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Los diputados electos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) moderaron el alcance de la propuesta planteada por la presidenta electa, Laura Fernández, para suspender garantías y libertades individuales en zonas afectadas por el crimen organizado.
Aunque en campaña la iniciativa generó críticas por su potencial impacto en los derechos fundamentales, la mayoría de los futuros legisladores chavistas insiste ahora en que se trataría de una medida excepcional, focalizada, sujeta a controles constitucionales y respaldada en criterios técnicos, así como de inteligencia policial.
Pese a los matices introducidos por el oficialismo, la idea enfrenta un escenario complejo en la Asamblea Legislativa. La Constitución Política exige al menos 38 votos para aprobar la suspensión o restricción de garantías individuales, una cifra que el oficialismo no alcanza por sí solo, al contar con 31 diputados.
Además, las futuras fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN), con 17 legisladores, y del Frente Amplio (FA), con siete, ya adelantaron que no respaldarán la iniciativa.
A esa posición también se sumaron las diputadas electas de las bancadas unipersonales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC): Abril Gordienko y Claudia Dobles, respectivamente.
Oficialismo acusa tergiversación
Un grupo de diputados chavistas defendió la propuesta al asegurar que ha sido malinterpretada en el debate público y que no implica una suspensión generalizada de derechos.
“Se ha malinterpretado lo que dijo Laura Fernández”, afirmó Robert Barrantes, mientras que Wilson Jiménez sostiene que el tema ha sido “tergiversado” y reiteró el respaldo a la presidenta electa.
En esa misma línea, Ariel Mora señaló que la discusión se distorsionó tanto en campaña como fuera de ella y recalcó que la medida ya está contemplada en la Constitución, por lo que no se trata de una figura nueva. “Es para un escenario súper extremo”, insistió.
Fernando Obaldía por su parte, rechazó que la propuesta busque afectar las dinámicas sociales. Insistió en que la iniciativa “no tiene la finalidad de generar crisis, miedo o temor”, sino de intervenir en zonas específicas donde la criminalidad ha superado la capacidad de respuesta ordinaria del Estado.
Mientras, Mayuli Ortega, quien además es la presidenta de PPSO, alegó que el tema ha sido presentado de forma incorrecta en el debate público, al tiempo que insistió en la necesidad de analizarlo con mayor profundidad dentro de la fracción.
Medida excepcional
Otras voces del oficialismo recalcaron que la eventual aplicación de esta herramienta depende de que se presenten escenarios muy alejados de la cotidianeidad.
“Tendría que ser una situación muy extrema”, sostuvo Stephan Brunner, quien fue vicepresidente en el gobierno de Rodrigo Chaves. En su opinión, la medida excepcional tendría que estar destinada a la ejecución de operativos para capturar a cabecillas del crimen organizado en territorios específicos.
En esa misma línea de ideas, Kattia Calvo, subrayó que la figura ya existe en la Constitución Política y que su uso no sería generalizado. “La excepcionalidad no es general, tiene que ser local, muy específica y por periodos determinados”, afirmó.
Más allá del respaldo a la idea, varios diputados chavistas evitaron asumir una posición definitiva y señalaron que el tema debe discutirse a lo interno de la fracción.
“Es otro tema que debemos hablar a nivel de bancada para poder consensuar”, indicó María Isabel Camareno.
Otros, como Juan Manuel Quesada y José Miguel Villalobos, recordaron que la eventual aprobación no depende únicamente del oficialismo, sino de una mayoría calificada en el Congreso. “Siempre y cuando se tengan 38 votos”, apuntó Villalobos.
Mano dura, pero con límites
Algunos futuros diputados defendieron la necesidad de contar con herramientas adicionales para enfrentar la criminalidad, aunque bajo condiciones estrictas.
“Hay que ser muy firmes en contra de la criminalidad y eso nos hace ver que todas las opciones están abiertas”, señaló Gerald Bogantes, quien también recalcó el carácter excepcional de la medida.
Cindy Murillo apeló a ejemplos internacionales y sostuvo que la aplicación de este tipo de mecanismos debe efectuarse bajo criterios muy específicos y en el contexto de la lucha contra el narcotráfico.
“Queremos una Costa Rica libre del narcotráfico y no queremos una Costa Rica como México, un narcogobierno. Hablemos del ejemplo de El Salvador con Bukele. Se tiene que aplicar cuando es urgente y cuando es necesario“, declaró Murillo.
Reynaldo Arias y Gonzalo Ramírez, coincidieron en que la prioridad debe ser combatir estructuras delictivas en zonas específicas, siempre que exista inteligencia policial que respalde las acciones.
Promesa de campaña bajo la lupa
Laura Fernández propuso en su plan de gobierno tramitar ante el Congreso la suspensión temporal y delimitada de garantías individuales en zonas de alta incidencia delictiva, con el objetivo de facilitar la captura de sicarios y narcotraficantes.
En ese documento, argumentó que la medida se aplicaría únicamente en casos de conmoción interna o grave perturbación del orden público, con plazos definidos y sin afectar derechos inderogables.
No obstante, la iniciativa generó preocupación en diversos sectores por los eventuales abusos que podrían presentarse si se llega a declarar la medida de excepcionalidad.
Por ejemplo, El Salvador cumplió, el pasado 27 de marzo, su cuarto año consecutivo bajo un régimen de excepción. La medida fue ordenada por el presidente Nayib Bukele como parte de la estrategia de seguridad de su gobierno para enfrentar a las pandillas.
Las acciones emprendidas por el mandatario salvadoreño para disminuir las tasas de homicidios y criminalidad han sido alabadas por la administración actual de Rodrigo Chaves y mencionadas como un referente a seguir para Costa Rica, pese a los cuestionamientos de distintos organismos internacionales y de la sociedad civil salvadoreña por violaciones a los derechos humanos durante el estado de excepción y su continuidad.
