El Ministerio de la Presidencia acumula 304 sin jerarca desde la salida de Laura Fernández, el 31 de enero de 2025, y se ha convertido en el símbolo más evidente del vacío político que enfrenta el gobierno de Rodrigo Chaves en su relación con la Asamblea Legislativa.
Durante casi diez meses, el despacho encargado de articular las prioridades de la administración con los jefes de fracción, coordinar negociaciones y destrabar proyectos clave, ha permanecido en silencio, sin una figura que asuma la conducción.
El Informe Estado de la Nación 2025 afirma que con esta decisión, el Poder Ejecutivo “abdica de uno de sus poderes”, lo que obstaculiza las negociaciones con los legisladores. De continuar así hasta que concluya el mandato de Chaves, en mayo del 2026, el cargo llegaría a 453 días sin un ocupante.
“Después del presidente de la República, el titular del Ministerio de la Presidencia es el jerarca ministerial más importante en cualquier gobierno desde el punto de vista político”, destaca el documento.
La determinación de no designar a una persona al frente de la cartera, a criterio del Estado Nación, también representaría “una renuncia a impulsar una agenda legislativa”, por parte de Zapote.
La Nación remitió consultas a la Casa Presidencial sobre las conclusiones del informe, pero no se obtuvo respuesta al cierre de este artículo. Por su parte, la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, negó que se haya renunciado a impulsar una agenda legislativa.
Alegó que durante las actuales sesiones extraordinarias se convocaron más de 100 proyectos, pero que la mayoría de diputados “no quieren avanzar”. Alegó, a modo de ejemplo, que se dedicara un mes a la discusión del Presupuesto Nacional 2026, aprovechando el uso de la palabra, en su criterio, para hacer control político y criticar al gobierno de Chaves.
Lo que está detrás de la decisión
Para Ronald Alfaro, investigador del Programa Estado de la Nación, detrás de la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves hay una estrategia para “deslegitimar al Congreso”, responsabilizándole de la improductividad del gobierno.
“No es porque yo no estoy incluyendo proyectos en la agenda legislativa, sino porque ellos no aprueban y me bloquean”, señaló.
Si bien el Ministerio de la Presidencia registra una creciente inestabilidad desde el 2018, con cambios frecuentes en su jerarca, la decisión de Rodrigo Chaves de dejar el cargo vacante, tras la última salida, constituye un “hecho inédito en la política costarricense”, subraya el reporte.
Durante el cuatrienio del presidente Carlos Alvarado (2018-2022), el Ministerio de la Presidencia contó con cuatro jerarcas: Rodolfo Piza, Víctor Morales, Marcelo Prieto y Geannina Dinarte.
En contraste, durante la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) solo dos personas han encabezado la cartera: Natalia Díaz y Laura Fernández. Ambas dimitieron para aspirar a la presidencia de la República, en febrero del 2026.
La diferencia histórica reside en que, tras renunciar Fernández, no se designó a nadie en su lugar y, según ha indicado el mismo mandatario, no se tiene previsto hacerlo en el futuro.
¿Cómo justificó Chaves su decisión?
Chaves renunció a contar con el articulador político como represalia por la reelección de Rodrigo Arias en la presidencia de la Asamblea Legislativa, el pasado 1.° de mayo, por cuarto periodo consecutivo.
El 12 de marzo, el mandatario advirtió de que designar a un ministro de la Presidencia sería un desperdicio de dinero mientras el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) siguiera al frente del Congreso.
“Mientras Arias Sánchez esté ahí, deshonrando ese cargo, yo no voy a poner a nadie. ¿Para qué? Llevarle serenatas a una persona que no puede o no quiere escuchar; eso es botar la plata de los ticos”, alegó el gobernante.
Pilar Cisneros dijo a La Nación que esta decisión se mantiene en firme. “¿Por qué? Porque efectivamente no hay ninguna posibilidad de diálogo entre el presidente Chaves y Rodrigo Arias. Entonces, no tiene mucho sentido", subrayó.
