El canciller de la República, Arnoldo André, negó que se hubieran violentado los derechos humanos de las personas deportadas por el gobierno de Donald Trump a Costa Rica.
André lo afirmó pese a que instituciones nacionales e internacionales han denunciado las violaciones cometidas contra los deportados.
“No existe ninguna denuncia que yo conozca”, afirmó el canciller luego de que el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), le preguntó si no temía que las denuncias sobre las violaciones a los derechos de los migrantes deportados acarrearan sanciones de organismos internacionales por permitir violaciones a acuerdos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Ortega también recordó que la Defensoría de los Habitantes denunció las violaciones cometidas por el gobierno de Rodrigo Chaves al realizar un acuerdo con Estados Unidos para permitir el ingreso y traslado de los foráneos al país. Ante esto el diplomático aclaró que se trataba de una “supuesta violación”.
Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores se dieron este miércoles durante su interpelación en el plenario legislativo, al que fue llamado a cuentas por los diputados ante el giro en la política exterior de Costa Rica.
Giro en política exterior
Durante los últimos dos meses, el gobierno de Chaves cambió su posición internacional y dio la espalda a Ucrania; además llegó a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para permitir el ingreso de deportados en el Centro de Atención de Migrantes (Catem), en Corredores.
Durante sus declaraciones en el Congreso, André confirmó que la negociación para el ingreso de deportados inició el pasado 17 de febrero, y se dio por medio de correos electrónicos. Las condiciones habrían sido negociadas por él y el presidente, según detalló a los legisladores.
Durante la sesión, el canciller se negó a entregar los correos con los acuerdos negociados con el gobierno norteamericano, los cuales portaba en una carpeta. Afirmó que acomodaría los documentos y que este jueves los haría llegar a la Asamblea.
El jerarca también aseveró que Mario Zamora, ministro se Seguridad, era la persona que debía velar por que se respeten los derechos de los extranjeros recluidos en el Catem.
Desde finales de febrero, los 200 migrantes fueron enviados al Catem. La administración estableció un plazo temporal de permanencia de 30 días mientras se gestionan los retornos voluntarios a sus países, a la fecha, según dijo el canciller, ya se ha ubicado a la mitad.
Denuncias de violaciones de derechos humanos
El 13 de marzo la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, denunció que el gobierno mantenía recluidas y sin pasaportes a cerca de 200 deportados por la administración estadounidense de Donald Trump.
Al respecto, la jerarca manifestó que el país no podía desconocer su compromiso con el respeto de los migrantes por causa de un interés político.
Cruickshank dijo que los acuerdos de cooperación migratoria suscritos con el gobierno de Donald Trump violentan de manera sistemática las obligaciones asumidas por el país con la comunidad internacional, para la salvaguarda de las personas que se encuentran en el territorio nacional, independientemente de su condición migratoria o nacional.
La organización Human Rights Watch (HRW) también denunció al gobierno de Costa Rica por actuar como cómplice en las políticas migratorias de Estados Unidos, tras recibir migrantes deportados que habían solicitado asilo.
Michael García Bochenek, asesor de derechos del niño en HRW, instó al canciller Arnoldo André Tinoco a transparentar los acuerdos migratorios con EE. UU. durante su interpelación ante la Asamblea Legislativa.
Los migrantes, entre ellos 80 niños, provienen de Afganistán, China, Irán, Rusia, Uzbekistán y Vietnam, y se encuentran recluidos en el Catem.
HRW denunció que varios fueron deportados sin ser escuchados por un juez, pese a haber expresado temor de persecución. Entre los casos expuestos, se menciona a una iraní convertida al cristianismo, una madre afgana separada de su esposo, y una familia rusa perseguida por denunciar irregularidades electorales.
