La magistrada Julia Varela resultó reelecta este miércoles 9 de setiembre para un nuevo periodo de ocho años en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, después de que su continuidad fuese sometida a votación en la Asamblea Legislativa.
Para separarla del cargo se requería de al menos 38 votos en contra, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política; sin embargo, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) no logró reunir esa cantidad de apoyos.
Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) votaron a favor de la continuidad de Varela.
Por su parte, el Partido Pueblo Soberano se manifestó en contra con sus 31 votos.
La permanencia de Varela en la Corte Suprema de Justicia se definió antes de que venciera su actual nombramiento, el 16 de setiembre. Para esa misma fecha, a las 3 p. m., está programada su juramentación para continuar como magistrada de la Sala Segunda.
Durante la discusión en el plenario legislativo, los diputados expresaron sus posiciones sobre la experiencia y desempeño de la magistrada, así como los cambios que necesita el Poder Judicial.
Marta Esquivel, del PPSO, centró sus intervenciones en la necesidad de alternabilidad en las instituciones nacionales. Según la diputada, su posición no responde a la edad de 75 años de Varela, sino a la necesidad de incorporar nuevas voces, ideas y perspectivas.
Esquivel aseguró que la decisión de no respaldar a Varela tampoco responde a factores personales. A su criterio, la Asamblea Legislativa tiene una responsabilidad en la renovación de la Corte Suprema de Justicia. La legisladora reconoció, además, que la magistrada cumple con los requisitos para ocupar el cargo.
Varela acumularía 32 años como magistrada de la Sala Segunda al finalizar el nuevo periodo de ocho años para el cual fue reelecta.
La diputada insistió posteriormente en que el Poder Judicial necesita un cambio estructural y no únicamente estético. También rechazó los señalamientos de que su agrupación pretenda apropiarse del Poder Judicial.
Salvador Padilla, del PLN, cuestionó esa posición y calificó como débil el argumento de la renovación. También rechazó que la edad sea un criterio válido para decidir sobre la continuidad de Varela.
Janice Sandí Morales, también liberacionista, sostuvo que la decisión debía analizarse a partir de criterios objetivos como mérito, experiencia, resultados y especialización.
Sandí presentó como referencia la permanencia de jueces en Estados Unidos, que cifró en un promedio de 26 años. La legisladora defendió que una permanencia prolongada puede representar experiencia para el ejercicio del cargo.
La diputada también expuso datos sobre el despacho de Varela. Según las cifras que presentó ante el plenario, los asuntos pendientes bajaron de 901 en el 2021 a 336 en julio del 2026.
Para Sandí, esos resultados respaldan la posibilidad de que una profesional con amplia trayectoria continúe aportando su experiencia. La legisladora consideró que el desempeño debe formar parte de los criterios utilizados por la Asamblea para tomar este tipo de decisiones.
Antonio Trejos, del Frente Amplio, centró su intervención en la independencia judicial. El congresista cuestionó que una mayoría política pueda utilizar estos procesos para sustituir jueces y posteriormente nombrar personas cercanas a sus posiciones.
Trejos afirmó que, durante el proceso, los diputados no identificaron razones objetivas y suficientemente graves relacionadas con el desempeño moral o técnico de Varela que justificaran su salida. Según el frenteamplista, la evaluación de una magistratura debe fundamentarse en criterios técnicos y de desempeño.
José Miguel Villalobos defendió la posición del PPSO contra la reelección. Según manifestó, la agrupación considera jurídicamente válida la decisión de no reelegir a Varela y sostiene que no es necesario justificar esa determinación.
Villalobos calificó a Varela como una jueza conservadora y afirmó que una transformación de ese poder de la República requiere cambiar magistrados.
Durante su intervención, el diputado oficialista afirmó que las capacidades intelectuales disminuyen con el paso del tiempo. Además, sostuvo que el Poder Judicial requiere una persona con fuerza y energía, que mantenga su independencia frente al Poder Ejecutivo, tanto en la actual administración como en futuras.
José María Villalta, del FA, advirtió de que la discusión ocurre en un escenario en el cual existe el riesgo de mantener puestos vacantes en la Corte. El diputado señaló que esa situación puede afectar el funcionamiento del Poder Judicial.
Villalta recordó las dificultades experimentadas con los nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y manifestó que su fracción no quería correr un riesgo similar en la Sala Segunda.
El frenteamplista también rechazó la afirmación de que Varela no pueda participar en una transformación del Poder Judicial. Según Villalta, algunas reformas relevantes dentro de la institución fueron lideradas por la magistrada.
Edgardo Araya, también del Frente Amplio, cuestionó que se plantee un cambio de integrantes de la Corte sin definir primero cuáles transformaciones necesita la institución. Según el diputado, el debate debe establecer qué Poder Judicial requiere Costa Rica y cuáles aspectos deben modificarse.
Araya afirmó que desde el Poder Ejecutivo observó ataques contra el Poder Judicial, pero no propuestas concretas sobre las reformas necesarias. El legislador cuestionó, por esa razón, la idea de cambiar autoridades sin establecer previamente el objetivo de esa transformación.
Abril Gordienko, del PUSC, aseguró que su posición se sustentó en los atestados y la experiencia de Varela. La diputada destacó que la magistrada participó en procesos de cambio dentro del Poder Judicial, pese a los cuestionamientos planteados durante el debate.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, cuestionó los argumentos utilizados contra la continuidad de la magistrada. Según Dobles, Pueblo Soberano no presentó fundamentos de peso para justificar la salida de Varela.
¿Qué hace la Sala Segunda?
La Sala Segunda tiene entre sus principales competencias las materias laboral y de familia. Resuelve en última instancia asuntos relacionados con conflictos jurídicos individuales de trabajadores del sector privado y público.
Este órgano también conoce recursos de casación vinculados con procesos declarativos de derecho sucesorio, procesos concursales y ejecuciones de sentencia, dentro de las condiciones establecidas por la legislación.
