Aunque los 31 diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) le garantizan al gobierno de Laura Fernández una mayoría absoluta para aprobar buena parte de los proyectos que se tramitan en el Congreso, aún no ha logrado consolidar los 38 votos necesarios para sacar adelante iniciativas que requieren una mayoría calificada.
El número es clave para avanzar en algunas de las reformas prioritarias del gobierno, como las modificaciones a la Constitución Política o la emisión de eurobonos. También para avanzar en reformas al Poder Judicial y tomar determinadas decisiones sobre la elección y reelección de magistrados.
El pasado 11 de febrero, el entonces presidente Rodrigo Chaves afirmó que buscaría a siete diputados “buenos” para alcanzar esos 38 votos.
“Vamos a reclutar a siete diputados que no sean obstruccionistas”, afirmó Chaves en aquel momento. También dejó claro dónde buscaría esos apoyos: “Tiene que haber algunos buenos en la segunda fracción mayoritaria”. Se refería al Partido Liberación Nacional (PLN), que ocupa ese lugar con una bancada de 17 integrantes.
Una mayoría insuficiente
Sin embargo, el oficialismo no ha conseguido sumar esos siete votos de manera sostenida. Incluso cuando al inicio de la administración Fernández el Congreso aprobó un proyecto prioritario para Zapote que requería una mayoría calificada, el respaldo provino de la totalidad del llamado bloque democrático, no solo del PLN.
Se trata de la ley que permite a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) establecer alianzas estratégicas con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para construir la marina de Limón, así como prestar servicios y desarrollar otras actividades.
El proyecto recibió el aval definitivo en el plenario de la Asamblea Legislativa con el voto unánime de los 50 diputados presentes en la sesión.
Los 26 votos de la oposición se han mantenido, principalmente, dentro del bloque democrático, integrado por las cuatro agrupaciones opositoras: PLN, Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
Para el politólogo Daniel Calvo, las dificultades para conseguir una mayoría calificada reflejan una debilidad del gobierno en la negociación con otras fuerzas políticas. En su criterio, contar con 31 diputados no ha representado la ventaja que algunos esperaban tras los resultados electorales, pues el oficialismo no ha logrado consolidar apoyos adicionales para los asuntos que requieren más votos.
Calvo cuestiona un estilo de gestión que describe como orientado a la imposición y no a la negociación. Esa dificultad se hizo evidente durante la discusión del proyecto de ley de armonización eléctrica, cuando el oficialismo estuvo cerca de conseguir los apoyos necesarios, pero las conversaciones con el PLN se deterioraron a último momento.
La iniciativa terminó archivada al no alcanzar los 38 votos necesarios para su aprobación en segundo debate. De la oposición, solo la diputada socialcristiana Abril Gordienko respaldó el proyecto en las dos votaciones.
Para el analista, el oficialismo y el Ejecutivo pudieron haber optado por ampliar el plazo para discutir la iniciativa, en lugar de dejar que las diferencias con el PLN terminaran por frustrar la votación.
En contraste, el proyecto para permitir alianzas estratégicas de Japdeva es el caso más claro de una negociación efectiva para alcanzar una mayoría calificada. Para esa propuesta, el Gobierno aceptó modificaciones al texto, principalmente del FA, lo que permitió reunir el respaldo necesario para su aprobación.
Desconfianza se impone
La diferencia entre ambos casos apunta a la importancia de las condiciones en que se desarrollan las conversaciones. Para el politólogo Sergio Araya, el oficialismo ha planteado la búsqueda de los siete votos desde una lógica de división entre el gobierno y la oposición, en lugar de priorizar la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.
“El discurso tendría que ser, vamos a construir acuerdos, vamos a buscar espacios de coincidencia”, afirmó Araya. A su criterio, esa disposición permitiría al oficialismo no solo alcanzar los 38 votos requeridos, sino conseguir mayorías más amplias que den legitimidad a las decisiones legislativas.
La falta de una mayoría calificada también condiciona otras prioridades del gobierno, como los eurobonos, una autorización para emitir títulos valores en los mercados internacionales por hasta $13.500 millones durante un periodo de nueve años.
Araya considera que la dificultad para alcanzar acuerdos también está relacionada con un contexto de polarización y desconfianza que viene desde la administración de Rodrigo Chaves.
El pulso por el futuro del Poder Judicial
Uno de los terrenos donde esa desconfianza se manifiesta es el Poder Judicial. Chaves y el PPSO han planteado la necesidad de cambiar la cúpula judicial, pero el oficialismo no ha conseguido imponer su posición.
Esto también explica el cambio de posición del FA ante la reelección de magistrados. En otros periodos, la agrupación abogó por la renovación de las magistraturas, pero en la coyuntura actual ha priorizado sus temores sobre las intenciones del oficialismo de buscar un cambio en la correlación de fuerzas dentro de la Corte Plena.
El oficialismo no logró impedir la reelección de Julia Varela como magistrada de la Sala II. La oposición también se ha pronunciado a favor de la continuidad de Jorge Araya, en la Sala Constitucional, y Patricia Solano, en la Sala de Casación Penal. El plenario legislativo aún debe pronunciarse sobre esas dos reelecciones.
También están pendientes de revisión en la Comisión de Nombramientos los casos de Jorge Olaso y Roxana Zúñiga, ambos magistrados de la Sala II.
Las manifestaciones de Chaves sobre la necesidad de “recuperar” el Poder Judicial, sus cuestionamientos con preguntas como “¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?” y el bloqueo del PPSO a la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional contribuyen a alimentar la desconfianza entre el oficialismo y la oposición.
Las reformas al Poder Judicial que impulsa el PPSO también enfrentan el requisito de los 38 votos. En la mayoría de esas propuestas, la Corte Plena ha concluido que los cambios inciden en la organización y el funcionamiento de ese Poder de la República.
El ministro ausente
En este ajedrez, el rol de Rodrigo Chaves como ministro de la Presidencia y de Hacienda entra en cuestionamiento. El exmandatario ha concentrado su función en mantener cohesionada la bancada oficialista, en lugar de fortalecer la interlocución con las fracciones de oposición.
Sin embargo, Sergio Araya considera que el estilo confrontativo que Chaves ha mantenido durante su trayectoria pública no favorece la negociación con las fuerzas opositoras. El Ministerio de la Presidencia, señaló, debería facilitar el diálogo, propiciar espacios de entendimiento y mantener la interlocución con el conjunto de la Asamblea Legislativa, no únicamente con los diputados afines al gobierno.
Araya recordó que la articulación política con el Congreso tampoco fue una prioridad para Chaves durante su administración.