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La Contraloría General de la República (CGR) desmintió este lunes la versión del Poder Ejecutivo que busca achacarle la responsabilidad de no haber aprobado el presupuesto extraordinario de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el cual contiene ¢2.700 millones para pagar las licencias de cuido de enfermos en etapa terminal y menores gravemente enfermos.
En un comunicado de la CGR se aclaró que dicho presupuesto extraordinario de la CCSS recién ingresó a la Contraloría el jueves 6 de noviembre, y no desde varios días antes, como afirmó la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, en una conferencia el viernes.
De hecho, el presupuesto interno de la Caja donde solicitó la autorización para pagar los subsidios a los cuidadores de enfermos terminales fue recién aprobado en sesión de la Junta Directiva el martes 4, por la tarde, según lo comunicó la oficina de prensa en un correo remitido ese día, a las 6:12 p. m.
"Esto es importante para desmentir versiones de que hace mucho tiempo estamos sin resolver“, dice el comunicado de prensa de la Contraloría de este lunes.
Además, el ente contralor explicó que el presupuesto extraordinario de la CCSS no solo pide autorización para ejecutar los recursos de los subsidios, sino también ¢36.161 millones para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), destinados al pago de pensiones y sostenimiento de obligaciones actuariales, así como ¢11.554 millones para el Régimen No Contributivo de Pensiones, para garantizar el pago de pensiones de los costarricenses más pobres y sus respectivos aguinaldos.
Ello implica que la Contraloría no solo debe revisar la partida aprobada originalmente por los diputados, en octubre, para financiar las licencias de cuido, sino también las otras partidas solicitadas por la Caja, que son 17 veces mayores que los subsidios.
La CGR también aclaró que no es la contralora general, Marta Acosta, quien se encuentra en análisis del presupuesto extraordinario de la CCSS, pues no es a ella a quien corresponde, sino la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE) de la Contraloría.
El viernes, en una carta dirigida a Acosta, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), solicitó revisar si es posible la aprobación de las partidas, por la situación que están atravesando las familias de enfermos en etapa terminal y menores graves, que no tienen subsidio estatal desde agosto, cuando el programa de licencias empezó a quedarse sin recursos.
“La CGR, absolutamente comprometida con la diligencia que requiere esta gestión, está analizando a la brevedad este presupuesto extraordinario de la CCSS y, en cuanto resolvamos, informaremos con la urgencia que requiere. Las personas beneficiarias del subsidio del programa de fase terminal pueden tener la certeza de que la CGR está comprometida con la agilidad del análisis para su atención expedita", explicó la Contraloría en su comunicado.
Responsabilidad es de la CCSS, no de la Contraloría
Adicionalmente, la Contraloría advirtió de que la responsabilidad de haber remitido la gestión conforme a derecho y en cumplimiento de las reglas presupuestarias es de la Caja, y no de la CGR.
“La intención de culpabilizar a la CGR por lo que pueda ocurrir está fuera de lugar, además de lo tardío de la gestión y de las claras responsabilidades que recaen sobre el gestionante, de cumplir con el bloque de legalidad aplicable”, puntualizó la comunicación del ente contralor.
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El problema se debe al agotamiento del programa de subsidios a los cuidadores, que para este año contaba con ¢3.952 millones provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que se terminaron de gastar en setiembre.
En octubre, los diputados de la Comisión de Hacendarios inyectaron ¢2.700 millones para esas licencias de cuido, tomados de la partida de intereses del Presupuesto Nacional y se comprometieron a enmendar una barrera legal que impide usar más recursos de los previstos por la norma vigente.
El proyecto para reformar la ley y autorizar el desembolso fue aprobado en la Asamblea, en primer debate, pero está bloqueado por el presidente Rodrigo Chaves, que lo dejó fuera de la agenda legislativa en las actuales sesiones extraordinarias.
Aunque la CCSS aprobó el gasto y pidió autorización a la Contraloría para ejecutarlo, hay otra barrera para que la CGR le autorice el gasto, y es que la Caja incumplió con la entrega de información sobre sus estados financieros que, por obligación legal, le debe enviar a la Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
De hecho, la CGR informó al diputado Acuña que la Caja solo podría cumplir con la entrega de esa información hasta el 19 de diciembre. Mientras tanto, hay cerca de 600 familias afectadas por la falta de dinero para pagar las licencias de cuido.
