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Cuando la Asamblea Legislativa retome sus labores el próximo lunes 5 de abril, tras el receso de Semana Santa, tendrá apenas 16 días para avanzar su agenda antes de ceder el paso a la nueva conformación del Congreso, que asumirá funciones el 1.° de mayo.
Se trata de un margen estrecho, que podría ampliarse hasta 19 días si los diputados acuerdan sesionar los tres viernes restantes antes de que concluya el cuatrienio 2022-2026.
El tiempo limitado obliga a las fracciones a afinar sus prioridades, que no solo responden a la viabilidad de los proyectos en trámite, sino también a sus apuestas políticas de cierre. La Nación solicitó a las cinco fracciones de oposición el listado de iniciativas a las que buscan imprimirle mayor ritmo en las semanas finales del periodo.
Sin embargo, las bancadas del Frente Amplio (FA) y el Partido Liberal Progresista (PLP) no remitieron la información, pese a las reiteradas consultas hechas por este medio a sus respectivos encargados de prensa.
En contraste, las fracciones de Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR) sí definieron sus prioridades, las cuales marcan diferencias —y en solo un caso coincide— con la agenda planteada por la presidenta electa, Laura Fernández, durante una reunión con jefes de fracción el pasado 19 de febrero en la Asamblea Legislativa.
Cuando Laura Fernández se reunió con los jefes de fracción, en su calidad de ministra de la Presidencia, cargo al que regresó tras ganar los comicios nacionales de febrero, impulsó una agenda centrada en cuatro créditos internacionales, así como reformas en temas ambientales, de atención en salud y una modificación sobre el tema de expropiaciones.
Tres agendas en el cierre legislativo
Liberación Nacional se enfocará durante la recta final en una agenda de corte social e institucional. Sus prioridades incluyen proyectos relacionados con la economía del cuidado, el fortalecimiento de la educación técnica, la lucha contra la discriminación racial y medidas de apoyo a empresas. A esto se suman iniciativas orientadas al funcionamiento del Estado, como reformas en el ámbito del Poder Judicial y regulaciones vinculadas con la beligerancia política.
Por su parte, la Unidad Social Cristiana apuesta por una agenda más vinculada al desarrollo económico y la generación de oportunidades. Entre sus prioridades figuran proyectos sobre educación dual, acceso a microcréditos, desarrollo en la zona marítimo-terrestre, energía y fortalecimiento institucional.
Dentro de esta lista también aparece la única coincidencia con la agenda del Ejecutivo: el proyecto de la diputada socialcristiana María Marta Carballo, para la formación y contratación de médicos especialistas (incluidos los extranjeros), que forma parte de las prioridades señaladas por la futura administración.
Nueva República, en cambio, enfoca su cierre en proyectos relacionados con seguridad, control y sanción de conductas. Su agenda incluye iniciativas para endurecer penas, regular conductas en carretera, fortalecer mecanismos de control en pensiones alimentarias y limitar el uso de dispositivos electrónicos en ciertos delitos.
Los autores
En el caso del PLN, la lista de prioridades muestra una distribución relativamente amplia entre sus diputados, aunque con algunos nombres que destacan por concentrar más de una iniciativa. Es el caso de Katherine Moreira Brown, quien figura como proponente en proyectos vinculados a temas sociales y económicos, así como de Monserrat Ruiz, con iniciativas relacionadas con cuidados y desarrollo productivo. También resalta Francisco Nicolás, con propuestas en materia de infraestructura y temas financieros.
En el PUSC la concentración de proyectos es más evidente en algunos diputados específicos. Carlos Felipe García aparece como uno de los principales impulsores, con iniciativas tanto en desarrollo territorial como en formación dual, mientras que Daniela Rojas también acumula más de un proyecto en áreas como deporte y microcrédito. Por su parte, María Marta Carballo figura en propuestas vinculadas a desarrollo regional y salud pública, incluyendo una iniciativa que coincide con la agenda del Ejecutivo.
En contraste, la agenda priorizada de Nueva República recae de forma clara en Fabricio Alvarado, quien concentra la mayoría de las iniciativas listadas, especialmente en temas de seguridad y justicia.
Últimas semanas decisivas
El escenario resulta particularmente relevante para agrupaciones como Nueva República y el Partido Liberal Progresista, que no tendrán representación en el próximo Congreso tras los resultados de las elecciones nacionales de febrero.
En estos casos, las semanas restantes representan una ventana clave para intentar avanzar sus iniciativas, ya que, de lo contrario, dependerán de negociaciones con diputados entrantes o nuevas fracciones para darles continuidad en la corriente legislativa.
La diversidad de temas priorizados —que van desde reformas en salud hasta proyectos de inversión pública y desarrollo territorial— evidencia un cierre legislativo sin una agenda común entre las fracciones. En esta etapa, cada bancada impulsa sus propios intereses, en un contexto donde el tiempo disponible obliga a seleccionar con mayor precisión qué proyectos priorizar.
Bajo esa lógica, algunas iniciativas responden a lo que en la dinámica legislativa se conoce como proyectos de cierre o de legado político, impulsados por las fracciones para marcar posición antes del relevo. Otros expedientes, en cambio, forman parte de propuestas que han venido acumulando trámite durante el cuatrienio y buscan una última oportunidad para avanzar.
Más allá del contenido, las prioridades también responden a un criterio práctico: la mayoría de los proyectos seleccionados ya se encuentra en etapas avanzadas del trámite legislativo, ya sea en el plenario o en comisiones con dictamen cercano. Esto incrementa sus posibilidades de avanzar en el limitado tiempo disponible.
Con el reloj en contra y un escenario político en transición, las próximas semanas definirán no solo qué proyectos logran avanzar, sino también cuáles quedarán pendientes para una Asamblea Legislativa con una correlación de fuerzas distinta.
