La reconfiguración del poder local tras las elecciones municipales de 2024 deja un saldo que trasciende la simple movilidad política y evidencia la fragilidad de las estructuras partidarias frente al avance del chavismo.
Ya son 19 —y en aumento— los alcaldes que han decidido romper con las agrupaciones que los llevaron al poder para alinearse con el proyecto impulsado por el presidente Rodrigo Chaves. La continuidad de esa propuesta recaerá en la mandataria electa Laura Fernández, a partir del 8 de mayo. La fuga ha impactado a ocho partidos políticos, pero sus efectos distan de ser homogéneos.
Desplomes y caídas: ¿quiénes perdieron todo?
Para tres agrupaciones el golpe ha sido total: perdieron la totalidad de sus alcaldías y, con ello, su presencia en el poder territorial. Este es el caso del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), el Partido Justicia Social Costarricense (PJSC) y el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
La situación del PPSD resulta particularmente simbólica, pues fue la plataforma que llevó a Chaves a la Presidencia, pero de la cual el propio proyecto chavista terminó por desligarse.
En otros casos, el impacto se mide más en términos de reducción que de desaparición. Nueva República (PNR), por ejemplo, ha visto disminuir su músculo territorial a la mitad.
Los partidos tradicionales —Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC)— encabezan la lista en términos absolutos de alcaldes que han migrado hacia el chavismo. Sin embargo, ese golpe resulta proporcionalmente menor al considerar que ambas agrupaciones iniciaron el periodo con las mayores cuotas de poder local: 29 alcaldías en el caso del PLN y 20 en el PUSC.
Distinto es el panorama para las agrupaciones emergentes. Unidos Podemos (UP), que tras los comicios de 2024 se consolidó como la tercera fuerza política a nivel local, ha perdido la misma cantidad de alcaldes que los dos partidos más grandes. Pero con una participación menor, las salidas erosionan con mayor intensidad su peso relativo dentro del mapa municipal. En paralelo, el Liberal Progresista (PLP), que contaba con tres alcaldías, ha cedido una.
En el caso de Unidos Podemos, su buen desempeño en las elecciones municipales de 2024 pudo haber estado vinculado al peso político de su fundadora y principal figura, Natalia Díaz, quien en ese momento se desempeñaba como ministra de la Presidencia del gobierno de Rodrigo Chaves.
En aquel entonces, su nombre circulaba en corrillos políticos como una eventual candidata para dar continuidad al proyecto chavista, lo que habría permitido trasladar parte de la popularidad del mandatario a su agrupación. Sin embargo, ese escenario no se concretó: Díaz renunció a su cargo para participar en las elecciones nacionales como candidata del UP.
Estrategia opositora
En paralelo, los partidos tradicionales empiezan a hacer su propia matemática. En el PUSC, el excandidato Juan Carlos Hidalgo ya abrió conversaciones con otras agrupaciones para evitar la fragmentación del voto en los comicios municipales de 2028, mientras que en el PLN, el exaspirante presidencial, Álvaro Ramos, ve viable impulsar alianzas cantonales si existe una base programática común. La preocupación es compartida: en elecciones municipales, la dispersión puede traducirse en victorias amplias para el oficialismo con porcentajes bajos.
Los verdiblancos ya sufrieron un duro golpe en los comicios municipales de 2024. Sin enfrentar a una agrupación chavista por las alcaldías, el PLN pasó de 43 a 29 gobiernos locales, además perdió el control del cantón central de San José, bastión histórico que mantuvo durante casi tres décadas.
¿Por qué los alcaldes cambian de bandera?
Detrás de este reacomodo hay factores estructurales. El politólogo Sergio Araya explicó que las estructuras partidarias han perdido peso en los últimos años, lo que ha reducido significativamente el costo político de abandonar una agrupación. A esto se suma una menor identificación ciudadana con los partidos, en un contexto donde proliferan vehículos electorales de corta vida —los llamados “partidos taxi”— capaces de competir con éxito.
En ese escenario, el comportamiento de los alcaldes responde, en buena medida, a cálculos de supervivencia política. Muchos de los electos en 2024 tienen la posibilidad de buscar la reelección en 2028, lo que los lleva a priorizar plataformas que maximicen sus probabilidades de éxito. “En muchos cantones prima más la capacidad de movilización del liderazgo local que la marca partidaria”, indicó Araya, lo que facilita que figuras ya posicionadas cambien de bandera sin que eso implique necesariamente una pérdida de apoyo electoral.
Ventaja territorial y recursos del oficialismo
El diseño mismo de las elecciones municipales refuerza esta dinámica. Con niveles de participación históricamente bajos y un sistema de mayoría simple, la clave no está en captar grandes mayorías, sino en movilizar bases fieles y organizadas. En ese contexto, la maquinaria territorial —más que la identidad partidaria— se vuelve determinante para ganar.
A ello se suma un elemento adicional: la creciente articulación entre el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los gobiernos locales. Con una presencia legislativa robusta y mayor capacidad de incidencia política, el oficialismo ofrece a los alcaldes no solo una plataforma electoral competitiva, sino también la posibilidad de canalizar recursos, gestionar proyectos y dar respuesta a demandas locales. Esa conexión institucional se convierte en un incentivo concreto para alinearse con el chavismo.
Araya no descartó que, conforme se acerque el próximo ciclo electoral municipal, más alcaldes sigan el mismo camino, especialmente si sus partidos de origen no les garantizan competitividad.
El proceso también plantea desafíos internos para el propio chavismo. A diferencia de procesos anteriores, donde el movimiento se dispersó en varias agrupaciones, el reto ahora pasa por consolidar una estructura partidaria clara que logre canalizar ese caudal de liderazgos territoriales sin diluir su identidad. El hecho de que el chavismo haya usado al PPSO en los comicios nacionales de 2026, no es garantía que también lo hagan en las próximas muncipales.
¿Nuevo realineamiento político?
Desde la academia, el fenómeno también se interpreta como parte de un cambio más amplio. El investigador Alejandro Molina, del Observatorio de Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, señaló que el país venía experimentando un proceso de debilitamiento de las lealtades partidarias —conocido como desalineamiento electoral—, pero que los resultados recientes podrían estar marcando el inicio de una nueva etapa.
“Lo que estamos viendo podría ser un realineamiento”, afirmó, esta vez en torno a un movimiento político que trasciende al partido como estructura formal. Bajo esa lógica, la migración de alcaldes no solo responde a cálculos individuales, sino también a la consolidación de un proyecto que busca extender su influencia desde el nivel nacional hacia el territorial.
Molina advirtió que este proceso podría profundizarse en los próximos años, en la medida en que converjan intereses: por un lado, alcaldes que buscan maximizar sus opciones de reelección y acceso a recursos; por otro, un oficialismo que necesita construir músculo territorial. Esa coincidencia, señaló, ya ha sido clave en otros contextos regionales donde movimientos políticos han consolidado poder tras controlar el Ejecutivo y el Legislativo.