“Mi posición es que esta petición tiene serios vicios de constitucionalidad y así lo señalo”. Con esas palabras se pronunció Fernando Cruz, magistrado de la Sala IV, sobre la propuesta del gobierno de Laura Fernández de recortar el presupuesto del Poder Judicial en ¢27.000 millones para 2026 y ¢26.549 millones para 2027.
Cruz emitió este criterio pese a tener conocimiento de que el tema podría eventualmente llegar a estudio del tribunal constitucional.
Una manifestación de esta naturaleza podría interpretarse como un adelanto de criterio y obligar al magistrado a apartarse de un eventual análisis del caso, lo que impactaría la integración del tribunal.
“En este caso, me pronuncio de esa manera porque es el primer deber que yo tengo, no lo que me puedan consultar cuando esté integrando la Sala, que no tiene suplentes”, agregó durante la sesión de Corte Plena del 29 de junio. Ese día, los magistrados aprobaron una disminución de ¢13.242 millones para lo que resta del 2026, pero rechazaron aplicar un ajuste similar al presupuesto del 2027.
Sala Constitucional quedaría sin integración para resolver
Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, las sentencias y los autos —incluidas las respuestas a consultas legislativas— deben ser adoptados por el pleno completo de la Sala IV, es decir, con la participación de siete magistrados.
No obstante, una eventual inhibición o recusación dejaría a ese órgano con solo seis magistrados propietarios. La vacante no podría ser cubierta ya que la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) mantiene bloqueada en el Congreso la elección de los magistrados suplentes de ese tribunal.
Bajo ese escenario, la Sala se quedaría sin capacidad para pronunciarse sobre eventuales vicios de inconstitucionalidad. No obstante, el trámite del presupuesto extraordinario para aplicar el recorte continuaría su curso en la Asamblea Legislativa, aun sin el criterio del tribunal.
La imposibilidad de suplir ausencias ya afecta el funcionamiento del órgano. Actualmente, 87 expedientes no han podido resolverse debido a inhibiciones de magistrados propietarios por conflictos de interés, vínculos previos con los casos u otros impedimentos.
La Nación remitió consultas al magistrado Cruz, por medio de la oficina de prensa de la Sala Constitucional. Sin embargo, al cierre de esta información no se obtuvo respuesta.
Extraordinario seguiría su curso
¿Frenaría el trámite legislativo la imposibilidad de la Sala de responder una consulta planteada por los diputados? A criterio del director del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, Fernando Campos, la respuesta es negativa.
El funcionario explicó que el párrafo segundo del artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que, cuando la Asamblea Legislativa tenga un plazo constitucional o reglamentario para votar un proyecto, este se someterá a votación aunque no se haya recibido el criterio de la Sala.
Añadió que ese plazo está definido en el inciso 5 del artículo 206 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual dispone que, a más tardar un mes después de iniciada la discusión de un presupuesto extraordinario en el plenario, el proyecto debe ser aprobado.
Otros magistrados se pronunciaron sobre recorte judicial
A diferencia de Cruz, la magistrada constitucional Anamari Garro optó por abstenerse de pronunciarse sobre la propuesta del Ejecutivo. Señaló que el Ministerio de Hacienda podría acoger o no el monto de recorte definido por la Corte, o mantener su planteamiento original en el presupuesto extraordinario que envíe al Congreso.
“Perfectamente puede haber una consulta de constitucionalidad en la que se aduzca una violación a la independencia judicial, y eso solo lo puede conocer la Corte (la Sala). Por lo tanto, a mí me parece que no me puedo pronunciar sobre esto y, por eso, pido la abstención”, argumentó.
Por su parte, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, también se refirió a la propuesta, aunque evitó pronunciarse sobre aspectos de constitucionalidad al señalar que “son temas que corresponderá resolverlos en la Sala”. No obstante, anunció su voto a favor de la reducción por ¢13.242 millones.
Falta de suplentes mantiene a la Sala Constitucional en riesgo
La Sala Constitucional opera actualmente sin ninguno de los 12 magistrados suplentes que, por ley, deben estar disponibles para sustituir a los titulares.
Dicho faltante, que se arrastra desde el 16 de diciembre del 2025, expone al tribunal a que cualquier imprevisto —como enfermedad o incapacidad de uno de sus integrantes— comprometa su funcionamiento y la ponga en riesgo de caer en un cierre técnico.
Desde que el gobierno de Laura Fernández tomó posesión, el pasado 8 de mayo, los nombramientos no han avanzado debido a la negativa de la fracción oficialista del PPSO a respaldar alguno de los 18 candidatos propuestos por el Poder Judicial.
En total, se han realizado 11 rondas de votación sin que se elija un solo suplente. Así ocurrió tanto con la fracción de gobierno del periodo anterior, liderada por Pilar Cisneros, como la actual, que dirige Nogui Acosta.
En el caso de la bancada de PPSO, esta ha votado en blanco y promovió, el pasado 10 de junio, una moción para devolver la nómina de candidatos a la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, el 15 de junio, la Corte Plena decidió remitir nuevamente la lista original a la Asamblea Legislativa, al concluir que no existe una justificación objetiva que sustente su rechazo.
Sin expectativa de una solución
El jefe oficialista, Nogui Acosta, ha alegado que no conocen a los candidatos y que el proceso debe reiniciarse desde cero, pese a que fracciones de oposición han planteado retomar la fase de entrevistas, para que los legisladores de gobierno se familiaricen con los profesionales que fueron propuestos.
Tras la decisión de la Corte, Pueblo Soberano reiteró su negativa a permitir el avance del proceso y su intención de que la nómina regrese al Poder Judicial.
En una entrevista con La Nación, el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, ya había advertido sobre la necesidad de contar con criterios objetivos para rechazar la nómina y justificar la apertura de un nuevo concurso.
“Ellos (diputados del PPSO) tienen que dar una justificación objetiva. No tiene sentido hacer un nuevo concurso donde probablemente se presenten menos personas y menos calificadas, para que dentro de un año nos vuelvan a decir lo mismo”, afirmó.