Las labores ordinarias del Ministerio de la Presidencia, como la convocatoria de proyectos de ley durante las sesiones extraordinarias, recaen de forma interina en Jorge Rodríguez Bogle. A la vez, la coordinación del gabinete quedó en manos de Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones.
No obstante, quien está en diálogo más cercano con las fracciones y Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista, es el viceministro de Asuntos Parlamentarios, Alejandro Barrantes Requeno.
Además del cálculo político, la personalidad de Rodrigo Chaves dificulta que alguien ejerza plenamente las responsabilidades del Ministerio de la Presidencia, con la autonomía y la capacidad necesarias para negociar y cerrar acuerdos sin temor a que, una vez que el asunto llegue a conocimiento del mandatario, se deshaga lo avanzado, de acuerdo con el politólogo Daniel Calvo.
“Chaves no permite competencia absolutamente con ninguna otra figura, salvo Pilar Cisneros, con quien tiene un almuerzo todos los viernes, el que imagino es para discutir el estado de las cosas, incluido el trabajo legislativo. Pero no comparte la toma de decisiones ni los reflectores con ninguna otra figura”, argumentó el analista.
Resultados infructuosos
El Informe Estado de la Nación 2025 concluyó que la administración Chaves Robles ha gestionado sus potestades legislativas “como los gobiernos de la época bipartidista”, pese a operar en una Asamblea Legislativa multipartidista y con una fracción oficialista “altamente minoritaria”.
Un análisis de los decretos de convocatoria y desconvocatoria de proyectos en sesiones extraordinarias entre 2022 y 2025 revela que el Ejecutivo ha convocado y desconvocado pocas iniciativas, “como si tuviese un potente músculo legislativo para hacer prevalecer sus intereses”, señala el estudio.
El documento advierte de que este comportamiento sugiere “la presencia de pocas negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso”, aun cuando las condiciones políticas actuales exigirían lo contrario.
En un escenario de múltiples partidos y sin mayorías propias, el gobierno tendría incentivos para “ofrecer múltiples iniciativas de interés de diversos partidos con el fin de avanzar sus prioridades”. Sin embargo, el informe concluye que la estrategia seguida ha sido “una agenda estable, pequeña y rígida”, centrada en sus propias iniciativas y con poca disposición a ampliar el espectro de proyectos a negociar.
El Estado de la Nación destaca que el Ejecutivo tampoco ha buscado construir alianzas para compensar su limitada fuerza parlamentaria.
“Ninguna de estas condiciones existe en la actualidad”, apunta el documento, lo que refleja “una contradicción entre la estrategia parlamentaria del Ejecutivo y las condiciones políticas prevalecientes en estos tres primeros años de Gobierno”.
En síntesis, la estrategia del mandatario “no parece ajustarse a la realidad de sus limitados apoyos legislativos” y muestra un “limitado empuje de la agenda normativa del gobierno”.
Acuerdos en tiempos del multipartidismo
El informe contrasta este enfoque con el de administraciones previas, como las de Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022), que impulsaron agendas “fluidas, diversas y cambiantes”, apoyadas en dos pilares: “el reconocimiento de un papel más protagónico de las fuerzas de oposición en la formación de la ley” y “una mayor disposición del Ejecutivo por ceder y negociar iniciativas”.
A pesar de esta rigidez, la tercera legislatura de este periodo (2024-2025) aprobó 240 leyes —un promedio de 12 por mes—, cifra que la convierte en la segunda más productiva desde 1986. No obstante, el informe explica que este resultado no es producto del trabajo del gobierno, sino del impulso de las fracciones legislativas.
Durante ese periodo, “solo el 11% de las leyes aprobadas (26 expedientes) lo presentó el Poder Ejecutivo”, mientras que el 89% restante provino del Congreso. Se trata del “porcentaje más bajo de aprobación de proyectos de ley presentados por el Ejecutivo desde 1986”.
Esa brecha, según menciona la investigación, refleja que el “Ejecutivo profundizó la tendencia de repliegue”, ya sea porque las leyes se aprueban a pesar de su posición o porque, incluso tratándose de iniciativas de su interés, debe ceder la autoría a diputados para aumentar sus posibilidades de aprobación.