La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy, presentó un incidente de nulidad contra el proceso que le abrió el Tribunal de Ética de esa agrupación política.
El Tribunal inició un proceso contra cinco diputados, incluida Ajoy, por haber evitado que, al presidente de la República, Rodrigo Chaves, se le levantara la inmunidad para enfrentar dos procesos, uno judicial y otro administrativo, el año pasado.
Según Ajoy, se encuentra fuera del país en “funciones oficiales” ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). Aseguró que este 25 de marzo fue informada sobre la presencia de un mensajero de Correos de Costa Rica en su domicilio habitacional, portando un envío remitido por el PUSC.
Sin embargo, adujo que no autorizó su notificación, pues se encuentra en el extranjero.
“He presentado un incidente de nulidad ante el Partido Unidad, señalando que las notificaciones deben cumplir estrictamente con las formalidades de ley. Mi solicitud es firme sobre el respeto a mi derecho de defensa; lo ejerceré con transparencia al ser notificada de manera efectiva y personal conforme a derecho”, dice un comunicado publicado por Ajoy en sus redes sociales.
Agregó que no busca evadir el proceso, sino exigir que se le cumplan todas las garantías procesales.
Los otros diputados a los que se les inició el proceso son Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo, quienes aún son parte de la fracción parlamentaria de la Unidad, así como Leslye Bojorges, el cual se declaró independiente a finales de enero, al anunciar su apoyo al chavismo y su entonces candidata, Laura Fernández.
En setiembre del año pasado, los cinco congresistas votaron en contra del desafuero de Chaves para afrontar un proceso judicial por el presunto delito de concusión por el Caso BCIE-Cariñitos, en el que la Fiscalía General lo acusó de presionar al contratista Christian Bulgarelli para que le entregara $32.000 a Federico Cruz, Choreco, quien era asesor presidencial en el primer año de gobierno.
El pago era, supuestamente, una condición para recibir un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
En diciembre, los cinco socialcristianos salvaron nuevamente a Chaves del desafuero, frente al proceso por beligerancia política que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra el mandatario, por declaraciones que presuntamente atentaron contra la imparcialidad política a la que está obligado el mandatario, por norma constitucional.
Así actuaron los socialcristianos, pese a que el candidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, pidió a su fracción votar a favor de levantar el fuero de Chaves. Posteriormente, anunció que marginaría de su campaña a quienes apoyaron al mandatario.