El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, advirtió que no tendría sentido abrir un nuevo concurso para elegir magistrados suplentes si la Asamblea Legislativa no justifica de manera objetiva su rechazo a la nómina actual de candidatos.
En entrevista con La Nación, el magistrado señaló que cualquier decisión del Congreso de pedir una nueva lista debe estar respaldada por criterios claros, más allá de la falta de acuerdo político.
“Ellos (los diputados) tienen que dar una justificación objetiva. Tienen que darnos criterios, porque no tiene sentido hacer un nuevo concurso donde probablemente se van a presentar menos personas y probablemente menos calificadas, para que dentro de un año nos vuelvan a decir lo mismo”, afirmó.
Castillo explicó que, ante un eventual rechazo de la lista, la Corte Suprema de Justicia analizaría primero las razones expuestas por los diputados antes de decidir el camino a seguir.
“La Corte podría, en ese caso, si no hay una justificación objetiva, criterios razonables, devolver nuevamente la lista al Parlamento. Otra posibilidad es que la Corte decida remitir la lista a la Sala, para que la Sala analice”, indicó.
Sin garantía de no volver al mismo punto muerto
El magistrado subrayó que el principal problema en este momento es la ausencia de parámetros concretos por parte del Congreso para sustentar su posición.
“El problema que tenemos aquí es que como no hay criterios de naturaleza objetiva, por ejemplo, no se nos dice ‘mire, es que no hay paridad de género, es que hay escasez de expertos en derecho procesal’. No, tiene que haber criterios”, enfatizó.
La alternativa de iniciar un nuevo concurso, advirtió, implicaría un proceso largo y complejo que podría extenderse hasta por un año.
“El concurso más o menos dura nueve meses. Se hace una publicación, se reciben los atestados, se analizan, se hacen estudios pormenorizados de cada persona, en lo profesional, en cuanto a sus atestados académicos, en relación con su vida personal, porque nosotros lo que le mandamos al Parlamento es una lista bien filtrada”, detalló.
A esa etapa se suma el proceso de entrevistas por parte de la Sala Constitucional, su validación en Corte Plena y el trámite legislativo en la Asamblea, que incluye el paso por la Comisión de Nombramientos.
“En síntesis, estamos hablando de un periodo de un año, pero no tiene sentido hacer ese trabajo, gastar recursos públicos del Estado, que son muy valiosos, para que al final de cuentas en un año estemos en la misma situación”, advirtió.
Oficialismo pide nuevo concurso
Las declaraciones de Castillo se dan en medio de un bloqueo en el Congreso para designar a nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
Tras nueve votaciones fallidas, el jefe de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, planteó como salida solicitar al Poder Judicial el envío de una nueva lista de candidatos, ante la falta de acuerdo entre los diputados.
El legislador fue enfático en que su bancada no respalda a ninguno de los 18 postulantes actuales.
“Dentro de esa lista no hay nadie que nosotros consideremos que puede ser elegido. Al único que conozco es a Fernando Lara, porque fuimos compañeros en esta Asamblea Legislativa en 1994, cuando él era asesor del diputado José Antonio Lobo. A todos los demás no los conozco, y tengo 30 compañeros que tampoco los conocen”, afirmó.
Pueblo Soberano ha votado en blanco en las últimas tres rondas, lo que ha impedido alcanzar los consensos necesarios.
Oposición solicita acuerdo para oxigenar a Sala
Esa ruta, sin embargo, genera resistencia en las cuatro fracciones de oposición, que buscan evitar un nuevo concurso por el tiempo que implicaría. En su lugar, promueven alcanzar un acuerdo para elegir al menos a cuatro magistrados suplentes o, en su defecto, devolver el proceso a la Comisión de Nombramientos para que los diputados oficialistas se familiaricen con los candidatos.
El objetivo, sostienen, es reducir el riesgo que enfrenta actualmente la Sala Constitucional, que opera desde el 16 de diciembre sin magistrados suplentes, luego de que venciera el nombramiento de sus 12 integrantes.
Esta situación mantiene al tribunal en una condición vulnerable, ya que cualquier ausencia de uno de sus siete magistrados propietarios —por enfermedad u otra circunstancia— podría impedir su funcionamiento.
Según la Ley de la Jurisdicción Constitucional, tanto las sentencias como los autos y las respuestas a consultas legislativas deben ser adoptadas por el pleno completo, es decir, con la participación de los siete magistrados.