EscucharEl gobierno de Rodrigo Chaves fracasó en su plan de repatriar voluntariamente a la totalidad de los migrantes deportados por la administración del presidente Donald Trump. De los 200 extranjeros que arribaron a Costa Rica provenientes de Estados Unidos, 85 permanecen detenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), ubicado en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reconoció que una “importante cantidad” de estas personas no ha manifestado intención de acogerse al retorno voluntario asistido o ha solicitado la condición de refugio, por ello, la institución estableció un procedimiento especial para normalizar la situación migratoria de estos extranjeros.
Así lo indica una resolución administrativa publicada el 21 de abril en el diario oficial La Gaceta, firmada por Omer Badilla Toledo, director de Migración y viceministro de Gobernación y Policía.
El documento fue publicado cuatro días después de que The New York Times diera a conocer una denuncia presentada contra el Estado costarricense, por supuestamente haber violado los derechos humanos de niños de entre 2 y 10 años deportados, al mantenerlos detenidos durante casi dos meses en condiciones que podrían causarles daños irreparables.
El caso fue planteado ante el comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que supervisa la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, por abogados defensores de los derechos de las personas migrantes.
Si bien la resolución habla de 94 personas que todavía se mantienen en el Catem de Costa Rica, la DGME confirmó a La Nación que el número actual es de 85 migrantes deportados por Estados Unidos. De ellos, 31 son menores de edad y 54 son adultos. La mayoría de las personas provienen de Rusia, Armenia, Turquía y Uzbekistán.
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¿Qué plantea la resolución?
La resolución de la DGME afirma que la legislación nacional previó la posibilidad de atender situaciones como la actual, “mediante la regulación legal excepcional de un procedimiento especial para la normalización migratoria en el país de personas extranjeras que no puedan cumplir con los requisitos que ordinariamente exige la legislación migratoria”.
“Esta determinación es de carácter totalmente excepcional adoptada como respuesta a la situación extraordinaria y singular que ahora nos ocupa, lo que implica adoptar decisiones relevantes pero inusuales, para regular situaciones humanas que requieren de atención prioritaria por parte del Estado”, agrega.
No obstante, se trata de una normalización temporal por un periodo de tres meses, con posibilidad de prórroga por el mismo lapso. Al finalizar este plazo, las personas deberán abandonar el país o iniciar un proceso de regularización conforme a la normativa ordinaria.
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La resolución recuerda que la llegada de los migrantes se dio como resultado de un acuerdo diplomático, formalizado entre los gobiernos de Chaves y Trump.
El pasado 19 de febrero, el presidente Chaves alegó que se trataba de una ayuda “al hermano económicamente poderoso del norte, a quien si nos ponen un impuesto en zona franca nos friegan, –que no creo que lo vayan a hacer– y además amor con amor se paga. 200 (migrantes) vienen, los tratamos bien y se van”.
Para permitir al gobierno completar los trámites de repatriación de los migrantes, provenientes de África, Asia y Europa, la DGME emitió el 18 de febrero una resolución que autoriza su permanencia en Costa Rica por 30 días naturales, prorrogables. El primer grupo, conformado por 135 migrantes, llegó al país el 20 de febrero, y el segundo, con 65 personas, lo hizo cinco días después.
El trámite requiere el levantamiento de un expediente para cada persona migrante y la emisión de una resolución individual, que autorice la emisión del documento de regularización migratoria. Para contar con este certificado, es necesario que los extranjeros paguen dos importes que en total suman $55.
Sin embargo, la resolución también advierte que las personas beneficiarias de este permiso mantendrán una condición laboral restringida, de manera que no podrán trabajar por cuenta propia ni en relación de dependencia, “salvo que cumpla con lo que al efecto establece la legislación migratoria para efectos de obtener una categoría migratoria que así lo permita”.
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Migración sí menciona la posibilidad de gestionar una exoneración de los pagos, por razones humanitarias, si así el Ministerio de Hacienda lo considera pertinente y en cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.
Igualmente, indica que los montos podrán ser cancelados por los organismos de cooperación internacional, u otras organizaciones sin fines de lucro que deseen coadyuvar, “en virtud de la condición humanitaria de vulnerabilidad de las personas beneficiarias de este proceso de normalización migratoria”.
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Condiciones del permiso
El permiso temporal también permite a las personas deportadas pernoctar en el Catem, donde tendrán acceso a alimentación, higiene y servicios básicos. Siempre y cuando cumplan con las regulaciones internas del centro.
En caso de que las personas deseen abandonar Costa Rica, lo pueden hacer sin problema, o coordinar con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el acogerse al programa “Retorno Voluntario Asistido” (RVA). Eso sí, la salida de suelo costarricense, bajo cualquier circunstancia, provocará la cancelación automática del permiso temporal de estadía.
La autorización también estará condicionada a la buena conducta de los migrantes: será revocada si la persona comete un delito, representa una amenaza al orden público o es vinculada con redes del crimen organizado.
La resolución D.JUR-0135-04-2025-JM-ABM ordena el acompañamiento de una persona traductora o intérprete para aquellas personas que así lo requieran, durante los pasos del proceso.
