El Frente Amplio (FA) dio un giro a una de sus banderas históricas: su objeción a la reelección automática de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El bloqueo del partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) a la elección de suplentes de la Sala Constitucional generó que la agrupación reconsidere su postura para evitar la parálisis del sistema de justicia.
Así lo reconoció el jefe de la fracción frenteamplista, José María Villalta, en declaraciones a La Nación.
“Antes teníamos más objeciones a la reelección de magistrados, pero desde que el chavismo empezó a usar el nombramiento de magistrados como un instrumento para bloquear el Poder Judicial e impedir que la Corte pueda conocer causas contra políticos corruptos, nuestra posición ha cambiado”, indicó Villalta.
El legislador ya había adelantado este reposicionamiento sobre el tema durante la reunión de jefes de fracción del jueves 28 de mayo. “Lo que procederá será permitir las reelecciones, con todo el dolor del alma, porque de lo contrario va a quedar toda la justicia de este país paralizada y eso sí sería el peor escenario posible para nosotros”, declaró el diputado.
La primera prueba: nombramiento de Julia Varela
No obstante, en las manifestaciones dadas a este medio, el frenteamplista matizó cómo abordarán el tema, que ya dejó de ser un escenario hipotético. Los diputados tendrán que decidir si reeligen o no a la magistrada Julia Varela en la Sala II, luego de que este viernes ella envió un oficio a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, solicitando poner en marcha el trámite legislativo correspondiente, ya que su nombramiento vence el próximo 16 de setiembre.
“Vamos a ser muy cuidadosos de no generar nuevas vacantes en la Corte si hay algún riesgo de que estas vacantes sean usadas por el gobierno para seguir paralizando el sistema de justicia”, expresó Villalta.
Añadió que la fracción evaluará cada caso de forma individual, con base en la trayectoria y el desempeño en el cargo de cada persona postulante. En ese proceso, dijo, revisarán aspectos como la rendición de cuentas, el manejo de la mora judicial y la ausencia de señalamientos éticos o de corrupción, y subrayó que “estamos abiertos a valorar el nombramiento por un nuevo periodo”.
Varela se reelegiría automáticamente salvo que 38 diputados voten en contra, según lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política. El PPSO cuenta con 31 curules, el Partido Liberación Nacional (PLN) tiene 17, el Frente Amplio tiene siete, mientras que la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) tienen una legisladora cada uno. Esta fragmentación obliga a construir acuerdos entre bancadas para definir el resultado.
Oficialismo aboga por la no reelección

Los más interesados en que no haya reelección de magistrados son el gobierno de Laura Fernández y el oficialismo, como parte de su propuesta de reforma del Poder Judicial, una postura impulsada en reiteradas ocasiones por el expresidente Rodrigo Chaves, hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Fernández, quien fue electa bajo la bandera de la continuidad, ha mantenido la misma línea discursiva de su antecesor y mano derecha en el gabinete.
Por su parte, el diputado oficialista José Miguel Villalobos también hizo un llamado en esa dirección durante la sesión del plenario del 20 de mayo, cuando se pronunció a favor de una reforma constitucional para frenar la reelección de magistrados.
Mientras esa iniciativa avanza, pide a sus compañeros diputados no reelegir a ninguno de los cinco magistrados cuyos nombramientos vencen este año. Además de Varela, el Congreso tendrá que pronunciarse sobre los vencimientos de Jorge Araya García (Sala Constitucional); Patricia Solano Castro (Sala III); Jorge Olaso Álvarez y Roxana Chacón Artavia (ambos de la Sala II).
Temor por lo que pueda ocurrir
En otro momento, el aliado natural para impulsar ese cambio habría sido el Frente Amplio. Sin embargo, la decisión del PPSO de no elegir magistrados suplentes de la Sala Constitucional —lo que mantiene a ese tribunal al borde de un cierre técnico— vuelve cada vez más improbable ese escenario.
La postura del oficialismo ha generado malestar en la oposición, que teme que una estrategia similar pueda paralizar otras salas del Poder Judicial ante la falta de magistrados titulares y suplentes. “Hecha la vacante, hecha la trampa”, advirtió Villalta.
“Para las personas trabajadoras de este país sería una catástrofe que sus juicios laborales queden varados indefinidamente porque no puede funcionar la Sala Segunda. Las pensiones, los salarios, las prestaciones laborales, los aguinaldos, las reinstalaciones de trabajadores que sufren discriminación, todo esto quedaría paralizado si permitimos que el chavismo haga con la Sala Segunda lo que hoy están haciendo con la Sala Cuarta”, agregó.
Entre la oposición también persisten dudas tras las declaraciones del expresidente Chaves, quien días antes de dejar el poder prometió “tomar control” del Poder Judicial y aseguró que “reclutaría” diputados del PLN para alcanzar los 38 votos necesarios y evitar la reelección de magistrados, así como impulsar otros cambios constitucionales.
