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Mauricio Herrera, exministro de Comunicación del gobierno de Luis Guillermo Solís, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Dirección General de Migración y Extranjería y su director, Omer Badilla, por la detención de los migrantes asiáticos que el gobierno estadounidense de Donald Trump deportó hacia Costa Rica y que permanecen retenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur.
Así lo confirmó la Sala Constitucional la mañana de este martes a La Nación. El recurso de amparo se tramita bajo el expediente 25-006713-0007-CO.
En febrero de 2025, Costa Rica aceptó recibir a cerca de 200 extranjeros deportados de Estados Unidos. El exministro argumentó que el gobierno de Rodrigo Chaves accedió sin que a los asiáticos “se les tomara en cuenta su voluntad”.
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Mauricio Herrera agregó que estas personas estarían viviendo en Costa Rica “privadas de su libertad” y “permanentemente vigiladas por oficiales armados de la Policía Profesional de Migración y Fuerza Pública”, a pesar de no haber cometido ningún delito ni infracción migratoria.
Debido a ello, solicitó a la Sala la libertad inmediata y que se garanticen los derechos humanos a los migrantes.
El Tribunal Constitucional otorgó audiencia a las autoridades migratorias para que se refieran al amparo presentado. Asimismo, ordenó a Migración entregar un informe sobre la condición jurídica de “las personas privadas de libertad tuteladas”, en un plazo de tres días.
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Se les trata distinto
El exministro argumentó que estos migrantes son tratados de manera “discriminatoria” en comparación con otros extranjeros alojados en el CATEM Sur, quienes sí pueden entrar y salir del albergue, así como conversar con personas externas y dar entrevistas a medios.
Herrera denunció que, a pesar de que los asiáticos están bajo la jurisdicción costarricense y con una condición legal migratoria, que se fundamento en un permiso temporal de 30 días, no se les deja salir.
Las autoridades confiscaron sus documentos de identidad. Según testimonios, algunos alegan que no tienen asesoría legal ni información sobre sus derechos.
Herrera sostiene que estas situaciones generan en las personas extranjeras “preocupación por su estatus legal y su futuro”.
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Violación a los derechos humanos
De acuerdo con el exministro de Comunicación, el gobierno de Chaves negó a los medios de comunicación y a la ciudadanía visitar el albergue, aspecto que indica una clara restricción a la libertad de expresión. Además, dijo que existen sospechas de que las autoridades migratorias podrían “estar violando normativa de derechos humanos”.
“Su detención en un centro no destinado para estos fines, conjugado con una privación de libertad ilegítima por parte de nuestras autoridades migratorias, sumada a la falta de acceso a información y asistencia legal, constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales”, manifestó Herrera.
En su criterio, las autoridades migratorias estarían violando la Constitución Política en sus artículos 19, 20, 22, 29, 31, 33, 37, 40 y 44.
Herrera también solicitó a la Sala que se garanticen los derechos de libertad de expresión y acceso a la información a los migrantes, y que se les posibilite obtener refugio y asilo, así como ordenar a las autoridades “entregar a los medios de comunicación la información pública relacionada con estas personas deportadas”.
