Un mes después de la llegada a Costa Rica de 200 migrantes provenientes de países de Asia, África y Europa del Este, deportados por la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) busca que estas personas tomen una decisión sobre su permanencia o no en el territorio costarricense.
La DGME elaboró y difundió un acta de consentimiento informado, con la cual invitó a los migrantes a elegir entre cuatro opciones, “considerando que existen limitaciones en algunos casos” para retornar a su países de origen.
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Los migrantes podrían a optar por:
-Regresar voluntariamente a sus países de origen
-Desplazarse a otros terceras naciones, siempre y cuando tengan la certeza de que serán recibidos
-Permanecer en Costa Rica optando por una categoría especial humanitaria
-Permanecer en Costa Rica por medio una gestión de refugio
La opción de solicitar refugio les permitiría permanecer libremente en el territorio costarricense, pero esto implicaría que tengan que dejar el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) ubicado en Ciudad Neilly, Corredores.
Así lo denunciaron el exministro de Comunicación, Mauricio Herrera, y el diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, este miércoles, con base en denuncias que recibieron por parte de personas afectadas.
Herrera recientemente presentó un recurso de hábeas corpus contra la retención de los migrantes en el Catem de la Zona Sur, alegando que están siendo privados de libertad de facto, sin que exista una base legal que justifique la restricción de tránsito.
Sin embargo, el exministro Mauricio Herrera consideró que el nuevo paso dado por el Gobierno de Costa Rica carece de sentido humanitario, lejos de representar una solución.
Según dijo, al condicionar la estadía en el Catem, muchas de las personas ahora tendrían que decidir entre regresar a los países de los que huyeron por razones políticas o sociales, o vivir en la calle.
“Hay una persona (un migrante) que me explica que él está aquí con su esposa y con un niño de seis años”, ejemplificó. “Él me dice que le interesaría pedir refugio, pero que hoy les entregaron esa hoja y junto con esa hoja les dijeron, verbalmente, que si optaban por pedir refugio tenían que salir de inmediato del Catem y quedaban en la calle”.
La Nación envió múltiples consultas a la DGME sobre el procedimiento en curso, sobre su alcance y sobre las opciones de acompañamiento que el Estado costarricense ha puesto a disposición de las personas migrantes que se acojan a cualquiera de las modalidades ofrecidas. También consultó si, tal como denuncian Herrera y Ortega, se estaría condicionando la continuidad de las personas migrantes en el Catem de la Zona Sur. No obstante, la institución no respondió a las consultas planteadas hasta el cierre de esta publicación.
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La Nación obtuvo copia del documento entregado a los migrantes este miércoles por medio del exministro Herrera; sin embargo, el mismo documento también fue expuesto en el Plenario legislativo por el diputado Ortega, quien calificó el texto como un “chantaje tácito”.
Entre las personas detenidas, hay familias enteras con niños, de países cuyos gobiernos son conocidos por perseguir a poblaciones específicas o integrantes de grupos políticos rivales.
Herrera dijo considerar que el Gobierno costarricense “se metió en un problema de manera totalmente irresponsable” y que ahora debería asumir sus responsabilidades. “La irresponsabilidad más grande sería que terminen pidiendo refugio y que los echen a la calle cuando estas personas ni siquiera habían pedido venir al país, sino que vinieron por la fuerza (...) Costa Rica está adquiriendo responsabilidades internacionales muy serias por lo que está pasando acá”.
Hasta el jueves
El diputado Antonio Ortega también criticó que el acta de consentimiento se redactó en español, a pesar de que la mayoría de las personas migrantes que llegaron desde febrero pasado desconocen el idioma.
Asimismo, insinuó que el despliegue del documento en las últimas horas podría responder a la visita que tienen programada los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, este 28 de marzo, al centro de atención de migrantes.
“Les están dando de plazo mañana (jueves 27 de marzo) hasta las 9 de la mañana y les indican que, si solicitan refugio, serán expulsados del Catem”, indicó. “Parece que se están poniendo las pilas no sé para qué, seguro quieren que lleguemos y ya no haya nadie”, añadió.
Costa Rica recibió dos vuelos con migrantes deportados por parte de la administración del presidente Donald Trump, en Estados Unidos, al cierre de febrero pasado. En ellos llegaron 200 personas, originarios de países como Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, China, Georgia, Ghana, India, Irán, Jordania, Kazajistán, Nepal, República Democrática del Congo, Rusia, Turquía, Uzbekistán y Vietnam. Según reportaron las autoridades, 65 personas del primer vuelo y otras 16 personas del segundo eran menores de 18 años.
Los migrantes fueron recibidos por las autoridades migratorias costarricenses e inmediatamente fueron desplazadas a la zona sur, a través de procedimientos que la Defensoría de los Habitantes ha calificado como “injustos”, incluso en el caso de los menores de edad.
El Gobierno de la República, sin embargo, ha rechazado las críticas que le acusan de violar derechos humanos con sus acciones.
“No existe ninguna denuncia que yo conozca”, afirmó el canciller de la República, Arnoldo André, el 19 de marzo pasado en la Asamblea Legislativa, cuando fue consultado por el diputado Ortega sobre si temía eventuales sanciones por parte de organismos internacionales por violaciones a acuerdos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El ingreso de los 200 migrantes al suelo costarricense ocurrió solo semanas después de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Costa Rica. Luego de hablar con el presidente Rodrigo Chaves y otros funcionarios de gobierno, incluido el canciller André, se anunció que Costa Rica había mostrado anuencia para colaborar en materia migratoria.
Diversas organizaciones han criticado que Costa Rica accediera a recibir los migrantes, muchos de los cuales son originarios de países con los que ni siquiera existen conexiones aéreas más convenientes para su repatriación.
