas no pueden salir del Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), cerca de la frontera con Panamá, sitio en el que se albergan desde su llegada al país.
Así lo confirmó a La Nación Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración. Ambos afirmaron que se toma la medida por su protección y por las condiciones de su estadía en el país.
El gobierno de Trump emprendió una política de deportación de migrantes en condición irregular a países de Centroamérica; Guatemala, Panamá y Costa Rica han recibido ya grupos de docenas o centenares en tránsito a sus países de origen.
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“Lo que se nos dijo es que en caso de que ellos requirieran salir, en efecto necesitaría ser escoladas. A la fecha nos indican que nadie ha solicitado hacer un egreso del Catem. (...) La pregunta es: ¿por qué estarían escoltadas si las personas no han cometido ningún delito en el territorio nacional? En cuyo caso, no tendrían por qué tener ningún tipo de restricción”, dice Cruickshank
La defensora confirmó que están valorando si existen elementos para justificar la interposición de un hábeas corpus en nombre de estas personas. Este recurso protege el derecho de libertad de tránsito. Para ello, afirma, se necesita un caso específico y pruebas que, por el momento, no tienen. Sostuvo que es una medida que continúa en valoración.
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