La resolución de Jiménez, de 18 páginas, cuestiona que la Corte Plena no enviara los 24 candidatos necesarios para nombrar las 12 suplencias del tribunal constitucional, sino solamente 18 aspirantes para hacer nueve nombramientos, tal como lo fija la ley.
Originalmente, el argumento del PPSO era que ellos no conocían los candidatos a las magistraturas, pero la oposición les refutó esa afirmación, porque los atestados son de acceso público en el sitio web del Congreso. Además, existen actas de las entrevistas que les hizo la Comisión de Nombramientos, en la que Pilar Cisneros, exlegisladora chavista, era una integrante activa.
Igualmente, están disponibles en los siete canales de la Asamblea, en YouTube, las transmisiones completas de las audiencias de los 18 candidatos.
Ya Pueblo Soberano había votado una moción, semanas atrás, para devolver la lista de candidaturas por primera vez, pero la Corte rechazó la solicitud de abrir un nuevo concurso para aspirantes a magistrados suplentes dado que los diputados no dieron argumentos objetivos para rechazar la lista.
Con la resolución de Yara Jiménez, se hace una segunda devolución, que puede causar un cierre técnico en la Sala Constitucional, tribunal que obligatoriamente debe tener los siete miembros para sesionar.
De enfermarse alguno de ellos, el tribunal no podría sesionar y se frenaría el conocimiento de miles de asuntos, entre ellos los amparos por incumplimiento de acceso a derechos fundamentales, como la salud (medicamentos y citas médicas urgentes), la educación, la información, entre otros miles.
‘La vida de las personas está en riesgo’
El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, señaló que la decisión “incorrecta y peligrosa” de Yara Jiménez sobre la nómina de aspirantes a magistrados pone “en riesgo la vida de miles de personas”, quienes pueden depender de decisiones de la Sala Constitucional sobre medicinas y citas médicas urgentes para sus vidas.
Además, el verdiblanco aseguró que la negativa de Pueblo Soberano a elegir magistrados busca arrastrar el Congreso a una lucha sin cuartel contra el Poder Judicial, declarada por el Poder Ejecutivo.
Ramírez cuestionó la acusación lanzada por la presidenta legislativa, Yara Jiménez, más temprano este jueves, en la reunión semanal de jefaturas de fracción, cuando sugirió que la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia toman adrede resoluciones en contra del oficialismo y el partido de gobierno, en referencia al amparo de Claudia Dobles y Abril Gordienko, declarado con lugar, en contra de una decisión de Jiménez que les impidió cambiar su puesto en una comisión, entre ellas.
Para fundamentar su apelación contra la resolución de la presidencia legislativa, Claudia Dobles aseguró que hay una estrategia clara y premeditada para debilitar la Sala Constitucional, llevándola a una parálisis técnica.
“No hay un solo argumento técnico, válido y sensato que indique por qué no elegir un solo magistrado suplente. Un nuevo concurso llevaría un año y eso implicaría un cierre técnico”, dijo la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), para quien el oficialismo también quiere colonizar y tomar ese tribunal.
Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), enfatizó que negarse a elegir suplentes de la Sala Constitucional retrasa la resolución de recursos de costarricenses vulnerables cuyos derechos fundamentales han sido irrespetados.
“Esto se traduce en una denegación implícita del acceso a la justicia para la ciudadanía”, dijo y acusó al oficialismo de instrumentar a la Asamblea Legislativa para afectar el Poder Judicial.
Por su parte, José María Villalta dijo que devolver la lista de candidatos a suplentes de la Sala Constitucional es un incumplimiento de deberes de la Asamblea Legislativa, “un acto de prevaricato, un acto absolutamente legal y arbitrario”.
El diputado del FA dijo que, devuelta la nómina de parte de la Corte, el Congreso tenía la obligación de poner la lista de aspirantes a votación.
Rechazada las cuatro apelaciones, la resolución de Yara Jiménez será remitida a la Corte Suprema de Justicia, donde se analizará la decisión tomada por el PPSO.
