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Varios candidatos presidenciales y voceros de las fracciones políticas de la Asamblea Legislativa celebraron la medida cautelar impuesta por la Sala Constitucional que suspende el proceso de subasta de las frecuencias de radio y televisión.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Ana Virginia Calzada, del Centro Democrático y Social (CDS); Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (UCD), José Aguilar Berrocal, de Avanza, y Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), manifestaron su apoyo a la suspensión dispuesta por el magistrado constitucional Paul Rueda.
En ese sentido también se manifestaron Walter Hernández, de Justicia Social Costarricense; Fernando Zamora, de Nueva Generación (PNG); Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional (PEN); David Hernández, de la Clase Trabajadora (PT); Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); y Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN).
También manifestó su posición el jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo.
Algunos de ellos afirmaron que, si ganan las elecciones, frenarían este proceso y tomarían medidas más lógicas para actualizar los costos por aprovechamiento de las frecuencias.
¿Qué dijeron los candidatos?
“Este proceso no solo es técnico, tiene que considerarse la libertad de expresión, la libertad religiosa, la pluralidad de medios y hasta el legado de varios de esos medios. Hay que entender que muchas de esas emisoras son pequeñas empresas”, dijo Claudia Dobles.
Ella añadió que se deben revisar y actualizar los pagos que hacen las compañías por la concesión de las frecuencias, pero también se debe tomar en cuenta que hay muchas categorías de medios y lo que significa para la libertad de expresión.
Ana Virginia Calzada, del CDS, destacó que la decisión de la Sala Constitucional consideró que los resultados del amparo podrían ser positivos frente a un proceso que anularía el derecho tutelado de la libertad de expresión.
“En el futuro, cuando llegue al gobierno, lo primero que haré es derogar este concurso y sentarme con los medios de comunicación para definir medidas lógicas, razonables y hechas sobre bases correctas para calcular el monto que las empresas deben pagar”, dijo la candidata presidencial.
En el caso de José Aguilar Berrocal, dijo que la decisión de los magistrados constitucionales es afortunada y aseguró que muestra que la democracia funciona en medio de la separación de poderes.
“Es importante hacer este proceso de manera reposada, calibrando las tarifas, los cánones, que se valoren las inversiones que las pequeñas y medianas empresas han hecho. Adicionalmente, se debe adecuar el canon y los costos al mundo actual, considerando la existencia y el impacto de las redes sociales”, dijo Aguilar.
Boris Molina, del PUCD, celebró la suspensión de la subasta y destacó que es una buena señal del tribunal constitucional y del Estado social de derecho.
“Que esto no sirva para generar más discordia, que ese discurso de odio se acabe y ojalá entendamos que es necesario consensuar y no tomar decisiones que atropellen los derechos de los más vulnerables, como los usuarios de los medios regionales y locales”, dijo Molina.
En medio de la marcha por la educación de los sindicatos magisteriales, Ariel Robles declaró a La Nación que celebra el freno del proceso de subasta que pretende cerrar los pequeños medios de comunicación, locales, rurales, regionales.
“Todavía hay una institucionalidad que aguanta. La libertad de opinión que tienen los medios locales y regionales no puede cercenarse por intereses políticos ni económicos de un gobierno de turno”, comentó Robles.
Walter Hernández indicó que está de acuerdo con la decisión de la Sala Constitucional, y en un eventual gobierno suyo anularía el proceso actual, debido a que los medios de comunicación ya pagan impuesto sobre la renta y cobrarles por el uso de las frecuencias implicaría “un impuesto extra demasiado alto”.
Fernando Zamora sostuvo que ese tipo de subasta “no puede ir” y que debe replantearse por un modelo más justo, en el que las empresas pequeñas de comunicación no queden sometidas “a las barbaridades que les han pedido”. El candidato dijo que en su gobierno lo reorganizarían, para proteger a las empresas de comunicación medianas y pequeñas.
Por su parte, Claudio Alpízar afirmó sentirse satisfecho con la decisión de la Sala Constitucional y cuestionó al Ejecutivo, al que, según dijo, “le ha faltado tacto para entender lo que significan los medios de comunicación para la democracia y la libertad de expresión”. Añadió que un eventual gobierno del PEN revisaría los cánones para buscar “una justicia de pago” que permita acceso a todos los medios.
Para David Hernández, la medida cautelar demuestra “lo nefasto del proceso” iniciado por el gobierno, el cual, provocó la exclusión de medios pequeños. En una posible administración suya, afirmó que el enfoque no estaría en “quién da más plata”, sino en cómo democratizar el uso del espectro para que haya más medios.
Ronny Castillo calificó la subasta como un abuso y sostuvo que mantener las frecuencias abiertas “a la mayor cantidad de interesados” es la forma democrática de proceder. Agregó que, en un eventual gobierno suyo, revisaría las tarifas, aunque recordó que existen derechos adquiridos de los concesionarios para renovar las frecuencias.
Douglas Caamaño también respaldó la decisión de la Sala, al señalar que su partido fue el primero en pronunciarse sobre el tema. Dijo esperar a que la medida se mantenga hasta el 1.º de mayo para que su futura administración pueda “darle a la sociedad y a los medios lo que se merecen”.
“No vamos a utilizar las frecuencias como un instrumento ni como un arma contra la libertad de expresión, que es lo que está haciendo el gobierno de Rodrigo Chaves en este momento”, afirmó.
Por otro lado, Álvaro Ramos indicó que respalda la decisión de la Sala porque la subasta fue inapropiada y mal diseñada, “pensada para callar voces que opinan diferente al presidente”. Señaló que no es justa y que la resolución de la Sala es apenas “el primer paso”, pues, a su criterio, debe frenarse por completo.
En un eventual gobierno suyo, el verdiblanco dijo que se compromete a firmar los decretos y aprobar las leyes necesarias para blindar los espacios de libre expresión.
Otros pronunciamientos
El jefe de la fracción liberacionista, Óscar Izquierdo, dijo que la decisión de la Sala IV fue un paso absolutamente necesario para proteger el interés público en materia de frecuencias de radiodifusión.
El diputado destacó que el magistrado Paul Rueda advirtió de que hay un grave riesgo de que se disminuyan drásticamente los servicios de radio y televisión.
“Es un mensaje clarísimo, de que la gestión del espectro radioeléctrico no puede hacerse a espaldas del país, ni poniendo en peligro el derecho constitucional a la información y a la libertad de expresión. Exigimos que cualquier proceso futuro garantice diversidad, transparencia y protección efectiva de los medios de comunicación como eje de la democracia”, dijo Izquierdo.
